COMIENZA JUICIO CLAVE DE UNA PRIVATIZADA

El principal alegato que presentará el Estado argentino ante el “Tribunal de Objeciones de Jurisdicción” del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) cargará las culpas sobre las decisiones de inversión de las empresas.

El argumento sería funcional para enfrentar a las otras demandas que enfrenta el Estado en ese mismo ámbito y por la misma cuestión de fondo: la pesificación de las tarifas de servicios públicos, simultánea a la devaluación y pesificación de la economía en los caóticos meses de principios de 2002.

A partir de hoy y hasta el 20 de agosto, el tribunal presidido por el chileno Francisco Orrego Vicuña analizará los argumentos de ambas partes en la demanda presentada por la firma norteamericana CMS Gas Transmission por la suspensión de la fórmula de ajuste de las tarifas de transporte de gas que la afectó indirectamente, por su participación accionaria en la local Transportadora de Gas del Norte (TGN).

El tratamiento del caso será el primer episodio de una saga que después podrían continuar unas veinte empresas, muchas de ellas del sector energético, que suman demandas por unos u$s15.000 M contra el Estado argentino.

“Vamos a plantear que la política de endeudamiento (de la empresa) fue equivocada, a pesar del cuadro tarifario sobrevaluado” del que gozaban, en virtud del “1 a 1”, explicó a Infobae el actual ministro de Justicia y Seguridad, Horacio Rosatti, quien será el encargado de representar la defensa del Estado, por decreto del presidente Néstor Kirchner, en virtud de que él y su equipo fueron quienes prepararon durante meses los argumentos y papeleos necesarios.

Será, en rigor, un “argumento técnico”, según detalló el ex procurador del Tesoro que espera dejar en claro que “no se ha violentado ningún tratado bilateral”, en contra de lo que argumenta la empresa al invocar el tratado de 1991 con los Estados Unidos sobre los incentivos y protecciones recíprocas de las inversiones.

La premisa que se tratará de transmitir es que “en la Argentina defendemos un capitalismo con riesgo empresario”, definió Rosatti.

Sin desmedro de ello, el alegato incluirá una explicación de la situación política, económica y social que atravesó la Argentina hacia fines de 2001, que derivó en el abandono de la convertibilidad tras la caída del presidente Fernando de la Rúa. La idea es dar un panorama detallado del contexto en el cual se tomaron las decisiones que causaron un desfase en los contratos con las privatizadas.

Para ello, la defensa presentará como testigo al actual embajador ante la Unión Europea, Jorge Remes Lenicov, en su carácter de ex ministro de Economía en ese período. A él se sumarán el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, el impulsor de la Mesa del Diálogo, Camilo Angulo Barturen, y el titular de la Unidad de Renegociación de Contratos (URC) del Ministerio de Economía, Gustavo Simeonoff.

A favor de la posición argentina hablaría también Anne-Marie Slaughter, una catedrática de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, que definió el proceso de crisis y devaluación como “un estado de necesidad terminal”.

Del lado de los demandantes, estará el titular de TGN, Francisco Mezzadri, y los abogados del estudio M&M Bomcil, de Guido Tawil, que lleva la demanda.