CHACO: EMPIEZA EL JUICIO ORAL CONTRA CASTELLS

“No tengo ninguna confianza en este proceso, porque la justicia está atada al poder político, y en el Chaco, que es la capital del feudalismo, mucho más”, dijo el dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, al arribar a la provincia.

Castells sostuvo que su enjuiciamiento “es fruto de un acuerdo entre el gobierno de Kirchner y la Alianza chaqueña, para callarme y buscar destruirme”, y adelantó que habrá una movilización de su movimiento, frente al tribunal que definirá su suerte.

El MIJD ocupó el 16 de julio de 2004 el Casino Gala, de Resistencia. Castells y decenas de piqueteros ingresaron pacíficamente a la sala de juego principal, cerca del mediodía, y comunicaron su intención de que la empresa contribuyera al sostenimiento de comedores para indigentes.

El casino entregó 11.000 pesos en efectivo, y se comprometió a aportar otros 3.000 pesos por mes. El MIJD acreditó la utilización de los fondos recibidos con facturas de las compras de mercaderías.

Tras el episodio, el casino dijo que no se sintió presionado por Castells, pero la situación generó malestar en el gobierno del radical Roy Nikisch.

La empresa nunca presentó una denuncia penal contra el líder piquetero. Poco después, apareció una actuación de oficio de una fiscal requiriendo la detención de Castells por presunta extorsión, aunque días antes la misma funcionaria había declarado a la prensa que no veía motivos para intervenir, ya que la ocupación del salón de juegos había sido sin violencia.

Castells fue detenido el 25 de agosto de 2004 y liberado dos meses después, al cabo de una huelga de hambre de 38 días. Además de Castells, serán enjuiciados ocho piqueteros que formaron parte de la movida en el casino.

La audiencia comenzará a las ocho de la mañana, y ya se sabe que la policía montará un amplio dispositivo de seguridad en torno al tribunal. La calle del juzgado —ubicada en pleno centro— será vallada y a esos cien metros sólo podrán acceder vecinos de la cuadra, empleados y funcionarios judiciales y periodistas acreditados con un día de antelación.