CON ENRIQUE ALVAREZ LA CANTIDAD DE MUERTOS CIVILES AUMENTÓ UN 80%

La evaluación de la información recabada en los últimos cinco años, en lo que respecta a los casos de violencia policial en perjuicio de civiles, en la provincia de Santa Fe, arroja como resultado cifras preocupantes.

Un Proyecto de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral se encuentra trabajando desde en el procesamiento de los datos sobre esta problemática. Los resultados de la investigación que este equipo de docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, son útiles para el análisis de la historia más reciente que refiere a la violencia policial en la Provincia.

Los miembros del proyecto titulado “Seguridad Urbana. Prevención del delito y Policía en la Provincia de Santa Fe”, presentarán mañana en la Facultad de Derecho el trabajo: “Política, Policía y Violencia en la Provincia de Santa Fe – Argentina (1998-2002)”. El mismo, intenta desarrollar una descripción detallada del fenómeno de la violencia policial en la Provincia de Santa Fe a partir del análisis de noticias periodísticas producidas al respecto en diarios provinciales, referidas a los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. También se ponen en relación determinados elementos de la violencia policial con datos referidos a la criminalidad y a la violencia contra agentes policiales en la Provincia de Santa Fe.

Según el informe, desde el año 2000, y de manera creciente, “se observa una aumento en la cantidad de casos de violencia, datos empíricos que pueden ser leídos en consonancia con el implemento de ciertas políticas desde el poder ejecutivo provincial en lo que respecta al manejo de las Fuerzas de Seguridad que tienen el monopolio de la fuerza”.

La descripción de algunas cifras concretas es útil para dilucidar en qué términos se registra un aumento de los casos de violencia.

“Durante los años 1998 a 2002 se registraron a partir de las noticias periodísticas 588 hechos de violencia policial en la Provincia de Santa Fe.
La cifra más alta en el período de cinco años comprendido entre los años 1998 y 2001, se registró en el año 2000 –primer año completo de la segunda gestión Reutemann en la que se modificó la política de seguridad en la provincia- con 281 casos de violencia policial contra civiles. Si bien esa cifra decrece en el año 2001, el año anterior los casos vuelven a registrar un incremento importante hasta ubicarse en los 288 casos en la provincia”.

En los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 “hubo 1077 víctimas civiles de la violencia policial” registradas en las crónicas periodísticas. “De 1998 a 1999 se observó un descenso significativo del 11%, elevándose la cantidad de víctimas un 98% en el año 2000 con respecto del año 1999 y un 77% respecto del año 1998. En el año 2001 se produjo una disminución del 43% con relación al año 2000, aunque los valores absolutos son superiores a los registrados en los años 1998 y 1999. En el paso al año 2002 se verifica un aumento del 52% con respecto al año 2001” .

En base al relevamiento realizado, se registra un predominio de las víctimas civiles generadas en situaciones de “no enfrentamiento” en casi todo el período analizado, especialmente en los años 1998 y 2002, en los que constituyen el 65% del total.

Sólo en el año 2001 las situaciones de “enfrentamiento” pasan a ser mayoría con un 46% del total de los casos. En el paso del año 1998 a 1999 se produjo un significativo aumento (del 68%) en la cantidad de víctimas civiles producidas en “enfrentamientos”. Otra marcada escalada del volumen de víctimas se registra en el paso del año 1999 al año 2000 en las situaciones donde existen “versiones encontradas” – se triplica la cantidad del año anterior-, trepando al 35 % total.

Casi el 51% de las víctimas civiles en el año 1998 se produjeron en espacios policiales (jefatura, comisarías, subcomisarías, alcaidías y destacamentos) y el 42% en espacios públicos.

También se registró un cierto volumen de víctimas civiles (9) producidas en espacios penitenciarios, como consecuencia de la participación de la Policía de la Provincia de Santa Fe en la represión de motines carcelarios y en incidentes nacidos en el traslado de detenidos .

En los demás años analizados no se registraron víctimas de violencia policial en espacios penitenciarios. En el período 1999 – 2002 existió un predominio de víctimas producidas en espacios públicos, destacándose que en el año 2001 éstas constituyeron un 68% del total. En el paso de 1999 a 2000 se registró un preocupante aumento del 151% en las víctimas producidas en espacios policiales.

En todos los años analizados la mayor parte de las víctimas civiles fueron varones. En cuanto a la edad de las víctimas, se informó que “es necesario considerar la posibilidad de que los números constituyan una infrarrepresentación de la verdadera cantidad en función del volumen de casos en los que no se registran datos al respecto”.

