Cómo estalló la Banda del Poxi

En la madrugada del 6 de agosto, un grupo de menores ingresaron a la escuela Nº 256 Juan Bautista Bustos de la ciudad de Santa Fe. La dirección y algunas aulas del establecimiento aparecieron con destrozos y signos de una violencia sin par. Algunas horas después, la policía santafesina detuvo a dos menores que pernoctaban en la escuela, ubicada en calle Rivadavia a la altura del 2.900. Las investigaciones determinaron que los destrozos habían sido provocados por la denominada “banda del poxi”, compuestas por chicos indigentes que frecuentan la Terminal de Ómnibus y aspiran pegamento. La directora de la escuela, Maria Luisa Nieves explicó oportunamente que los chicos “eran los mismos que habían ingresado anteriormente, llegando incluso a asaltar a los docentes por lo que, oportunamente, habían sido detenidos, puestos a disposición de la Justicia de Menores y luego devueltos a sus familias ya que todos eran menores de edad”. La “banda del poxi” entró con violencia, rompieron puertas, armarios, computadoras y tiraron pintura en los bancos, escritorios, paredes y papeles. La actuación de los menores de la Terminal generó una espontánea y saludable reacción de la comunidad educativa de la escuela. Padres, alumnos y docentes marcharon a Plaza de Mayo para pedir más seguridad, pero también para que los organismos estatales ayuden a los menores en situación de calle. Desde entonces, algunos organismos se movilizaron y expresaron que era urgente una atención de contención hacia los menores que pululan en la calle, con todos los riesgos que cualquiera pueda o no imaginar. Pero solo fueron expresiones epidérmicas. Con la excepción de la Secretaria de Derechos y Humanos y la Dirección del Menor –que depende de Promoción Comunitaria- se ocuparon del problema. En algunos casos, poniendo más operadores de calle, en otros para redactar previsibles informes de campo. Asi, lo que se presentó como un problema urgente, fue perdiendo fuerza y espacios en las agendas de los medios, y también de los Estados municipales y provinciales. Ahora, las juezas de menores son las que, una vez más, ponen sobre la superficie el drama de los menores indigentes. Los mismos que el Estado abandona y que después serán sancionados por la aplicación de la ley. Los mismos menores que llegan a las cárceles cuando son adultos, pero que mucho antes estuvieron encerrados en los galpones de la soledad, el desamparo, la violencia y la intemperie.