CISFE INFORMÓ QUE NO REGISTRA DENUNCIAS POR CLÁUSULAS ABUSIVAS EN ALQUILERES

La Cámara Inmobiliaria de Santa Fe (Cisfe) se hizo eco del artículo aparecido el pasado domingo en este diario, titulado “Preocupan cláusulas abusivas en los contratos de alquiler”, en el que se daba cuenta de una reunión mantenida entre Defensoría del Pueblo, Adelco y la otra cámara que nuclea esta actividad, Ceci. Al respecto informó que “nunca fue invitada a esa reunión”, y “nunca se solicitó una entrevista con Adelco”, tal como se consigna en la mencionada nota.

El presidente de la Cámara Ricardo Veglia y el vicepresidente Fernando Bonfanti consignaron además que “la Cisfe -que representa a un número importante de inmobiliarias- no registra denuncias sobre cláusulas contractuales abusivas” y, si bien “no descarta que puedan registrarse casos puntuales como los referidos en el artículo periodístico, ninguno ha sido denunciado ante la Cámara, que cuenta con un Tribunal de Ética plenamente constituido y en funcionamiento”.

Si bien reconocieron el interés puesto de manifiesto por Defensoría del Pueblo, destacaron que esta temática “no es potestad de ese organismo, creado para tutelar el respeto de los derechos de los ciudadanos cuando entran en conflicto con el Estado provincial”. Más aún, se mostraron sorprendidos de la participación en el encuentro del Centro de Atención a la Víctima, “organismo con competencia totalmente ajena y que, tal como quedó planteado, coloca en su conjunto a los agentes inmobiliarios legalmente constituidos como victimarios o sujetos activos de conductas tipificadas en la legislación penal vigente”.

En cuanto a la resolución de los conflictos, recordaron que está vigente la instancia de mediación como alternativa a la judicialización de los casos.

Sobre el inquilino
Ambos directivos pidieron hacer algunas salvedades en relación a otro artículo publicado por este medio y titulado “El calvario de los inquilinos”: “se habla de modificación unilateral del contrato que no se puede dar nunca. Una vez que está firmado, tiene que ser respetado por las dos partes. La ley de locación establece el plazo del contrato inicial que son 24 meses en caso de viviendas, no así en caso de prórrogas. El inquilino no tiene por qué irse; una simple consulta con un profesional del derecho le va a dar esa respuesta y el tema está solucionado”.

En cuanto al cobro de las expensas explicaron que no todas las inmobiliarias que celebran contratos de locación manejan ese tema y, en todo caso, “hay un andamiaje normativo y penal que ampara a quien es víctima de un delito”.

“La mayoría de las propiedades están en la oferta inmobiliaria son unidades de renta, quiere decir que producen una ganancia para el propietario donde se van sucediendo los inquilinos. Si hablamos de un problema estructural que se ocultó con pintura, no hay que mirar al propietario ni al administrador, sino al inquilino que se fue”, aclaró Veglia, y pidió que se analice la “conducta de la persona que está en la propiedad y camufla una rotura con pintura”.

Si el problema es que la inmobiliaria no acusa recibo de las notas de reclamos, “está la posibilidad de enviar una carta certificada con aviso de retorno. Es dinero que hay que gastar, pero el inquilino se asegura que no le van a cobrar cosas que no correspondan”.

También descartaron que se produzcan cambios sin previo aviso en el día y horario de cobro y explicaron que los intereses “tienen una causa contractual que el inquilino ve cuando firma el contrato. Se ha pactado qué ocurre si el inquilino paga fuera de término”.

En definitiva, tanto Veglia como Bonfanti coincidieron en la importancia de que el inquilino contrate con empresas “serias y reconocidas”, teniendo en cuenta que “en los últimos tiempos han surgido administradores inmobiliarios sin la suficiente experiencia ni capacitación, cuestión que nos preocupa como inmobiliarias con trayectoria, local a la calle y cumplimiento de requisitos legales que rigen para la actividad”.