CIGARRILLOS: DEBATEN MEDIDAS DE REGULACIÓN

Tras haber forzado a la industria tabacalera a subir el precio de sus marcas para incrementar la recaudación fiscal, ahora el Gobierno impulsa una dura regulación para el sector que podría derivar en la prohibición total de campañas de publicidad y comercialización de cigarrillos.

La iniciativa está bajo estudio de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de Diputados, que preside María Teresa Ferrín, y derivaría de la unificación de 17 proyectos presentados en el Congreso.

Bajo el nombre de Ley Nacional de Tabaco se impide a las empresas comunicarse con sus clientes, sin importar la edad ni los canales. Es decir, no diferencia entre menores y mayores de 18 años ni entre quioscos, medios de comunicación u otro canal de promoción.

El tema fue tratado durante las Segundas Jornadas de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, organizadas por el Congreso en junio pasado y de las cuales participaron ejecutivos de Massalin Particulares.
Según fuentes legislativas, la estrategia está en línea con la decisión del Ministerio de Salud de combatir el consumo de cigarrillos para cumplir con un tratado internacional contra el tabaquismo promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y firmado por 192 países.

Consumo en riesgo
El convenio debería ser ratificado por el Congreso antes de fin de año y, si esta situación se da, ya no quedarían excusas para que la Argentina no cuente con una ley nacional sobre el tabaquismo. Hoy sólo pocos distritos, como Córdoba o Capital Federal, poseen leyes que castigan la venta a menores y restringen el consumo.

Así y todo este año se venderán 1.800 millones de paquetes de 20 unidades (igual a 36 mil millones de cigarrillos), que generarán ingresos por $4.200 millones y dejarán al fisco $3.750 millones ya que del precio del atado, 68% corresponde a tributos. Pero si la prohibición se convierte en ley causaría una enorme reducción en las cifras, teniendo en cuenta el efecto inductor de la publicidad sobre la población. Y sería contraproducente con la política oficial de obtener mayores ingresos porque al caer el consumo, también caería la recaudación.

“Estamos de acuerdo con regular la industria porque el producto es perjudicial para la salud y adictivo, pero el tratado de la OMS debe ser traducido a la realidad del país para que haya control, organización y toda la cadena cumpla”, sostuvo Eugenio Breard, de Massalin Particulares.

La empresa considera fundamental sancionar una ley nacional que transparente las reglas de juego, que sea abarcativa, amplia y, sobretodo, aplicable. Pero también asegura que el producto es lícito y por eso reclama el derecho a comunicarse con fumadores adultos en ámbitos claramente establecidos en la ley. Por ejemplo, seguir organizando espectáculos en lugares cerrados, y con cartelería en quioscos u otros puntos de venta que influyan en la decisión de compra.