CON MAYOR DUREZA, EL GOBIERNO INTENTA FRENAR A LOS PIQUETEROS

Lo que era un rumor en los pasillos de la Casa Rosada pudo comprobarse el martes pasado. La detención de 108 manifestantes del grupo Quebracho que se consumó ese día marcó el cambio de estrategia del Gobierno para enfrentar el dilema del desafío piquetero.

Pero la cosa no terminó ahí. El viernes al mediodía, la Policía bonaerense detuvo al dirigente de la CTD Aníbal Verón Gustavo Franquet, y por la noche también fueron detenidos 14 piqueteros en Caleta Olivia, con lo que el número de manifestantes presos esta semana llegó a 123 (aunque ya fueron liberados 101).

A ese cuadro deben sumarse la detención de Raúl Castells, preso hace 11 días en el Chaco por tomar un casino, y la inminente citación a indagatoria a Luis D’Elía, por la toma de la comisaría 24ª de La Boca. Evidentemente, el Gobierno ha pasado a una etapa de dureza en su relación con las agrupaciones piqueteras.

Ante la consulta de Clarín, tres funcionarios admitieron ese fenómeno. “Desde que Aníbal Fernández se hizo cargo de la seguridad, el Presidente bajó la directiva de sacar el conflicto social de las calles”, explicaron.

Y en esa dirección señalan no sólo el cambio en la relación con los piqueteros sino también la intención de que los conflictos gremiales no se diriman en las calles. Por eso, esta semana mantuvieron negociaciones con los fleteros para que la protesta del miércoles no bloqueara totalmente los accesos a la Capital.

Lo mismo intenta el Gobierno para que una protesta de los trabajadores portuarios no termine provocando el caos en las calles.

De todos modos, el indicio más contundente de que algo ha cambiado en la percepción oficial es el grado de dureza que las fuerzas de seguridad han comenzado a ejercer en la represión de los desbordes piqueteros, tal como quedó evidenciado el martes pasado en la Plaza de Mayo.

De aquella inacción policial de los primeros meses del Gobierno, que hizo crisis cuando el movimiento piquetero Teresa Rodríguez arrojó bombas molotov dentro de la sede de Repsol-YPF en mayo pasado, se pasó a la disuasión por saturación policial —con agentes desarmados— después del día de furia que el 16 de julio protagonizaron piqueteros, travestis y vendedores ambulantes en la Legislatura porteña.

Pero el martes último aparecieron, por primera vez durante la gestión de Kirchner, las balas de goma usadas por agentes de Infantería, los gases lacrimógenos y las detenciones realizadas por policías de civil, un hecho que generó una advertencia del Centro de Estudios Legales y Sociales y la promesa oficial de hacerles usar identificaciones personales a los agentes sin uniforme.

En realidad, lo que le ha hecho dar al Gobierno semejante giro estratégico es el temor a que el mal humor que las manifestaciones de los grupos piqueteros generan en amplios sectores de la sociedad contribuya a socavar la popularidad del Presidente, tendencia que las encuestas le marcan principalmente en el distrito porteño y el Gran Buenos Aires.

Tanto Kirchner como el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, han puesto especial atención en reforzar la coordinación con las fuerzas de seguridad (destacan una relación más fluida con la Policía bonaerense), con el Poder Judicial (por eso el aumento de las detenciones), y con los gobernadores y los intendentes del GBA.

En este último rubro, los funcionarios mencionan la importancia de haber restablecido la relación con Eduardo Duhalde, quien mantiene un grado de influencia importante sobre una buena cantidad de gobernadores e intendentes peronistas.

Claro que la ofensiva sobre las agrupaciones piqueteras no será gratis para el Gobierno. Los grupos más duros intentan unificar los reclamos y ni siquiera las discusiones que las irrupciones de Quebracho provocan en el piqueterismo evitarán que se agudice la tensión con la Casa Rosada.

Mientras el Gobierno intenta salir a flote del impacto que le han provocado las marchas de Juan Carlos Blumberg y los cimbronazos por la inseguridad, el Presidente apuesta a estabilizar el frente social sacando de las calles las derivaciones más violentas de un conflicto al que todavía no le encuentra solución.