COMENZÓ EL PRIMER JUICIO A UN REPRESOR TRAS LA ANULACIÓN DE LAS LEYES DEL PERDÓN

El ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz se convierte hoy en el primer represor de la dictadura que, despojado del beneficio de las leyes del perdón, afronta un juicio oral y público por delitos de lesa humanidad.

El represor llegó esta mañana al Palacio Municipal de La Plata fuertemente custodiado, según confirmó el comisario Juan Antonio Guarabasi a cargo del operativo de seguridad.

Durante el proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 1, que se desarrolla en el salón Dorado y se estima durará 3 meses, Etchecolatz será juzgado por el secuestro, torturas y presumible homicidio de seis personas que permanecen desaparecidas.

Si bien el comienzo de la audiencia estaba previsto para las 10, el ex comisario de 76 años, fue ingresado horas antes para evitar posibles inconvenientes con integrantes de organizaciones de Derechos Humanos que han vestido la fachada de la Municipalidad con fotos de víctimas de la dictadura.

Uno de sus abogados, Adolfo Casabal Elía anticipó que su defendido “declarará en esta primera audiencia” y además, adelantó que solicitará “la prescriptibilidad de los delitos” que se le imputan al represor.

“Etchecolatz cumplió órdenes y actuó en una situación jurídica de guerra. No voy a entrar en quién tenía o no razones, eso lo decidirá el juez”, completó su otro abogado defensor, Luis Eduardo Boffi Carri Pérez.

La investigación comenzó en 1999 a partir de testimonios escuchados en el denominado Juicio por la Verdad, realizado en La Plata, y tomaron forma de denuncia penal cuando la Cámara Federal de esta capital los remitió a un juzgado de primera instancia para que iniciara la pesquisa.

Otra particularidad es que el expediente estuvo paralizado durante años por contiendas de competencia entre los tribunales de La Plata y Buenos Aires, mientras se acumulaban evidencias sobre los delitos que ahora serán ventilados en el juicio.

El ex jefe de investigaciones, quien fue la mano derecha del fallecido general Ramón Camps, jefe de la temible Policía Bonaerense durante el inicio de la dictadura, había sido condenado a 23 años de prisión en la causa Camps, pero fue beneficiado por las leyes del perdón anuladas el año pasado por la Corte Suprema. Además, cumple todavía una pena por un caso de sustitución de la identidad de un hijo de desaparecidos.