COMPRARÁN 300 CÁMARAS PARA LAS CÁRCELES PROVINCIALES

La Dirección del Servicio Penitenciario resolvió instalar un sistema de monitoreo on line a través de cámaras, que se distribuirán en todas las cárceles de la provincia. En realidad, lo que se pretende es trasladar la experiencia que ya se está aplicando en el módulo recientemente inaugurado en Piñeiro, donde aseguran que los controles son de “primer nivel”.

Según dijo a El Litoral el titular del Servicio, Jorge Bortolozzi, el expediente para la compra está en la Dirección de Suministros y Contrataciones, y se encuentra en la etapa de preadjudicación.

En total, se solicitaron 300 cámaras que se distribuirán progresivamente entre las cuatro cárceles más importantes de la provincia: 120 para la Unidad I de Coronda, 100 para la Unidad II de Las Flores, 50 para la Unidad III (cárcel de varones de Rosario) y 30 para la Unidad V (cárcel de Mujeres también de Rosario).

Según cifras oficiales, la compra del servicio demandará una inversión de 1.118.000 pesos. Empresas interesadas en el proceso ya estuvieron recorriendo las instalaciones de los penales para sus futuras ofertas.

Las cámaras se colocarán en inspecciones de vigilancia, pabellones, patios, guardias, salas de espera y galerías, talleres, sector de hospital, cocina, accesos, muros perimetrales y garitas.

Tecnología

La posibilidad de instalar un circuito cerrado de televisión para controlar los penales ya había sido estudiada durante la anterior gestión, cuando era ministro de Gobierno, Carlos Carranza. Pero fue la actual administración la que materializó el proyecto, e instaló el primer sistema en el módulo inaugurado en Piñeiro, donde además se ha innovado con otros sistemas de comunicación y cables subterráneos con sensores, que permiten advertir si se han violado sectores restringidos.

“Se trata de tecnología de primer nivel pero ahora hay que capacitar el recurso humano -advirtió Bortolozzi-. En el caso de las cámaras, por ejemplo, como es un sistema on line, el director del penal tiene una clave de acceso y puede ingresar desde su oficina, domicilio o desde donde esté a través de Internet”.

Hay otra idea promocionada desde hace tiempo que Bortolozzi pretende también cristalizar: la adquisición de pulseras electrónicas para “controlar” a quienes cumplen prisión domiciliaria. El expediente se encuentra en la Dirección General del Servicio, y en realidad no plantea una compra sino una contratación. El costo total presupuestado por un contrato de dos años y uno opcional de este Servicio de Monitoreo Electrónico incluyendo la provisión de 200 pulseras, es de 6.570.000 pesos. El costo del contrato por año sería de 2.190.000 pesos, y el estimado por pulsera y por unidad, de 30 pesos.

Prioridades

Mientras avanzan los trámites administrativos para la compra de cámaras y contratación de pulseras, Bortolozzi planteó su prioridad en lo inmediato.

“Nuestra prioridad es ocupar plenamente el módulo inaugurado de la cárcel de Piñeiro. Allí hay ahora sólo 22 internos pero tenemos capacidad para 120. En los primeros 20 días de mayo queremos completar estos pabellones y eso va a demandar, además, un traslado de personal. Ahora, hay allí unos 70 agentes pero en los próximos días se prevé que lleguen otros 80. La intención -dijo Bortolozzi- es que los internos que allí se alojen sean sobre todo del sur de la provincia, para descomprimir otras cárceles saturadas, desocupar comisarías o trasladar a internos con problemas de conducta”.

El funcionario también planteó como objetivo la discusión para reformar la normativa vigente para el Servicio Penitenciario.

“En primer lugar -dijo-, es necesario reglamentar la ley N° 24.660 que regula el trabajo del guardiacárcel y el tratamiento de los internos. Y después debe pensarse en reformar la Ley del Servicio Penitenciario, tal como se hizo con la ley policial: que se cambien los criterios de selección, que no haya diferencias entre los escalafones, que haya una forma más democrática y acorde al estado de derecho”.

A su criterio, se trata de un desafío en el que se requerirá la colaboración de universidades, profesionales y funcionarios. “Se trata de readecuar y armonizar un sistema en el que hoy conviven penitenciarías del 1800 con cárceles modernas como Piñeiro”, sentenció.

Conmutaciones

Como a fin de año pasado, Jorge Bortolozzi, ahora como director del Servicio Penitenciario provincial, volvió a manifestarse partidario de que el Poder Ejecutivo otorgue conmutaciones de penas. Como se sabe, diciembre y mayo son los períodos en los que tradicionalmente se conceden estos beneficios a los internos. “Deseo firmemente que se otorguen con racionalidad pero en tiempo y forma, tal como sucedió en diciembre”, dijo el funcionario a El Litoral.