CON LOS AMIGOS NO SE METAN

El ministro de Gobierno provicial Carlos Carranza se ha convertido en un especialista en poner la cara. Esta vez en defensa de los métodos de Carlos Reutemann para designar jueces comunales entre amigos, conocidos y parientes de sus amigos.

Y -de paso‑ rebatir en público al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, quien esta semana se declaró partidario de exigir el título de abogado y una prueba de indoneidad para acceder a los empleos que reparte Lole.

“Yo no estoy de acuerdo. El sistema de designaciones políticas ha dado muy buenos resultados”, dijo el ministro después de lamentar el contrapunto con Gutiérrez.

Carranza confirmó también que aún quedan vacantes más de 70 cargos de jueces y secretarios de juzgados comunales y a su criterio “habría que cubrirlos a todos lo antes posible”. En otras palabras, se viene otro lote de nombramientos.

“Lamento discrepar con el presidente de la Corte”, retrucó Carranza al salir en defensa del dedo del gobernador. “Las designaciones políticas han dado buenos resultados”, insistió.

“El juez de paz debe ser entendido como lo sostiene la propia ley: un amigable componedores basado en la buena fe de las partes que a veces trabaja sobre criterios no jurídicos. En Estados Unidos tampoco se exige que los ministros de la propia Corte Suprema sean abogados. El título a veces es importante, pero en las comunidades pequeñas no siempre hay abogados y a pesar de mis colegas o de la formación jurídica, tampoco es el único elemento a tenerse en cuenta para la justicia de paz”, explicó Carranza.

“Este sistema (de nombramientos políticos) ha funcionado muy bien en la provincia de Santa Fe. Los criterios de selección que se aplican en el Consejo de la Magistratura son para otros cargos. Pero para una justicia de pequeñas causas que tiene además llevar adelante procesos o causas o conflictos vecinales o familiares, yo creo que es importante mantener este sistema. Lo hemos analizado muchísimo con los colegios de abogados. Ellos insisten en la exigencia del título, obviamente desde el punto de vista de la defensa profesional. Pero creo que el sistema político institucional esto ha dado muchísimos resultados”, agregó.

‑¿Hubo algún abuso político en los últimos nombramientos?

‑No. El gobernador analizó mucho cada una de las designaciones, todo se está haciendo en el marco de la ley. Y el cuestionamiento respecto de la residencia hay que tomarlo como lo señala la propia Corte Suprema de Justicia: es una exigencia a cumplir después del juramento. Entiendo que (los designados) tienen mucha experiencia, incluso algunos estuvieron en la política. Un hecho importante en algunos casos porque ayuda a mantener la paz social en algunas localidades. Quienes ha sido funcionarios del gobierno tienen muchísima capacidad y experiencia para llevar adelante esta tarea en pequeñas localidades.