CHACO: REGULAN EL DERECHO DE ADMISIÓN

En la capital chaqueña aumentaron las denuncias por discriminación, en espacial contra jóvenes a quienes —supuestamente— no los dejaron entrar a boliches bailables por no vestir ropa de marca y ser obesos o de rasgos aborígenes. Para modificar esta situación, un concejal de Resistencia propuso reglamentar el llamado “derecho de admisión”, aplicado por los comerciantes para decidir quién tiene derecho a entrar a su negocio y quién debe pegar la vuelta y volver a su casa.

La norma será aplicable a todos los negocios, pero tendrá especial significación para los chicos que quieren entrar a confiterías y boliches bailables pero son discriminados en una ciudad donde viven 35.000 personas de las etnias toba, wichí y mocoví.

El cartelito con la frase “La casa se reserva el derecho de admisión” tendrá límites, si lo aprueba el Concejo Deliberante local. El derecho de admisión será optativo y todos los comercios deberán informar si trabajarán con acceso irrestricto o limitado.

Para los negocios que mantengan el “derecho de admisión” deberán comunicar su decisión a la Municipalidad y detallar cuáles son los requisitos para las personas que deseen ingresar a su negocio. También estarán obligados a informarlo en la publicidad que realicen y en carteles visibles, se trate de discotecas, cines, bares, restaurantes, pubs, salas de espectáculos o cualquier otro sitio de acceso al público.

“Cada vez es más frecuente que en lugares de acceso al público, como locales de diversión, discotecas, etcétera, prohíban discriminatoriamente la entrada a personas que pretenden ingresar, basándose en criterios relacionados con la indumentaria y el aspecto físico y, en muchos casos, por su condición social”, explicó el concejal Raúl Acosta.

También exigió pautas claras para que la admisión se defina mediante criterios razonables que no lesionen garantías y derechos constitucionales, ni vayan contra lo que dispone la ley nacional contra la discriminación.

En su proyecto, Acosta recordó que existe discriminación cuando a una persona se le impide gozar de sus derechos y garantías “en razón del sexo, raza, creencias religiosas y políticas, nacionalidad, situación social, elección sexual, edad y discapacidades”.

Las penas para los infractores van desde multas de entre 500 y 2.000 pesos a la clausura total. Las víctimas de discriminación podrán denunciar cuando les impidan entrar a un local, pese a cumplir los requisitos exigidos.