CHICOS DE LA CALLE: OTRA VEZ LA JUSTICIA ALERTA SOBRE EL ESCASO ACCIONAR DEL PODER EJECUTIVO
Una vez más, el Poder Judicial apuntó los dardos contra las estructuras administrativas del Gobierno, en este caso de Jorge Obeid. Hace quince días, y en plena euforia mundialista, los camaristas integrantes de todas las salas penales de Santa Fe, firmaron una acordada con términos muy duros a las estructuras de gestión pública, encargadas de la atención a los menores en situación de calle.
La nota de los camaristas, a la que atuvo acceso Notife, dice: “Certifico que en el Acuerdo de Cámara celebrado el pasado quince de junio del año dos mil seis, se ha resuelto lo siguiente: 1) SRAS. JUEZAS DE MENORES NROS. 1 Y 2 sobre : a) SITUACIÓN “CHICOS DE LA CALLE” (Expte. Nro. 26/05, en Secretaría)- y Notas presentadas por la Sra. Juez de Menores nro. 2, sobre serios problemas advertidos en Inspecciones realizadas al Centro de Admisión y Prevención de esta ciudad y a Grupo de Asuntos Juveniles y Pabellón Juvenil de la Unidad II- Las Flores (Expte. Nro. 01/06) – b) Remiten expediente caratulado “Instituto de Detención (U.2) s/Actuaciones” : Luego de un intercambio de opiniones , el Cuerpo, Resuelve: Dirigirse a la Excma. Corte Suprema de Justicia y por su digno intermedio al Poder Ejecutivo de la Provincia, haciendo saber la honda preocupación de la Cámara por lo que parece insuficiente atención del Estado Provincial a la situación relacionada con los menores. Toda la problemática relacionada con la minoridad requiere un tratamiento especializado y que no admite dilaciones en el tiempo; sin embargo, no es evidencia que ello se satisfaga. Cabe en tal sentido señalar la prácticamente inexistente estructura policial o administrativa de agentes con conocimientos y preparación idónea para tratar temas de menores, y las deficientes condiciones que presentan los escasos lugares para alojamiento de ellos en los casos en que es necesario. Añade preocupación a esto el que, hasta el momento, no se sepa que desde el Poder Ejecutivo Provincial se hayan instrumentado las disposiciones de la ley 26.061 en forma adecuada para el cumplimiento de sus fines. No puede por último ignorarse que agregan lo suyo a ese panorama las inadecuadas condiciones en que se desempeñan los Juzgados de menores en relación especialmente a la disposición de equipos de asesoramiento y tratamiento técnico. El problema de la minoridad se agrava día a día, y así lo percibe la sociedad, no obstante lo cual no parece encontrarse una política de Estado que lo asuma decididamente, pese a las consecuencias que el incumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre los derechos del niño puede acarrear incluso a nivel internacional. Por ello es que resulta necesario, como aquí se hace, denunciar la situación e instar a su decidida y urgente solución.”. Firman la resolución el Dr. Julio de Olazábal (en su carácter de presidente del cuerpo) y los camaristas Rucci, Villar, Echauri, Bassó, Creus, Rondina, Suarez, Estrada, Amadío y Reyes y la secretaria de la Presidencia Patricia Lombardo de Roca.
LA PRIMERA ALERTA
La problemática de los menores en situación de calle ya había estallado a fines del año pasado cuando la dos juezas de menores de primera instancia de la ciudad le habían enviado un informe detallado al entonces presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Julio César Rondina. Las doctoras Ana María Elvira y Susana Giordano de Billich. La nota de entonces, encabezada como: “Ref: Niños de 0 a 18 años en situación de calle. Problemática y Servicios del Estado que los aborda, sin resolver la situación”. La misiva se elevó “con el fin de poner en conocimiento la realidad de los niños en situación de calle de las zonas de Boulevard, Plaza España y Terminal de Ómnibus, adjuntando el trabajo de calle de los operadores de la Dirección del Menor y la Familia de Santa Fe”.
