Causa represión ilegal: piden que el nuevo juez sea designado por La Cámara de Apelaciones de Rosario

El Procurador Fiscal Federal ad hoc de Santa Fe, Eduardo Grioglio, firmó el oficio / nota Nº 48 en donde le solicita al Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, Claudio Palacín, que impulse acciones tendientes para que los responsables del buen funcionamiento de los Tribunales de esa jurisdicción arbitren los medios necesarios "para proveer un magistrado a los referidos autos", en relación al expediente 311 del año 2002, también conocida como "causa Brusa".

El planteo se fundamenta en el fallo de la Cámara de Casación que confirmó el apartamiento del juez natural de la causa, el pasado martes. Grioglio apoya su pedido en los "infinitos sorteos efectuados a lo largo del expediente, que no hacen más que poner en duda la eficacia del sistema judicial, máxime si se tiene en cuenta la trascendencia institucional de este tipo de causas".

También el Fiscal General Claudio Palacín le solicitó a la Presidenta de la Cámara de Apelaciones de Rosario, Elida Isabel Vidal, que "para brindar una rápida, pronta y eficaz prestación del servicio de justicia solicito que por intermedio del Tribunal de Apelación se disponga la designación de un juez de la jurisdicción de la Cámara", adhiriendo a lo expresado en su escrito por el doctor Grioglio.

Palacín, que se reunió con Grioglio en la capital provincial, sugiere que si "la solución del problema escapa a las atribuciones de la Cámara sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el Consejo de la magistratura provean un nuevo juez".

SIN JUEZ

La Cámara de Casación de la Nación decidió el martes pasado apartar al Juez Reinaldo Rodríguez de la denominada “Causa Brusa” y decidió trasladar el expediente a su par del Juzgado Nº 2, que ya se había excusado por haber tenido una relación de amistad con uno de los imputados. Ahora quedan dos caminos: el sorteo de un conjuez entre los abogados matriculados inscriptos en la Justicia Federal o bien que el nuevo magistrado sea designado por la Cámara de Apelaciones de Rosario.

El órgano de alzada había hecho lugar el año pasado al requerimiento de la defensa de uno de los imputados que pidió la recusación del juez Rodríguez a partir de “un error técnico”. Fue cuando el juez procesó por los delitos de asociación ilícita a los acusados sin haberle notificado antes los cargos en las indagatorias. La Cámara de Apelaciones de Rosario hizo lugar y fue allí donde intervino el Fiscal General de Rosario, Claudio Palacín que interpuso un recurso extraordinario. Rodríguez fue apartado entonces del expediente pero retomó la investigación el 14 de junio del año pasado, hasta tanto la Cámara de Casación defina lo contrario, instancia que resolvió ayer.

Como se recordará, el año pasado, ante una situación similar, fueron sorteados tres conjueces, uno de los cuales –que había aceptado hacerse cargo de la investigación– tenía como antecedente haber firmado, a mediados de la década del ochenta, una solicitada de apoyo al ex dictador Jorge Rafael Videla, entonces condenado por violación a los Derechos Humanos.

Carlos Lassaga Iturraspe aceptó –entonces- el cargo después de que la Cámara Federal de Rosario apartara al juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez por presunto prejuzgamiento y que dos subrogantes legales: el juez federal Nº 2, Francisco Miño y el primer conjuez sorteado, Ricardo Prono, se excusaran de intervenir. La situación obligó a los querellantes y al fiscal ad hoc (Eduardo Grioglio) a cuestionar la decisión de Lassaga Iturraspe, quien luego abandonó el expediente por las innumerables críticas recibidas.

En tanto, al menos tres querellantes en este proceso, solicitarán en las próximas horas, a través de un escrito, la apertura de un juicio político a los integrantes de la Cámara de Casación de la Nación por entender que entorpecen los procesos judiciales vinculados a violaciones a los Drechos Humanos en la última dictadura.

El último martes, el periódico Página/12 daba cuenta que “víctimas de la dictadura presentaron una denuncia en el Consejo de la Magistratura y pidieron el juicio político de cuatro miembros de la Cámara de Casación. Los acusan de favorecer a los imputados en las causas por crímenes de lesa humanidad paralizando las investigaciones. El Consejo ahora deberá iniciar el trámite”.

El mismo periódico porteño agregó que “(los denunciantes) reclamaron la destitución de los camaristas Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Alfredo Bisordi. ‘Hay sólidos fundamentos para eso’, dijo la diputada K Diana Conti, presidenta de la Comisión de Acusación, que ya iniciará el trámite que podría derivar en un juicio político.

ACCIONES DE LOS QUERELLANTES

El próximo martes en el cine auditorio de ATE, en la capital provincial, tres querellantes de la causa 311 evaluarán y darán forma al escrito que presentarán ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. José Schulmann, Jorge Pedraza y Patricia Isasa encabezarán el pedido y convocaron a todas las víctimas a participar del encuentro. Al respecto, Pedraza dijo a Notife que "vamos a pedirle al Consejo que evalúe el comportamiento que han tenido los integrantes de la Sala II de la Cámara de Casación y de los miembros de la Cámara de Apelaciones de Rosario en este proceso". (Ver nota de opinión relacionada)