Comienza esta semana el juicio por el asesinato de Silvia Suppo

Los acusados son Rodolfo Valentino Cóceres, de 26 años, y Rodrigo Ismael Sosa, de 22 años, quienes confesaron haber cometido el crimen. Jorge Daniel Pedraza, abogado querellante en causas de lesa humanidad, dio cuenta del devenir del proceso judicial y rechazó “la conspiración política. Crearon un testigo trucho para avanzar hacia la federalización de la causa”, afirmó.

Jorge Daniel Pedraza (LT10)

 

Han pasado ya cuatro años desde que Rodolfo Valentino Cóceres, de 26 años, y Rodrigo Ismael Sosa, de 22 años, confesaron haber matado a Silvia Suppo, reconocida militante social y ex detenida y desaparecida durante la última dictadura militar. Esta semana tendrá inicio el juicio que se desarrollará en el Tribunal Oral Federal (TOF), compuesto por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría. A propósito, -esta mañana, en diálogo con LT10– se pronunció Jorge Daniel Pedraza, abogado querellante en sendas causas sobre derechos humanos y ex director de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica de Santa Fe: “Aquél fue un crimen que nos conmovió a todos. Que al principio llamó la atención por la extrema violencia con la que se la apuñaló a Silvia Suppo. Había sido una militante que había estado detenida, junto a su esposo, por causas políticas. Y había sido una testigo importante en causas de lesa humanidad”.

 

Además, El letrado destacó que “a las 48 horas se alcanzó a estos dos jóvenes, llamados ‘trapitos’. Luego, a los ocho meses de la causa surgió la teoría del asesinato político introducida por un testigo que, a mi modo de ver, carece de las más elementales cuestiones de seriedad. Probablemente, porque desde la Presidencia de la Nación se reclamó ayudar a la familia en desgracia. Y surgió este testigo ‘trucho’”, remarcó Pedraza. En tanto argumentó: “Como había que darle una mano a la familia, decodificaron mal la orden y crearon un testigo trucho para avanzar hacia la federalización de la causa”.

 

Posteriormente y según el propio abogado, “tuvo un papel bastante pobre el presidente de la Corte (Suprema) nacional, oriundo de Rafaela, (Ricardo) Lorenzetti. Hay una intromisión ante los camaristas de Rafaela que dan vuelta la pesquisa que se estaba llevando adelante en Justicia de Instrucción de Rafaela, que marchaba en absoluta claridad hacia el crimen en ocasión de robo”.

 

En otros términos, Pedraza subrayó que “jamás en sede judicial ni en la Justicia Penal Ordinaria de la provincia de Santa Fe ni en la Justicia Federal se acreditó la más elemental prueba de una conspiración política, de un asesinato por encargo”. En conclusión, “no me pareció correcto –dijo el letrado– alentar con tanta ligereza esa hipótesis de crimen por encargo”.