Las magistrados advirtieron entonces que “Desde los distintos servicios (provinciales y municipales) se trató de brindar un informe de lo que estaban realizando, que incluía la óptica del abordaje implementada para esta problemática, no obstante eso, a la fecha sigue todo igual, es decir, estos chicos continúan en la calle inhalando pegamento, fumando cigarrillos de marihuana e ingiriendo pastillas a la vista de todo el mundo. Otros venden estampitas, abren puertas en la Terminal. A la noche vuelven a sus casas, no se drogan y van a la escuela”.
En el expediente acercado a la Cámara de Apelaciones puede leerse: “los menores en situación situación de calle utilizan distintos servicios de la comunidad, como el Camco, la “Casa de Juan Diego” o “Juanito Laguna”, espacios que brindan contención, porque comen y se bañan en el lugar. Las funcionarias señalan que también las familias de estos chicos tienen planes sociales o cobran pensiones por incapacidad, o son asistidas por la Municipalidad. “No obstante ello, los niños se organizan para vender estampitas, limpiar vidrios, hacer malabares y con el dinero recaudado compran pegamento en la zona y cigarrillos de marihuana. También viajan a Paraná en los servicios de colectivos que cubren el trayecto con la vecina ciudad. Lo preocupante es que se sientan a consumir drogas nocivas en Plaza España y la Terminal, con las consecuentes secuelas de los efectos de estas sustancias, que los vuelve inquietos y agresivos, transgrediendo las normas de convivencia social”. El dossier destaca que son muchas las instituciones que trabajan con estos chicos, “pero pareciera que se trabaja sin coordinación, cada una desde la óptica que cree válida, sin articular entre ellas. No existe un plan integrado que sea realmente operativo y que de una solución válida a una problemática que se agrava día a día”.
Los reflejos del Poder Ejecutivo fueron inmediatos, ya sobre el filo del 2005, el Secretario de Estado de Promoción Comunitaria Juan Carlos Forconi, anunció la apertura de un albergue nocturno para la atención de los chicos en situación de calle. El propio Forconi informó entonces sobre la atención sanitaria de aquellos menores con problemas de adicciones. Para acallar un poco los encontronazos con el Poder Judicial, también se informó sobre “la necesidad de trabajar en forma interdisciplinaria el problema de los menores de la calle”. Convocados por el nuevo Presidente de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, Dr. Julio De Olazábal, se reunieron en al menos dos oportunidades, en Tribunales las juezas de Menores Dras. Susana Giordano de Billich y Ana María Elvira; la Defensora General de Cámaras, Dra. Luisa González Gotilla; la Asesora de Menores, Dra. Delia Mateo de Ferroni; el Secretario de Promoción Comunitaria, Ing. Juan Carlos Forconi; la titular de la Dirección del Menor, la Mujer y la Familia, Lic. Graciela Martinet; y representantes de la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal. El último encuentro, según rezaba el parte oficial de la Oficina de Prensa de la Corte, “se llevó a cabo con la finalidad de mejorar, en la medida de lo posible, el tratamiento de la problemática relacionada con el menor, teniendo en cuenta las nuevas incumbencias que la ley 26.061 (ver nota relacionada sobre sus alcances) ha asignado al Poder Ejecutivo”. Tras la reunión, Forconi le manifestó al diario El Litoral –el 30 de marzo – “Intercambiamos ideas no sólo sobre los alcances de esta nueva ley, sino también sobre problemas puntuales que tiene la ciudad, porque la problemática del menor es muy compleja, muy difícil, y donde incide un sinnúmero de componentes que la agravan”.
Consultada por Notife, la Directora del Menor, la Mujer y la Familia, la Licenciada Graciela Martinet (que depende de Promoción Comunitaria) dijo que “no hemos sido notificados aún de la acordada que usted me menciona, supongo que sí entró por la Secretaría de Estado, a cargo del Dr. Forconi. Es cierto, hay muchas dificultades en acertar el diagnóstico, además del trabajo interdisciplinario, pero desde esta Dirección trabajamos atendiendo la problemática del menor, su entorno y su familia. El refugio que se abrió en calle Ituzaingó es un ejemplo del trabajo que hacemos. Empezamos a trabajar en eso hace varios meses. Hoy tenemos doce de esos chicos que están durmiendo en el albergue de calle Ituzaingó; de ellos, siete van a la escuela y el resto está en proceso de recuperación. Esto demuestra que cuando hay políticas activas y se acierta en las estrategias, las cosas funcionan. Soy optimista en que el tema lo vamos a resolver”, dijo en consonancia con Juan Carlos Forconi.
