COLÓN: CUESTIÓN PUNTUAL

Parece que los incidentes que se registraron anteayer poco antes del final del partido entre Colón y River, en Santa Fe, no alcanzaron la virulencia necesaria para que se estrenen las modificaciones hechas al reglamento de transgresiones y penas de la AFA que, con un ajuste en su severidad -quita de nueve a 30 puntos- apuntan a reducir los actos de violencia en las canchas. El conjunto santafecino recibiría una multa económica y algunas amonestaciones -ya tiene seis y el límite es 12; cualquier club que las supere quedará desafiliado al menos por una semana- y no la deducción de unidades por considerar que los disturbios no fueron graves ni costaron la suspensión del encuentro.

Vale recordar que a los 39 minutos del segundo tiempo se interrumpió el partido cuando desde la parcialidad local varios hinchas, enardecidos con la tarea del árbitro Oscar Sequeira, se treparon al alambrado, bajaron por él ya del lado de la cancha, y hasta uno de ellos mantuvo un prolongado diálogo con el delantero Esteban Fuertes. El paréntesis se prolongó por 18 minutos, sin olvidar también que durante ese pasaje se lanzaron objetos a la cancha, y al término del cotejo, el juez se marchó con una fuerte protección por todo lo que le arrojaron desde la popular y la platea.

Sin quita de puntos, vale preguntarse si es correcta esta decisión. El nuevo reglamento es un tanto difuso, porque mientras por un lado el artículo 80 de trasgresiones y penas establece que “si como consecuencia de los supuestos indicados anteriormente -las diferentes expresiones de violencia, como arrojar proyectiles, invadir la cancha, intentar romper cercos perimetrales, etc.- se impidiere la iniciación del encuentro o su prosecución, se aplicará al/los club/es responsables una deducción de 9 a 30 puntos”. Pero más adelante agrega que “las sanciones previstas en este artículo se aplicarán a cualquier hecho producido antes, durante o después del partido, dentro o fuera del estadio”. Ateniéndose a esto último, lo ocurrido en Santa Fe habilitaría al descuento de puntos. Pero hay que hacerse a la idea de que esto sólo ocurrirá cuando se suspenda el juego y ya no se reanude.

Otro punto se desprende de lo ocurrido y sus consecuencias: ¿cuánto deberá extenderse una interrupción para que el árbitro determine la suspensión? Es muy subjetivo y los jueces no han recibido ninguna sugerencia al respecto. Dependerá de que la policía pueda o no garantizar la seguridad. Como de aquí en más cada suspensión supondrá la inmediata quita de al menos 9 puntos para el equipo cuyos hinchas hayan protagonizado los disturbios, se tratará de una altísima responsabilidad y de un peso extra para los árbitros y los jefes de los operativos policiales.

Y aquí aparece otro desprendimiento de lo acaecido anteayer. El presidente de Colón, José Vignatti, al término del partido con River, deslizó que tal vez todo lo ocurrido haya contado con la complicidad policial. Una dura acusación que no es nueva, ya que el dirigente sostiene hace tiempo que existe un “negociado” detrás de los adicionales policiales. Anteayer, Vignatti se preguntaba dónde estaban los 350 efectivos por los que su club había pagado 6850 pesos, mientras los hinchas sabaleros subían y bajaban tranquilamente por el alambrado.

En realidad, Vignatti teme que se trate de una pasada de factura. ¿Por qué? El siempre se quejó por los costosos operativos, pero desde hace un par de meses endureció su discurso. Se reunió con el comisario Héctor Grosso, titular de la Unidad Regional N°1 de Santa Fe, pero lejos de alcanzar una solución, Vignatti redobló la apuesta: “Grosso me dijo que no me meta con eso de los adicionales porque es un negocio de la policía”. Pese al peso de las palabras, ni la policía respondió las imputaciones ni intervino un fiscal instándolo a Vignatti a que ofrezca pruebas de lo que asegura. “A nadie parece haberle preocupado lo que he dicho”, se quejó el dirigente que, cuentan, últimamente extremó su seguridad y la de su familia.

Después de que el 15 de septiembre último la AFA aprobó varias modificaciones en su reglamento de transgresiones y penas, sucesos como el de anteayer fogonean la idea de imponer normativas federales que aúnen criterios en materia de seguridad. Porque vale aclarar que el Programa de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, que dirige Javier Castrilli, sólo actúa en Capital Federal. En Buenos Aires interviene Mario Gallina con el Comité Provincial de Seguridad Deportiva. Y el resto de las provincias se mueven por sus propias legislaciones.

Bergés retoma las indagatorias

Entre los efectos del procedimiento policial de anteayer en la Bombonera, por el que fueron detenidas trece personas en la popular de Boca, hay dos significativos. Uno, que la agenda del juez Mariano Bergés será más intensa: esta semana comenzará a tomarles indagatoria a esos hinchas. El otro, la mirada aprobatoria que sobre la acción tuvo Javier Castrilli, director del Programa de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos.

Ese ente fue, justamente, el que proveyó a la policía los videos para identificar a sus objetivos en La Boca. Estos nuevos imputados, según se conoció ayer, deberán enfrentar dos causas: una, la que los señala como los organizadores del hueco que se genera en la tribuna de Boca; la otra, por agredir al personal policial que procedía a detenerlos.

Bergés ya tenía un cronograma intenso: hoy interrogará a Santiago Lancry, el barrabrava xeneize capturado el viernes último. Y en lo que queda de la semana, además de la decisión pendiente sobre la situación procesal del detenido vicepresidente de Chacarita, Armando Capriotti, les tomará declaración a los futbolistas Roberto Abbondanzieri, Alfredo Cascini, Carlos Navarro Montoya y Mauricio Serna, y al técnico Carlos Bianchi.