CONCEDEN EXTRADICIÓN AL HACKER ESPAÑOL

El juez federal Carlos Vera Barros dio vía libre al pedido de extradición a su país de José Manuel García Rodríguez, el hacker español de 24 años detenido en Carcarañá en julio de 2005. La decisión fue adoptada luego de que el joven conocido como Tasmania solicitara ser enviado a la península Ibérica ante el atraso en el juicio de extradición y debido a la presión que sobre él ejercían sus familiares. El cibernauta fue apresado a pedido de un juez español que lo investiga bajo la acusación de ser el cabecilla de una banda que cometió delitos informáticos contra bancos de Europa por varios millones de euros.

Ayer a la tarde, el juez Vera Barros señaló a La Capital que ya envió la comunicación a la Cancillería argentina para que “solicite al gobierno español que proceda al traslado” del hacker a España. “Seguramente, se hará a través de Interpol en los próximos días”, dijo el magistrado.

Durante la feria judicial, García Rodríguez había presentado ante el juez Vera Barros un pedido personal para ser extraditado, poniendo así punto final al proceso judicial que estaba trabado desde que lo atraparan en la casa que ocupaba en Carcarañá. “La solicitud del muchacho estuvo fundamentada en la presión de sus padres para que regresara a España”, había explicado una fuente tribunalicia.

Sobre Tasmania, como lo conocen en su país, pesaban nueve pedidos de captura internacional y tres pedidos de extradición del gobierno español: por delitos informáticos -no codificados por la Justicia argentina-, por estafa simple y por daños. Ahora sólo faltan detalles técnicos para que el cibernauta regrese a Algeciras, su ciudad natal frente a Marruecos, y espere su juicio en alguna prisión que quede cerca de la casa de sus padres.

Al hacker se lo acusa, en España, de realizar fraudes on line contra bancos españoles. Su detención, solicitada por el juzgado de la 3ª Nominación de la localidad de Alcalá, trajo aparejado un debate sobre si el arresto del muchacho violaba o no la seguridad argentina. Es que para atrapar al hacker, que vivía en Carcarañá desde 2003, un organismo extranjero -la Guardia Civil española- irrumpió sin autorización en territorio santafesino para realizar escuchas ilegales e interceptar la correspondencia de García Rodríguez.

Entonces, desde los primeros días de agosto de 2005 comenzó una discusión entre el gobierno español y los defensores de García Rodríguez por la extradición del joven. La dificultad siempre estuvo centrada en que, según el tratado vigente entre Argentina y España, el delito por el cual se reclama a un detenido debe ser contemplado en la legislación de ambos países. Y los delitos informáticos aún no están reglamentados en las leyes nacionales.