CONDENADOS Y EN COMISARÍAS, OTRA SITUACIÓN DE IRREGULARIDAD EN LAS CÁRCELES SANTAFESINAS

El fiscal de Cámaras en turno, José María Peña, pidió a todas las unidades regionales del sur de la provincia la nómina de los presos con sentencia firme alojados en dependencias policiales, quienes deberían encontrarse en establecimientos del Servicio Penitenciario. Lo más probable es que el informe dispare solicitudes de traslados, ya que por ley los condenados deben recibir un tratamiento de rehabilitación al que no pueden acceder fuera de la cárcel. Desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) estimaron que en cada seccional rosarina hay entre tres y cuatro internos con sentencia.

La inquietud de Peña surgió, según fuentes judiciales, luego de que se conociera el caso de un condenado por delitos sexuales que había sido derivado a la comisaría 17ª. Se investiga si a este hombre le permitían salir del penal y si en una de sus incursiones por el barrio intentó abusar de una joven, que unos días después lo reconoció en la calle.

Por la feria judicial, Peña está a cargo de todas las jurisdicciones y quiere saber si en cada una de ellas hay otras personas en la misma situación que el preso de la 17ª, identificado como José Saldías. Al revelarse la irregularidad, la cúpula de la seccional de Fisherton fue descabezada y se inició una causa en el fuero correccional. El ex jefe Miguel Reggiardo fue indagado el viernes pasado por el juez Héctor Núñez Cartelle, que le imputó el presunto incumplimiento de sus deberes de funcionario público.

En tanto, la fiscalía de Cámaras terminó ayer de enviar oficios requiriendo información a las unidades regionales de los departamentos Rosario, San Lorenzo, Belgrano (con sede en Las Rosas), Caseros (con sede en Casilda), Constitución (con asiento en Villa Constitución), General López (con asiento en Melincué) e Iriondo, cuya cabecera es Cañada de Gómez. El funcionario espera la respuesta sobre cantidad de condenados alojados en comisarías antes del fin de semana.

Mientras que en las cárceles de la provincia se encuentran detenidas personas imputadas o procesadas, es decir todavía inocentes, en las seccionales se advierte la existencia de condenados. Esta situación es violatoria de tratados internacionales y de la ley Nº 24.660, complementaria del Código Penal, que establece el cumplimiento de la pena de prisión. Si un preso es alojado en una comisaría no está sometido a control judicial ni a tratamiento porque no depende de un juez de Ejecución Penal. En Tribunales comentaron que también se infringe la acordada de la Cámara Penal de Rosario del 26 de diciembre de 1994, donde consta que las autoridades del Servicio Penitenciario y los jueces de ejecución deben garantizar que las penas se cumplan en establecimientos carcelarios.

Para adecuarse a toda la normativa, las autoridades no deberían dejar un solo condenado en las seccionales. Como los fiscales no pueden dar esa orden –la facultad es de los jueces– se estima que el fiscal Peña instruirá a sus colegas de primera instancia para que reclamen traslados al juez de instrucción Jorge Eldo Juárez, quien por la feria reemplaza a su colega de Ejecución Penal Efraín Lura.

Por lo pronto, Lilian Echegoy, de la CTC, estimó que en cada comisaría rosarina se pueden encontrar entre tres y cuatro presos condenados, algunos por orden judicial. “Son quienes tienen problemas para permanecer en la órbita del Servicio Penitenciario o han salido de testigos de hechos sucedidos en la cárcel”, explicó la dirigente. “Otros piden traslados desde las seccionales para acceder a los beneficios de la ley Nº 24.660, de lo contrario no se les evalúa la conducta”, agregó.
“En reuniones que tuvimos el año pasado, el director del Servicio Penitenciario (Fernando Rosúa) propuso que en la Unidad III, de Zeballos y Richieri, solo quedaran los condenados cercanos a acceder a algún beneficio”, contó Echegoy, refiriéndose a reclusos con buena conducta o posibilidad de salidas laborales. “Por otro lado la policía sugirió que sería más conveniente que esos internos vayan a las comisarías, para que estén más liberadas y menos conflictivas”, siguió la militante de derechos humanos.

“Es imposible que los condenados sean abordados por un equipo interdisciplinario en las seccionales. Dadas las condiciones de detención actuales y el hacinamiento, son lugares problemáticos, mientras que los profesionales que brindan los tratamientos apenas alcanzan para las unidades penitenciarias”, concluyó.

En el infierno, pero cerca de la familia

Lilian Echegoy, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), recordó que las condiciones de detención en las comisarías son difíciles de soportar, sobre todo por las altas temperaturas del último mes, pero los reclusos las resisten porque sienten que permanecer en esos penales les representa un beneficio. “Estar en una seccional implica para el interno visitas tres veces por semana, cercanía con la familia. Si son trasladados a Coronda, muchos parientes no pueden viajar a verlos”, explicó.

De todos modos, a veces el conflicto no se puede sobrellevar y aparecen las protestas y los intentos de fuga. En lo que va del año se produjeron casi diez motines en distintas dependencias, entre ellas la 7ª. Familiares de presos allí alojados se comunicaron con la CTC para denunciar que se había roto la resistencia eléctrica con la que sus parientes cocinan.

Y no habían recibido una nueva, mientras que la comida tarda en llegar a los calabozos y, por eso, en muchos casos y como consecuencia del calor se descompone en el camino. “En la 7ª hace tanto calor que sale vapor del interior de las celdas. Las rejas se recalientan, creo que la temperatura supera los 50 grados”, remató Echegoy.