LA NUEVA LEY
La ley 26.061, sancionada en noviembre del año pasado y reglamentada en marzo de este, plantea la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. “Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño”. Plantea además que “la omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado, habilita a todo ciudadano interponer las acciones administrativas y judiciales con el fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces”. La norma contempla también la creación de una Secretaria del Menor y un Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El 30 de marzo de este año, el Secretario de Estado de Promoción Comunitaria declaró en rueda de prensa que “En veinte días, esperamos tener una propuesta sobre esta reestructuración, porque a raíz de la nueva ley, gran parte de la actividad que antes recaía en los juzgados, ahora la tendrá el Ejecutivo. Para ello se estableció en todo el país un período de seis meses de transición y adaptación, que venció esta semana y se renovó por seis meses más” El propio funcionario destacó por aquellos días que “Una de las cuestiones que nos plantearon las juezas de Menores es que definamos cómo vamos a hacer para recibir las denuncias que en la actualidad son recepcionadas por los juzgados”.
En este sentido, Graciela Martinet expresó ante la consulta de Notife que “el gran problema de la ley es la instrumentación, nosotros adherimos a la norma y nos hacemos cargo de esta instancia y la municipalidades también pueden aportar, claro”. La funcionaria destacó también que “en la actualidad tendremos entre 14 y 20 menores en estado de orfandad total, que son los de la zona de la Terminal de Ómnibus, los demás cuentan con redes de contención precarias, pero podemos llegarles con nuestros operadores de calle”.
-La Justicia les adjudica al Ejecutivo la inacción de políticas públicas concretas sobre la atención de los menores…
-Sí, pero la Justicia también hace su mea culpa, sino fíjese que compleja es la instrumentación de la nueva ley – contestó la funcionaria-
LOS CHICOS QUE DELINQUEN
Un alto funcionario del Poder Judicial le confió a este Portal que “la realidad que tenemos ahora no es la mejor y no es que se limita solo la cuestión de la patria potestad, sino que el Juzgado le pide al Estado los postulantes para que se hagan cargo de los menores y que respondan por ellos, no solo civilmente. Le agrego un dato – dice la fuente que brinda buena información a cambio de anonimato- desde el año 1997 se estableció que los Juzgados de Menores no deben ser competentes en casos sociales, así que lo que hace esta nueva ley es poner las cosas blanco sobre negro”, dice.
Del mismo modo, otro funcionario del Juzgado de Menores agrega: “hay muchas provincias apáticas en cuanto a la instrumentación de la mueva ley, como el caso de Santa Fe, no así Entre Ríos que ya tiene una estructura muy grande ene este sentido. El objetivo del Estado debe ser proteger a las familias, pero este Estado es abandónico, fíjese sino en las estadísticas sociales: el 30% de la población está excluída y en esos hogares viven y crecen chicos con problemas serios de desnutrición, es decir, tienen hambre. En esos hogares, hace más de diez años que no saben o que es tener un trabajo, obra social, aportes jubilatorios, es una situación desesperante”, alerta.
Los Juzgados de Menores en Santa Fe tienen en este momento bajo investigación penal a unos 30 menores adolescentes que están detenidos en el Pabellón Juvenil de la Unidad 2 de las Flores. Hay dos casos de menores no punibles muy serios, vinculados con violaciones. Los otros casos son, en su mayoría, por homicidios o delitos serios, como el robo calificado. Hasta el viernes de la semana pasada había 26 menores detenidos en la Dirección de Asuntos Juveniles, dependiente de la Unidad Regional 1 de la Policía santafesina. La estadística fría suma a una niña detenida en la Estación de Tránsito de Mujeres, con tan solo 15 años de edad.
Este contenido no está abierto a comentarios

