CHINA REFUERZA LA CENSURA SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La información proveniente del exterior deberá canalizarse a partir de ahora a través de la agencia estatal Xinhua, y no sólo eso, empresas periodísticas que actúan en China como Reuters o Bloomberg tendrán que ejercer la autocensura si quieren distribuir su material en el gigante asiático.

Las nuevas prescripciones son un intento de la nueva generación dirigente de Hu Jintao, jefe del Estado y del partido, y Wen Jiabao, máximo responsable del gobierno, de sujetar fuerte de la cadena, junto a los autóctonos, también a los medios extranjeros.

Antes de ser recibido en Berlín por la canciller alemana, Angela Merkel, Jiabao intentó desviar las críticas y de una manera nebulosa aseguró que la política de apertura de su país “no cambió”.

Las informaciones económicas y financieras seguirán fluyendo “sin impedimentos”, aseguró. Sobre las noticias políticas prefirió prudentemente no hablar y añadió en seguida: “Las agencias de noticas extranjeras deberán respetar las leyes y normas chinas”.

Eso quiere decir que desde el domingo las noticias que, por ejemplo, “pongan en peligro la reputación e intereses” de China no podrán ser distribuidas en el país. Lo que eso significa, todavía no está nada claro, aunque una nota sobre las protestas de la visita de Wen Jiabao a Alemania habría visto seguramente la tarjeta roja.

No es que los chinos pudieran leer antes informaciones políticas punzantes en sus diarios. No hay libertad de prensa en el país. Los medios practican la autocensura. El que va demasiado lejos, pierde su trabajo. Los redactores demasiado valientes han acabado ya en prisión bajo la acusación de supuestas actividades criminales.

En los más de tres años transcurridos desde el cambio de dirigencia, los periodistas chinos se quejan de cada vez mayores restricciones, que hasta ahora habían sido sorteadas sobre todo por los portales de Internet, que fueron los que más lejos llegaron utilizando material de agencias extranjeras.

Sin embargo, ahora se espera con preocupación una ley que prevé multas económicas si los medios informan sin permiso sobre “sucesos repentinos” como accidentes, catástrofes naturales, protestas sociales o la irrupción de enfermedades como el Sars (síndrome respiratorio agudo y severo), largamente ocultado.