En el año 1999, año en el que el porcentaje de víctimas de las que no se tienen datos acerca de la edad es el más bajo de la serie, se registra el mayor porcentaje de víctimas menores de edad, 26% del total. “En el año 2002 las víctimas civiles menores aumentan considerablemente en términos absolutos –74% con relación al año anterior. Otro dato a destacar es que, por primera vez en la serie histórica analizada, la cantidad de víctimas civiles menores registrada es mayor a la cantidad de víctimas civiles mayores de edad”. De todos modos, es necesario tener en cuenta que “no se cuenta con datos referidos a la edad en el 61% de las víctimas civiles”.

En el informe realizado por la Universidad Nacional del Litoral se indicó que en Santa Fe no solamente opera la policía provincial sino también otras “agencias de seguridad”.

En todos los años analizados la gran mayoría de las víctimas civiles de la violencia policial han sido producidas por agentes policiales provinciales –lo que resulta obvio dada la importancia cuantitativa y cualitativa de la policía provincial en comparación con otras “agencias de seguridad” en las políticas de control del delito en la provincia – sólo seis fueron producidas por la Prefectura Naval Argentina, tres por la Policía Federal Argentina y dos por la Gendarmería.

Cabe destacar que si bien hasta el año 2001 se registraban solamente dos víctimas civiles de miembros de agencias de seguridad privada (una en 1998 y otra en 2000), en el año 2002 se registraron siete víctimas de miembros de estas agencias.

También se pretendió diferenciar el grado del o de los agentes policiales intervinientes en estos hechos, pensando que encontraríamos cantidades más elevadas dentro de los rangos más bajos de la jerarquía organizacional.

“En todos los años analizados se pudo obtener el grado del agente policial interviniente solamente en porcentajes que oscilan entre el 25% y el 35% de las víctimas civiles. En 1998 en el 49% de los casos de los que se tiene información estuvieron involucrados exclusivamente agentes policiales con el grado de oficiales. En los años 2001 y 2002 se registra un importante descenso: al 5% del total de las víctimas causadas exclusivamente por oficiales en 2001 y al 3% del total en 2002”.

Es posible observar que en los cinco años analizados la mayor parte de las víctimas civiles de violencia policial en la Provincia de Santa Fe (en todos los años en torno al 90%) fueron producidas por agentes policiales que se encontraban “en servicio” –entendiendo por ello no solamente la condición del agente policial que se encuentra cumpliendo su horario habitual de trabajo, sino también cuando desarrolla las llamadas “tareas adicionales”.

Sólo en muy pocos casos (5 en los cinco años) el agente policial que ha hecho uso de la violencia estaba “retirado”. En cuanto a los casos en el que interviene un “custodio privado” –miembro de una agencia de seguridad privada, aun cuando ello no implique necesariamente que no se trate de un agente policial “de franco” o “retirado”- hasta el año 2001 se registran solamente dos casos (uno en 1998 y uno en 2000), pero en el año 2002 el número aumenta a siete, constituyendo un 2% del total.

En todos los años analizados la gran mayoría de víctimas civiles de violencia policial fueron heridos. Entre 1998 y 1999 y pese a la evolución global en sentido decreciente de las víctimas civiles del uso de la fuerza policial –que se reitera a nivel de las víctimas civiles heridas- aumenta un 30% el número de muertos civiles. Por otro lado, en 2000 se da, un fuerte aumento global del total de las víctimas civiles, que va acompañado de un importante aumento de las víctimas civiles muertas – 84% respecto a 1999 y 140% en comparación a 1998. En 2002 las víctimas civiles muertas descienden un 65% con relación al año 2001, descenso que se da junto con un aumento en el total de las víctimas civiles.

En 1998, en la Provincia de Santa Fe por cada civil muerto se producían 6,95 civiles heridos, en 1999 esta relación disminuyó a 4,46 civiles heridos por cada civil muerto manteniéndose en el año 2000 en 4,85 civiles heridos por cada civil muerto y ascendiendo levemente en el año 2001 a 5,12.

En el año 2002 se registra un importante aumento a 26,18 civiles heridos por cada civil muerto. Esta relación expresa una primera aproximación al fenómeno de la “letalidad” del uso de la fuerza policial.

En este sentido, se observa en la Provincia de Santa Fe en el paso de 1998 a 1999 un cierto aumento de la proporción de civiles muertos con respecto a los civiles heridos como consecuencia de las acciones policiales, es decir, un aumento de la letalidad del uso de la fuerza policial, que pasa de 0,14 a 0,22, registrándose un leve descenso en el 2000, ubicándose en 0,20 y manteniéndose en 0,19 en 2001. En el año 2002 el índice de letalidad desciende de manera considerable a 0,03.

