CITA EN TRIBUNALES PARA RESPONSABLES DE JUSTICIA, POLICÍA Y CÁRCELES

La búsqueda de un responsable del hacinamiento de presos en Rosario sube por fin en el escalafón de la Policía y del gobierno provincial. El juez Carlos Triglia haría que entre hoy y mañana desfilen por su despacho el subsecretario de Justicia, Walter Gálvez, la jefa de Policía de la provincia, Leyla Perazzo, y el director del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa.

Su colega de instrucción Nº 4, Jorge Juárez, también haría comparecer ante sí al titular de la Unidad Regional II, José Manuel Maldonado. Este juez pretende imputar, al menos en tres causas, a los responsables de un delito muy grave: privación ilegítima de la libertad, por retener a detenidos en un lugar declarado no apto para tal fin.

El telón de fondo es el inédito hábeas corpus que la Coordinadora de Trabajo Carcelario presentó en el juzgado de Triglia para solucionar de inmediato las inhumanas condiciones de reclusión de todos los penales policiales de Rosario. Si Triglia da curso libre a ese planteo, el gobierno de Jorge Obeid se las verá en figurillas, o incurrirá nuevamente en desobedecer a la ley. Esto es lo que algunos magistrados buscan: saber quién tiene la culpa de que la policía no les hubiera hecho caso y siguiera amontonando presos donde por dictamen judicial no se podía hacer.

Triglia ya interrogó a siete comisarios que estuvieron a cargo de la Alcaidía de Jefatura en los últimos cinco años. Ahora, las citaciones suben la escala jerárquica y esperan para hoy a las principales autoridades en materia de seguridad, salvo el propio ministro Roberto Rosúa y su segundo en el área, Alejandro Rossi.

Juárez va en el mismo sentido. Ocurre que libró cuatro recursos de hábeas corpus a favor de presos de comisarías y se incumplieron. Mientras, pidió a tres juzgados correccionales que abra expedientes por desobediencia e inició él una causa contra las autoridades por posible privación ilegítima de la libertad agravada. “Conociendo las condiciones de detención, no las modifican”, explicó un vocero del juzgado.

El magistrado ya interrogó a título informativo (ni como testigos ni como imputados) a los jefes de las comisarías 14ª, 4ª y 30ª, y ahora estudia citar al comisario Maldonado. Es que todos los consultados explicaron que obedecen órdenes superiores.

Juárez consultó con la Fiscalía si la continuidad de las condiciones infrahumanas de detención pueden constituir el delito de privación ilegítima de la libertad agravada. El Ministerio Público estuvo de acuerdo y allí sobrevinieron las declaraciones informativas de tres jefes policiales, a los que podría sumarse el titular de la Unidad Regional.

Lo mismo pasó con los siete responsables de la Alcaidía de Jefatura que en los últimos días comparecieron ante Triglia. Según trascendió, explicaron que cuando reciben órdenes judiciales tratan de hacerlas cumplir, si hay posibilidades, y que se las comunican a los superiores. De allí la convocatoria a autoridades políticas.

En Tribunales aclararon que aunque los detenidos se alojen en seccionales, la responsabilidad es del Servicio Penitenciario. Así lo estableció un acuerdo de la Cámara Penal de 1984, donde se recuerda que los lugares adecuados para las personas privadas de libertad son los institutos carcelarios y los demás penales representan una situación de excepcionalidad. Actualmente esa excepción comprende a 1.200 personas, encerradas en las distintas comisarías de la UR II.

Hace unos días, el juez de instrucción Luis María Caterina le dio 30 días al Ministerio de Gobierno para que subsane “la promiscuidad y el hacinamiento” de cuatro seccionales: la 11ª, la 12ª, la 19ª y la 20ª.

También solicitó al ministro un “listado de todos los funcionarios, tanto del área de Gobierno como de otras reparticiones, abocados a la resolución del problema penitenciario, a fin de deslindar responsabilidades que pudieran caber por las demoras en el cumplimiento de la resolución”.

Trasladan reo que perdió un dedo

La jueza de instrucción Raquel Cosgaya dispuso que un preso que terminó con un dedo cortado el mes pasado en la cárcel de Coronda sea trasladado a la Unidad 3, de Rosario. El detenido, que purga condena por robo calificado, es rosarino y asegura que fue atacado por personal de la guardia. El director del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa, desmintió esa especie. Explicó que el muchacho nunca les avisó que había sido atacado por los guardiacárceles y que le abrieron un sumario, en el cual resultó sancionado, por autolesionarse.

El preso se llama Fabián Benítez y fue condenado a cinco años y seis meses de prisión. Su madre contó ayer por LT8 que empleados penitenciarios le cortaron el dedo meñique de la mano derecha con un pasaplatos en el medio de una gresca. En cambio, Rosúa interpretó la mutilación como un método para conseguir un traslado.