CÓCERES: “CUANDO EL ESTADO ECHA MANO A LAS LEYES, SE TORNA DIFÍCIL VER EL LÍMITE”

El abogado Eduardo Cóceres, reconocido especialista en derecho de la Seguridad Social en Santa Fe, se refirió al proyecto que prorroga por 180 días el tiempo que el Estado Provincial tiene para responder a los reclamos administrativos.

El profesional dijo que la iniciativa “sorprende y causa preocupación porque cuando el poer ejecutivo echa mano a las leyes en procedimiento se torna difícil ver el objetivo y el límite al cual llegará, se me ocurre que quieren un término largo para dar una contestación”. Igualmente recordó que la cantidad de tiempo está especificada en días hábiles, por lo tanto el tiempo real será mucho más y los trámites continuarán en la próxima gestión gubernamental.

Según la experiencia del especialista, “el reclamo administrativo previo nunca termina resuelto en esta instancia, normalmente se llega al juicio”. Cabe recordar que la legislación vigente estipula que los interesados deberán actuar dentro de los plazos de 30 días en primera instancia donde podrán presentar un recurso de pronto despacho. A partir de alli, en una segunda instancia, el interesado podrá iniciar acciones legales 15 días después.

Cóceres sostuvo que “no se están discutiendo sólo intereses económicos sino que hay una realidad desgarrante”. A la vez no descartó que la iniciativa, de ser aprobada, va a provocar algun tipo de pronunciamiento, “no existe una justificación para esto a mi no se me ocurre que puede ser beneficioso” expresó el abogado. Como última referencia a este hecho el profesional dijo que “se estarán preparando los elementos para cuestionar la constitucionalidad de la norma (si llega a sancionarse)”.

Cóceres también se refirió al paro de los empleados estatales a realizarse el próximo lunes 7. “Lo no remunerativo implica el no aporte a las caja de jubilación”. La ley Tributaria Penal Nº 24769 expresa que aquel que evada los aportes previsionales entra en una situación de delito relativo a la seguridad social”. Por lo cual es plausible una sanción de 2 a 3 años de prisión. Igualmente dentro de la ley existe otro concepto mas duro que impone una sanción de 3 años y medio de prisión a 9 años al que le escapa a la obligación de aportar.

El profesional calificó de “irrespetuosa” la forma en que el Estado busca evadir. “Pone en riesgo la existencia de la caja de jubilaciones de la provincia” dijo. La afirmación de Cóceres fue fundamentada con “números que no son del todo finos”: en el ejercicio 2002 el Estado, con el pago no remunerativo está evadiendo 60 millones de pesos.

“Esta es una cadena que tiene tres tópicos: luego en el balance de la Caja de Jubilaciones el Estado hace aportes desde el tesoro provincial, en concepto de deficit, y el que termina financiandolo es el Estado Nacional”. Esto, según Cóceres, va a justificar la desaparición de la Caja. “No se puede hacer un mix entre emergencia y aumento de sueldos” finalizó el profesional.