REUTEMANN, ALVAREZ Y UNA GESTIÓN CON DEMASIADOS PUNTOS OSCUROS

La mención al cambio de gestión en el ejecutivo provincial, efectuada en el año 1999 pero cuyas políticas recién se implementan durante todo el segundo año de gobierno –el año 2000-, no es arbitraria. Desde la asunción de Enrique Alvarez, quien desarrolló su carrera profesional en la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) de la Nación en la que ingreso en el año 1978, como Subsecretario de Seguridad Pública de la Provincia, varios de los proyectos de reforma provincial que se intentaba implementar desde el año 1996 fueron interrumpidos.

Sobre este punto, el Abogado Máximo Sozzo, co-director del mencionado Proyecto de Extensión, explica que “la cantidad de uso de la fuerza policial que se produce en un lugar y en un tiempo dado, está vinculada estructuralmente a las decisiones y acciones políticas con respecto a la institución policial”. Al avanzar en la interpretación de los datos empíricos, se observa un “cambio radical a partir del 2000, con la nueva gestión provincial de Reutemann y con el Lic. Enrique Alvarez a la cabeza de la institución policial, cuando se produce un aumento notable del 80% en la cantidad de muertos civiles -48 en total”, analiza Sozzo.

Los datos que permiten una interpretación diversa sobre la violencia contra civiles en nuestra provincias son diversos. Alguno de los indicadores más preocupantes son los que evidencian un incremento de las cifras de violencia en contra de menores y el aumento de casos de violencia policial registrada en dependencias policiales. Los casos de violencia policial en perjuicio de menores de edad alcanzan su pico en el año 2002 con 61 (sesenta y uno) hechos registrados. La cifra no sólo el la más alta en cinco años, sino que también, y por primera vez, supera la cifra de hechos documentados en perjuicio de mayores, algo que en los registros anteriores no había sucedido.

Sobre el notorio descenso del número de víctimas fatales por el uso de violencia provincial –que en el año 2002 se redujo a doce casos luego de llegar a los 42 y 31 casos en los años precedentes, de manera respectiva-

En tal sentido, uno de los coordinadores de la investigación, el Abogado Máximo Sozzo tiene “pocas dudas acerca de que un mensaje descendió del mundo de la política a la fuerza policial acerca de la restricción en el uso de la fuerza y de armas de fuego, en función de los efectos políticos de la crisis de diciembre de 2001, que se llevo a Domínguez como Ministro de Gobierno, primero, y que termino siendo el detonante de la salida de Alvarez en diciembre del 2002 de su cargo”.

En la Provincia de Santa Fe, frente a la misma ausencia de datos oficiales sistematizados sobre la violencia policial, diversas organizaciones de derechos humanos llevaron adelante actividades en este mismo sentido en la segunda mitad de los años 1990, orientadas sobre todo a sustentar la denuncia de violaciones a los derechos humanos –como la APDH de Reconquista o el Foro por la Memoria y la Justicia de Santa Fe- algunas de las cuales se mantienen hasta la actualidad, como los informes sobre víctimas del “gatillo fácil” que viene realizando desde fines de 1997 el Foro Memoria y Sociedad de Rosario.

“Los hechos de violencia policial no se encuentran distribuidos equitativamente entre los diversos departamentos de la Provincia de Santa Fe”. La mayor parte de las víctimas civiles de la violencia policial se producen “en el Departamento Rosario, llegando a a un 83% del total en el año 2002. En este departamento es donde se encuentra el centro urbano más grande la provincia –la ciudad de Rosario- y la unidad regional que mayor población policial posee – 4207, casi el 30% del total de los efectivos policiales al 1/12/2000”.

Le sigue el Departamento La Capital, en donde se encuentra el segundo centro urbano más grande de la Provincia, la ciudad de Santa Fe y la segunda unidad regional con mayor población policial. En el año 1999 las víctimas civiles en este departamento alcanzan a un 26% del total y en el año 2002 son solamente el 10%. En 1998 y en 2000 el Departamento General López se ubica en el tercer lugar -constituye el tercer departamento en cuanto a su importancia demográfica y la tercera unidad regional policial, con 600 efectivos al 1/12/2000. En 1999, 2001 y 2002 se ubica en tercer lugar el Departamento Castellanos –constituye el quinto departamento en cuanto a su importancia demográfica y la cuarta unidad regional en cuanto a la población policial, con 505 efectivos policiales al 1/12/2000.

