Cinco causas para investigar

Según trascendió de fuentes tribunalicias, las dieciocho denuncias presentadas fueron agrupadas por el funcionario en trece causas ya que algunas se referían a temas similares, pero estaría en condiciones de desestimar ocho y ahondar en el análisis de las cinco restantes.Estas investigaciones no son sólo contra Nogueras. También vinculan al juez Gerardo Marzi y al fiscal Juan Carlos Curto, todos de los Tribunales de Casilda.La misma fuente indicó que antes del receso judicial por la feria de julio Camporini estaría en condiciones de elevar las primeras conclusiones a la Corte, aunque su decisión no es vinculante y depende exclusivamente de lo que ordene el máximo tribunal.Una fuente relacionada con la investigación explicó que lo que hasta el momento desestimó el fiscal Camporini es aquello que no configura una falta, como por ejemplo que la jueza no atendió a las víctimas en su despacho. De todos modos afirmó que el objetivo de la Corte Suprema es que se despejen los problemas de falta de legitimidad de ese juzgado y lo que Camporini debe analizar es si los funcionarios cuestionados actuaron conforme a derecho. El portavoz judicial aclaró que el fiscal no debe analizar los pronunciamientos de los funcionarios casildenses, porque para esto está la Cámara de Apelaciones, que tiene facultades para impugnarlos o ratificarlos.En tanto, aclaró que la Corte tiene facultad para decidir sobre los dos jueces cuestionados, pero no sobre el fiscal, ya que en ese caso debe intervenir el procurador Bof.Hasta el momento Camporini tomó declaraciones y pidió documentaciones para establecer si los funcionarios cuestionados incurrieron o no en alguna falta, pero no descartaban que en los próximos días se adoptaran más medidas. La saga de imputaciones contra el poder judicial y la policía de Casilda comenzó con una controversia por el remate de un campo, caso en el que Marzi está denunciado por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Esta denuncia fue radicada por el abogado Ricardo Giuseponi a principio del año pasado.Otras imputaciones contra los funcionarios judiciales y policiales hablan del planteo de causas ficticias para extorsionar a los involucrados, manejos poco claros en la persecución de casos de autos “mellizos”, sumarios policiales con irregularidades y distorsiones en el peritaje de accidentes fatales para cobrar el seguro, entre otros delitos.En otra causa, un médico policial, Ángel Pandolfi, denunció a Nogueras en el contexto de una causa por la violación de una nena de 12 años. El denunciante acusó a la jueza de haber cobrado ocho mil pesos para desincriminarlo, lo que reflejó uno de los carteles que mostraron manifestantes casildenses en diciembre pasado frente a los Tribunales de Rosario. Al igual que sucedió con otros denunciantes, Pandolfi fue atacado a tiros cerca de la terminal de ómnibus de Casilda. Más tarde, le dejaron un mensaje en el teléfono: “Mirá, buchón, no te metás con Silvia porque la vas a pasar mal”.Un único juez para grandes jurisdicciones“El problema es del sistema judicial. En localidades pequeñas se crearon jurisdicciones con un solo juez. En muchos lugares hay un descreimiento general y después, ante cualquier circunstancia que conmociona, los reclamos recaen en la policía y en la Justicia”, opinó el fiscal Guillermo Camporini con relación a las puebladas que se desataron en distintas localidades reclamando seguridad. “Desgraciadamente, en Santa Fe hay muchos juzgados únicos que están saturados y de turno todo el año”, agregó el fiscal, que prefirió no dar detalles sobre la investigación que lleva adelante por las denuncias sobre la Justicia casildense. Justamente, el accionar de esos Tribunales fue el eje de los cuestionamientos de los vecinos de Arequito durante una pueblada que protagonizaron a partir del crimen de un joven.