CHILE: VIOLENCIA Y ARRESTOS DURANTE UN PARO NACIONAL

Fue una jornada inédita la que vivió ayer la capital. Acostumbrados a una casi extinguida protesta social, los ciudadanos presenciaron atónitos cómo la ciudad se vestía por algunas horas de carros lanzaaguas, bombas molotov, gases lacrimógenos y ómnibus incendiados. Todo por un llamado de la Central Unica de Trabajadores (CUT), la única central sindical del país, que por primera vez en 13 años de democracia —tras la dictadura de Pinochet— intentó paralizar el país.

Si bien la CUT no logró su propósito, algo de su ira y demanda democrática quedó en las calles y en las discusiones en oficinas, hospitales y colegios (los que con mayor fuerza participaron en el paro). Como saldo de los choques callejeros hubo al menos 130 detenidos y 7 policías heridos.

“Es un momento decisivo. No estamos haciendo un paro por un reajuste más o una ley menos, sino para que cambien la forma de relaciones laborales”, dijo Arturo Martínez, presidente de la CUT.

Sus palabras revelan el trasfondo del movimiento de la CUT: una apuesta extrema y con acento dramático. El paro nacional, convocado dos décadas después de las grandes movilizaciones sociales que iniciaron la caída de Pinochet, no gustó al gobierno, orgulloso de sus éxitos económicos y sociales, pero dejó al desnudo la urgencia de los trabajadores organizados.

Martínez explicó que no se oponen a que el gobierno apoye a empresarios, haga tratados de libre comercio y fortalezca las condiciones macroeconómicas: “Lo que pedimos es que la mayor competitividad de las empresas no se haga a costa nuestra, sin respeto a leyes sociales, sin contratos o con sueldos miserables.”

De hecho, lo que hizo la CUT ayer fue una demostración de fuerza para intentar resucitar un movimiento agónico que ha perdido miles de afiliados.

La huelga súbitamente se colocó en primer plano, sofocando por algunas horas las repercusiones a la propuesta de derechos humanos que entregó el presidente Ricardo Lagos al país el martes, a pocos días de la conmemoración de los 30 años del golpe militar que derrocó a Salvador Allende (11 de setiembre del 73).

Lagos no dio paso al Punto Final, como lo esperaban los partidarios del régimen militar, sino que por el contrario, anunció un avance en un camino ya trazado en tres pilares: “Verdad, justicia irrenunciable y reparación.” Ello incluye el aumento de las pensiones de los familiares de las víctimas, nuevas medidas de reparación, medidas para agilizar los más de 200 juicios en curso y posibilitar el logro de la verdad de los restos de desaparecidos. Esto, a través del otorgamiento de “inmunidad penal” para quienes entreguen información y no sean ejecutores o planificadores de los hechos de violencia. La medida despertó el alerta del mundo de los derechos humanos. “Es una puerta a la impunidad”, dijeron. Pero deberá ser zanjada por el Congreso.