COLONOS AFECTADOS POR EL MAL MANEJO DEL AGUA PIDEN SER ESCUCHADOS.

El ciento por ciento de la actividad agropecuaria santafesina, más del 40% del producto bruto provincial, está en riesgo hídrico por las inundaciones o problemas de napas. Los productores aseguran que no es culpa de las lluvias, sino de un Estado que en la última década hizo todo al revés.

Ese clima se respiraba ayer en el Centro de Ingenieros de Rosario, donde más de un centenar de colonos inundados de toda la provincia respondió a una nueva convocatoria de la Comisión de Afectados por los Desmanejos Hídricos en Santa Fe. El objetivo: seguir intercambiando experiencias e información, como lo hacen desde hace tres años, y lograr de una vez por todas ser escuchados antes -y no después- de que una nueva catástrofe ponga en marcha corazones habitualmente dormidos.

Luego de cuatro horas de debate y testimonios que pintaban las especificidades de una realidad única, desde La Picasa hasta los Bajos Submeridionales, la comisión leyó un documento que piensa presentar ante legisladores, gobernantes, candidatos, incluso al presidente Kirchner.
El escrito, fuertemente crítico para con la administración provincial de los últimos doce años, presenta 17 propuestas que consideran básicas para instrumentar una solución definitiva.

En principio, los afectados piden que la reconstrucción de Santa Fe no se centre sólo en la ciudad, sino en toda la provincia. “Todo el interior está en colapso hídrico, de norte a sur. Es hora de que se entienda que, al peligrar el campo, toda la capacidad productiva de la provincia está en peligro”, expresó el productor Esteban Hernández, propietario de tierras en Garay.

Asimismo, se exige que el ente de reconstrucción no esté dirigido por el “equipo técnico encabezado por el ex titular provincial de Hidráulica, Ricardo Fratti, quien destruyó la provincia y demostró sobradamente su incapacidad”.

La tierra es el capital
En este sentido, los productores reclaman voz y voto para el sector en dicho ente. “Una empresa agropecuaria tiene un 70% de su capital en la tierra, y hace una década que viene siendo destruida por los burócratas”, dispararon. Otro pedido se refiere a la reglamentación de la ley 11.370, de uso racional del suelo, que “si no hubiera estado cajoneada hubiese evitado la edificación de barrios Fonavi en tierras inundables”, como se hizo en Santa Fe, donde se inundó hasta el Hospital de Niños.

Otra exigencia es la aprobación sin modificaciones de la llamada ley Favario, que obliga al gobierno a dar publicidad de los actos de gobierno. “Es una obligación que figura en la Constitución, pero no se cumple. Queremos que esto se cumpla y que toda decisión, informe técnico, contratos, pagos y todo lo que tenga que ver con una obra del gobierno sea inmediatamente difundida por Internet”, apuntaron.

Asimismo, pidieron que los estudios técnicos oficiales puedan ser auditados por técnicos elegidos por los propios afectados. “Deben ser profesionales independientes. Si los elige el Estado, los técnicos terminan trabajando para defender al director de turno y no en función de la realidad técnica. Así es como se logra que todas las obras fracasen. Que la provincia los pague, pero que los elijamos los productores, así como elegimos a nuestros veterinarios y agrónomos”, propusieron.

No más empleados públicos
Los productores no dejaron títere con cabeza. Incluso pidieron “congelar el ingreso de empleados en la provincia, ya que de 82.000 en 1991 pasaron a ser 111.500 en 2002, y así no hay plata que alcance”. En rigor, lo que se criticó es que “en un año, esos 30 mil empleados de más “insumen 400 millones en sueldos, la misma cifra que en doce años se invirtió en obras hídricas”.

Además se propone que “todos los ingresos” sean por concurso abierto y público. “No se puede seguir con el amiguismo como método de selección. Esta es la causa de haber acumulado tamaña cantidad de funcionarios mediocres e inoperantes en la provincia”.

Acción interprovincial
Otros pedidos se refieren a reconstruir los puentes destruidos por la inundación de 1998, un estudio integral de todas las cuencas provinciales para desarrollar proyectos hídricos como políticas de Estado. “Hay que iniciar un programa de acción interprovincial y asumir que Santa Fe es el canal de escurrimiento del oeste argentino, ya que recibe agua de varias provincias”, explicaron.

Los productores reclaman además crear un sistema de alerta contra inundaciones, definir las hipótesis de crisis hídricas y organizar planes de evacuación y defensa civil. Y también un poco de sinceridad política: “Digan la verdad a la población: no hay una obra que dé total seguridad ante un evento climático de intensidad extraordinaria. Dejen de decir cada vez que inauguran una obra que se terminaron las inundaciones”, dijo Hernández, y contó el caso más patético de un funcionario que profirió esa frase en Cañada de Gómez un año antes de la tragedia que inundó media ciudad en minutos, con un saldo trágico de tres vidas y el miedo de los afectados a mirar al cielo cada vez que amenaza con nublarse.