En términos relativos, este “ránking” de los diversos departamentos de la Provincia de Santa Fe en cuanto a la concentración de víctimas civiles de la violencia policial cambia radicalmente. En 1998 se encuentra en primer lugar el Departamento General López, con una tasa de 10,29 víctimas civiles de la violencia policial cada 100.000 habitantes, seguido por el Departamento Rosario con 8,72 cada 100.000 habitantes. En 1999, en cambio, ocupa el primer lugar el Departamento Castellanos con una tasa de 12 víctimas civiles de la violencia policial cada 100.000 habitantes, seguido por el Departamento La Capital con una tasa de 7,53 cada 100.000 habitantes. En el año 2000 el primer lugar lo ocupó el Departamento Rosario con 18,66 cada 100.000, el segundo lugar el Departamento La Capital con 10 cada 100.000 habitantes. En el año 2001 en el primer lugar encontramos al Departamento Castellanos con una tasa de 15,42 cada 100.000 habitantes, en el segundo lugar, el Departamento Rosario con 10,97 cada 100.000. En el año 2002, en el primer lugar se encuentra el Departamento Rosario con una tasa de 22,11 cada 100.000 habitantes, seguido por el Departamento La Capital con 6,33 cada 100.000 habitantes.

Los civiles muertos por la violencia policial, como las víctimas civiles en general, tampoco se encuentran distribuidas equitativamente entre los diversos departamentos de la Provincia de Santa Fe. En todos los años analizados los porcentajes más importantes de víctimas civiles muertas se registró en el Departamento Rosario, con un 80% del total en 1998 y un 55% del total de víctimas civiles muertas en el año 2002. En los años 2001 y 2002 crecen los porcentajes en el departamento La Capital el 31% y 27% respectivamente.

ROSÚA Y LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS

En 1996 el nuevo gobierno provincial -del Partido Justicialista a cargo del Ing. Obeid y, en lo que se refiere a esta área específica, el Ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Dr. Rosúa- realizó un diagnóstico sobre la policía en que se destacaba su alto grado de militarización, la sensación de impunidad de sus miembros, su autonomía institucional con respecto al poder político, la anarquía evidenciada en el predominio de los objetivos individuales o grupales, legales o ilegales, frente a los objetivos institucionales, la existencia de pujas internas y la desconfianza del personal subordinado a sus superiores, como elementos centrales generadores de su desprestigio público en un contexto de creciente aumento de la criminalidad y sensación de inseguridad.

A partir de allí definió e intentó llevar adelante una serie de iniciativas de reforma: el cambio en los cursos de capacitación para aspirantes a agentes policiales; las Juntas Barriales de Seguridad Comunitaria, la modificación del programa de estudios de la Escuela de Cadetes; el dictado de charlas, talleres y seminarios por docentes y especialistas de universidades, instituciones públicas y ONGs tanto para oficiales como para suboficiales y la creación de la Dirección Provincial de Asuntos Internos.

Además, para apoyar los cambios generados por aquellas iniciativas, el gobierno provincial intentó producir una reforma legislativa profunda. Así, en septiembre de 1998, envió a la Legislatura Provincial el proyecto de Ley de Organismos de Seguridad Pública, que pretendía derogar la Ley Orgánica de la Policía y la Ley del Personal Policial -diseño legislativo que no fue tratado por el Poder Legislativo.

De estas iniciativas de reforma policial emprendidas en la Provincia de Santa Fe, tal vez la más importante con respecto al fenómeno de los usos de la violencia policial –aun cuando no estaba dirigida exclusivamente a esta temática- haya sido la creación de la Dirección Provincial de Asuntos Internos a fines de 1997.

Esta oficina tiene por finalidad el planeamiento, ejecución y control de operaciones destinadas a prevenir y combatir las actividades ilegales cometidas por el personal policial y actuar como auxiliar de la justicia cuando se incriminase a personal policial. Está compuesta por personal policial y personal civil y a cargo de un jefe designado por el Poder Ejecutivo (un oficial policial superior en situación de retiro), dependiendo directamente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto y en el mismo nivel jerárquico que la Policía.

Desde su nacimiento, esta oficina se constituyó como un espacio híbrido, en parte una instancia de control interno y en parte una instancia de control externo. Pero no sólo nació como un espacio ambiguo en cuanto a su ubicación entre las instancias policiales y las instancias políticas sino también en cuanto a sus finalidades, pues fue creada, simultáneamente, como un organismo de investigaciones, un organismo de supervisión y un organismo de prevención.

Durante los años 1998 y 1999 ha desarrollado numerosas actividades de diversas características: se ha hecho cargo directamente de la investigación de algunas faltas policiales, sobretodo cuando éstas puedan ser prima facie delitos graves; ha colaborado con la actividad de los instructores de sumarios administrativos y de sumarios prevencionales en los que están involucrados agentes policiales; desde 1998 viene desarrollando una auditoría permanente sobre todas las causas administrativas e investigaciones judiciales en las que estaban involucrados funcionarios policiales acusados de haber llevado adelante una falta grave o un delito; desde 1999 ha desarrollado un sistema de recepción de denuncias y quejas contra la actuación de los miembros de la institución policial por parte del público, etc.