CITAN A DECLATORIA A MENEM POR UN CONTRATO CON SIEMENS

El ex presidente Carlos Menem y quien fuera su ministro del Interior Carlos Corach fueron citados a prestar declaración indagatoria sospechados de presunta “defraudación contra la administración pública agravada”, en el marco de una causa que investiga el acuerdo que firmó su gobierno con la empresa Siemens para la confección de 24 millones de DNI.

Menem y Corach fueron citados a indagatoria por el juez Jorge Ballestero por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y presuntas irregularidades en la tramitación de los DNI por parte de Siemens.

Ballestero convocó al ex presidente, actualmente prófugo de la Justicia, para el próximo 30 de septiembre, y a Corach para el día anterior. También citó al ex secretario de Población Aldo Carreras para el 16 de septiembre.

De todas formas, en Tribunales se estima que Menem mantendrá la conducta exhibida hasta el momento y no se presentará. En tanto, para Corach esta es la primera vez que es citado por la Justicia para prestar declaración indagatoria por un delito que se castiga con hasta seis años de cárcel.

También fueron citados a indagatoria Juan Ares y Juan Carlos Denicolay, directivos de Siemens It Services SA que participaron de la tramitación del contrato.

Las medidas judiciales forman parte de un pedido de la Oficina Anticorrupción -que se constituyó como querellante en el expediente- para reabrir la causa que estaba cerrada e indagar a los sospechosos de la presunta maniobra, ya que los delitos investigados hubieran prescripto el próximo 6 de septiembre.

En febrero de 1998, el gobierno de Menem eligió a Siemens para confeccionar los nuevos DNI, informatizar 250 puestos fronterizos y elaborar los padrones electorales. El contrato fue para Siemens, que ofreció un precio de 30 pesos por cada DNI a pesar de que una empresa francesa ofrecía un precio cinco veces más bajo. El gobierno de la Alianza rescindió el contrato en mayo de 2001 esgrimiendo la ley de emergencia económica. Siemens respondió con una demanda al Estado argentino por 500 millones de dólares ante el Ciadi, un tribunal arbitral que depende del Banco Mundial.