“CON LOS RECURSOS ACTUALES ES IMPOSIBLE PLANTEAR UN NUEVO SISTEMA JUDICIAL PENAL”

El proyecto de reforma del sistema penal en la provincia cosecha adhesiones, pero con reservas. Los integrantes del Poder Judicial rosarino que brindaron su punto de vista a La Capital sostienen que ya nadie discute las ventajas del juicio oral que se pretende implementar, en relación al proceso escrito que rige actualmente en Santa Fe. Pero aseguran que sin un estudio de factibilidad y costos, reformas de infraestructura y gestión del cambio, el enroque de leyes no garantizará por sí solo un avance.

La posibilidad de reformar el antiguo Código Procesal Penal llegó de la mano de un proyecto de ley presentado el jueves pasado en la Cámara de Diputados. Dos integrantes de ese cuerpo, el radical Santiago Mascheroni y el justicialista Danilo Kilibarda, retomaron un trabajo de 1995 donde se proponía la actualización del sistema y lo ingresaron sin retocarlo.

Dos fiscales de Cámara, un juez de Instrucción y un camarista consultados dieron el visto bueno a la iniciativa. Desde el punto de vista técnico, ninguno objetó la necesidad de renovar el actual ordenamiento penal: el juicio escrito fue perimido en el resto de Latinoamérica. Pero así como acuerdan sobre qué hacer, algunos dudan respecto al cómo: creen que sin un soporte material la reforma puede convertirse en un mero cambio de nombre. Un ligero llamado de atención al Ejecutivo, que deberá implementar el cambio si supera el debate legislativo.

– José María Peña (fiscal ante la Cámara Penal): “El Código tiene que ser reformado. Siempre he sido partidario de la investigación por fiscales y del juicio oral. También creo que el juez que investiga no puede juzgar. El proyecto es perfecto desde el punto de vista teórico, pero pongo en tela de juicio que su implementación sea posible con la infraestructura actual. Los fiscales no tienen capacidad operativa ni edilicia, tienen un empleado cada uno. Se necesitan fondos para dotarlos de recursos.

“La cantidad de magistrados en Rosario no tiene relación con la población que deben abarcar. ¿Cómo se va a distribuir la zona entre 12 fiscales? De nada sirve la reforma si va a ocurrir como en Buenos Aires, donde están programando audiencias para dentro de tres años.

“¿Cómo hará un fiscal para investigar y al mismo tiempo presenciar un juicio oral de tres o cuatro días? Creo que el tema no pasa solamente por la política procesal. Hay que implementar los mecanismos para ponerla en marcha y que no quede en un acto de voluntarismo.”

– Guillermo Camporini (fiscal ante la Cámara Penal): “Estoy totalmente a favor de la modificación. Sin dudas el sistema escrito no va más. Pero creo conveniente aclarar que sistema oral no garantiza que todos los hechos delictivos vayan a tener sentencia y en el corto plazo.

“El proceso será más transparente y la gente podrá ver en base a qué elementos se condena o absuelve a una persona. Pero no se va a aumentar la cantidad de sentencias. Llegarán a juicio las causas que realmente lo merezcan: por trascendencia, por el tipo de delito, por el perjuicio económico.

“Lo fundamental es que aparezcan medidas alternativas para resolver, sin ir a juicio, delitos sin gran repercusión. Que existan opciones a la pena de prisión, como tareas comunitarias (probation), para que no queden impunes los casos que no van a juicio. Tampoco daremos respuesta si seguimos con un sistema donde todos los delitos son perseguibles de oficio.

“Es importante crear un ministerio público fuerte. Con la infraestructura actual de 12 fiscales no hay sistema que aguante. Para que tengan autonomía, hay que dotarlos de más elementos y tener una policía capacitada para investigar.”

– Ramón Teodoro Ríos (juez de la Sala II de la Cámara Penal y uno de los autores del anteproyecto): “Con esta reforma el sistema gana en celeridad. Se tiende prácticamente a la supresión del expediente. Unicamente hay legajos escritos con lo indispensable, como una pericia contable, una pericia caligráfica. De manera que el soporte papel se transforma en soporte informático, lo que se puede se hace por video conferencia. Interesa más el acto que el acta. La desinformalización apresura los términos. Así, no se plantean nulidades de las actas porque falta la firma del juez.

“También se le quita protagonismo a la policía en la investigación. Se suprime el sumario de prevención. La policía queda a cargo del fiscal y los actos son llevados a cabo siempre en presencia del defensor. Se suprime el interrogatorio policial: no hay declaración que se le pueda tomar al imputado sin que esté presente. Si el acusado quiere confesar va a hacerlo ante un abogado. Se desburocratiza esta primera etapa de investigación.

“Se toma como base el conflicto entre el ofensor y el ofendido. No existe una expropiación del conflicto por parte del Estado. La intención del anteproyecto es tutelar más a la víctima y las garantías del imputado.”

– Carlos Carbone (juez de Instrucción Nº 9): “El juicio oral es el mejor sistema. No se discute en ningún lugar del mundo si es conveniente o no. Lo que se discute en Europa es cómo se debe implementar, con qué recursos. Esta discusión está huerfana en Santa Fe. Nadie discute cómo va a funcionar, qué estructura se le va a dar y con cuánta plata.

“Ya tendría que haber gente dedicada a gestionar la reforma. Instalar el juicio oral y que tenga una estructura nefasta es una hipocresía. Queda bien para la galería y los doctrinarios, pero no cambia nada. Lo que falta es un proyecto a nivel del Ejecutivo.

“Sería interesante que, antes de tener estado legislativo, este proyecto tenga una amplia difusión. Que circule por la Facultad de Derecho, el Colegio de Abogados y el de Magistrados. Hay que trabajarlo mucho porque va a encontrar resistencia dentro de ciertos estamentos del Poder Judicial.”