COMIENZA EN WASHINGTON UN JUICIO MILLONARIO CONTRA LAS EMPRESAS TABACALERAS

Mañana será un día clave para las empresas tabacaleras en Estados Unidos. Comenzará una larga batalla legal a través de la cual el gobierno de ese país intentará ganar una demanda por 280.000 millones de dólares contra la poderosa industria del tabaco.

El caso fue presentado por el Departamento de Justicia y demoró cinco años en llegar a juicio. La demanda alega que la mayor compañía tabacalera manipuló la información acerca de los niveles de nicotina, mintió sobre los ries gos de fumar y realizó campañas publicitarias multimillonarias dirigidas a adolescentes.

Esta es la primera vez que el gobierno de EE.UU. estima la cuantía de los daños y busca probar que las tabacaleras lograron ganancias ilegales durante 50 años de prácticas de mercado fraudulentas y peligrosas.

Según la denuncia del gobierno, los fabricantes de cigarrillos “han ejecutado una masiva conspiración, que lleva medio siglo, para engañar al público”.

Este plan resultó “en extraordinarias ganancias durante el último medio siglo, pero ha tenido consecuencias devastadoras en la salud pública”, señala el documento presentado por el Departamento de Justicia.

En 1953, los jefes de cinco de las principales compañías fabricantes de tabaco se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York para desarrollar un plan para “conducir en conjunto una campaña de relaciones públicas a largo plazo para contrarrestar la creciente evidencia que vinculaba el fumar con una gran cantidad de enfermedades serias”, agrega el texto.

El Departamento de Justicia también pretende lograr controles más firmes en la fabricación de cigarrillos, en su venta y etiquetado.

Los acusados son Philip Morris —que controla la mitad del mercado tabacalero de EE.UU.—, RJ Reynolds Tobacco, Loews Corp’s Lorillard Tobacco, British American Tobacco PLC y Liggett Group.

El abogado William Ohlemeyer, defensor de Philip Morris, argumentó que las compañías tabacaleras “venden productos peligrosos y adictivos, pero lo hacen con una advertencia sobre la salud”.

Ohlemeyer señaló que los abogados del gobierno se basan en la conocida como Ley RICO —siglas en inglés que dan cuenta que la norma va contra Organizaciones Corruptas y Mafiosas—, lo que da “un primer indicio de la amplitud de las acusaciones del gobierno”. Pero, aseguró, la mayoría de las acusaciones de fraude del departamento de Justicia apunta a “actividades constitucionalmente protegidas que no son ilegales”.

El abogado insistió en que las empresas ya cumplieron al perder un juicio en 1998, en el que 46 gobiernos estatales cobraron 246.000 millones de dólares en 25 años por los gastos de salud pública derivados de la adicción al cigarrillo.

El juicio que comienza mañana en Washington incluirá más de 300 testigos. Cada parte tendrá 12 semanas para presentar sus argumentos. Sin contar posibles imprevistos, solamente la fase inicial de presentaciones podría terminar en marzo de 2005.

El gobierno cuenta con un equipo de 35 abogados y 16 asistentes, encabezados por Sharon Eubanks. Desde 1999, el equipo legal federal ha gastado más de 135 millones de dólares en el caso.

Philip Morris contrató al “superabogado” Dan Webb, quien coordinará al equipo de juristas de la defensa. Se trata del principal abogado defensor en casos de “delitos de guantes blancos” del país, según un sondeo entre juristas de la publicación Corporate Crime y defendió ya a Microsoft, McDonald’s y General Electric.

La demanda fue presentada durante la presidencia del demócrata Bill Clinton. Muchos creyeron que sería desestimada por el gobierno de George Bush. El asesor político del actual presidente, Karl Rove, fue asesor de Philip Morris en los años 90. Y la industria tabacalera realizó elevadas contribuciones al Partido Republicano. Pero nada de esto logró frenar el juicio.