Condenan a empresario farmacéutico por ataques armados

Cumplirá 6 años y 8 meses de prisión domiciliaria por ordenar balear a un abogado, un médico y una inspectora, entre otros.

Juan Pablo Iborra, el empresario farmacéutico acusado junto a su padre ya fallecido de una serie de amenazas y atentados a competidores del ramo, fue condenado en un juicio abreviado a 6 años y 8 meses de prisión que cumplirá bajo arresto domiciliario. El inversor aceptó sentencia en seis causas penales como autor o instigador de esos delitos. Los casos más graves son el ataque a tiros en 2012 contra el abogado penalista Alberto Tortajada, que sobrevivió de milagro; y la agresión al médico Omar Ulloa en su clínica del macrocentro, lo que derivó en el crimen de un policía. Por estos últimos dos hechos, dos hombres acusados de actuar como sicarios esperan fecha para ser sometidos a juicio oral y público.

El acuerdo de partes se celebró el 30 de septiembre en el juzgado de Sentencia Nº 5, a cargo de Gustavo Salvador, quien debe emitir una sentencia para homologarlo. En ese acto Juan Pablo Iborra, de 40 años, tomó conocimiento formal de los delitos en su contra, las características del trámite abreviado que le evita ser sometido a un juicio oral y el monto de la pena. El convenio fue pactado entre los defensores de Iborra, Ramiro Cattáneo y Jorge Bedouret, y la fiscal Nora Marull. En la audiencia estuvo presente el abogado Tortajada en calidad de víctima, ya que si bien fue querellante, sólo presentó acusación contra los supuestos autores materiales pero no por el farmacéutico ahora condenado como instigador.

Enojado. Iborra lleva 3 años y 2 meses en prisión domiciliaria, una modalidad de detención a la que accedió tras manifestar afecciones psiquiátricas. Según los reportes médicos padece de ansiedad, crisis de pánico, irritabilidad e insomnio. En virtud del último informe actualizado que presentó su defensa, la fiscal no se opuso a que termine de cumplir la condena en su domicilio. Así, el acusado dio su consentimiento y las partes firmaron el acuerdo pese a la disconformidad del abogado Tortajada, quien al perder su condición de querellante contra el empresario no puede apelar.

“Por esos delitos la ley habla de un mínimo de 10 años, no de seis. Lo que ocurrió fueron atentados a tiros, no chistes. Así como un ataque derivó en la muerte de un policía, que no era lo buscado, los otros tiros que tiraron por todos lados también podrían haber derivado en una tragedia”, planteó a este diario el abogado de 75 años, quien admitió haber quedado fuera de la querella por un error formal.

Por el ataque a balazos que sufrió Tortajada en el palier de su estudio, Iborra fue acusado de intento de homicidio agravado, con menos pena que la misma figura calificada por la promesa remuneratoria a sicarios. Esto, para el abogado, puede generar problemas y desacoples en el juicio al presunto autor de los disparos. Asimismo, objetó que Iborra cumpla la pena en su domicilio y planteó sus dudas respecto del cuadro psíquico aludido.

Los hechos. José Antonio Iborra, quien falleció en agosto a los 67 años, y su hijo Juan Pablo, de 40, eran inversores de cuatro farmacias del centro que controlaban a través de profesionales matriculados en San Juan 1784, Sarmiento al 800, San Luis 1095 y San Lorenzo 1015. Fueron detenidos en agosto de 2014 en el marco de una pesquisa que conectó distintos delitos. Todos tenían como trasfondo cuestiones ligadas al negocio farmacéutico.

El más grave fue el ataque a Tortajada, baleado el 7 de septiembre de 2012 en el palier de su estudio de Montevideo 2016, frente a Tribunales. El penalista litigaba entonces contra los Iborra en representación de la propietaria de la farmacia de San Juan 1784, quien estaba a punto de perder su casa por desaciertos comerciales. Tortajada le mandó a decir a Iborra padre que estaría en problemas si no salvaba a su clienta de un embargo. A los pocos días un sicario fue a su estudio y le disparó a quemarropa tres balazos.

La investigación determinó que Iborra padre e hijo orquestaron el atentado contra el abogado al contratar como sicario a Pablo Andrés Peralta, quien le disparó a Tortajada por la espalda con un arma calibre 22. El análisis de llamadas reveló contactos telefónicos entre Iborra hijo y Peralta en los días previos. Por este hecho, el que prevé más pena, Iborra hijo fue considerado instigador de un homicidio en tentativa, agravado por el uso de arma de fuego.

En el consultorio. También bajo el rol de instigador Iborra admitió responsabilidad en el ataque al médico Omar Ulloa, quien fue golpeado y asaltado por sicarios en su consultorio de 3 de Febrero al 1000 el 5 de febrero de 2013. Ulloa era uno de los dueños de la cadena Farmavip y un mes antes su casa de Santiago al 3000 había sido baleada.

Ese día, dos hombres irrumpieron en la clínica donde atendía con el pretexto de entregarle una planta como regalo. Ante la vista aterrada de los pacientes amenazaron al médico de muerte, le asestaron un culatazo que obligó a aplicarle ocho puntos de sutura en la cabeza y le advirtieron que desistiera de instalar una farmacia en Maipú y San Lorenzo, a cien metros de donde controlaban un local los Iborra. “Somos los mismos que te baleamos la casa de calle Santiago”, avisaron, y efectuaron tres disparos 9 milímetros antes de salir.

En la calle los dos maleantes se toparon con el policía Carlos Dolce, que custodiaba la cuadra de civil, y pretendió detenerlos. Pero uno de ellos le descerrajó un tiro en el tórax que lo mató en el acto. Consiguieron fugar en un auto pero fueron atrapados a los diez minutos. Eran Peralta y Hernán Matías Núñez, considerados en la causa como brazo armado de los farmacéuticos Iborra. Ellos no fueron parte del acuerdo y esperan juicio oral (ver aparte).

A Iborra no se le imputó la muerte del policía porque ese desenlace no estaba previsto, pero sí los delitos cometidos en la clínica: amenazas coactivas calificadas, robo calificado (a Ulloa le sustrajeron dos teléfonos) y lesiones leves.

Amenazas en cadena. A estos dos casos más graves se sumaron otras cuatro intimidaciones por las que Iborra respondió en calidad de autor. Se trata del ataque que el 27 de agosto de 2012 sufrió la entonces jefa de inspectores de farmacias de Rosario, Patricia Kleinlein, quien recibió un balazo calibre 22 en la puerta de su casa. Esto se encuadró como amenazas coactivas calificadas por el uso de arma y daño calificado. En otro caso fue condenado por una agresión a tiros del 9 de enero de 2013 contra Ana María L. en la zona de la comisaría 15ª.

Iborra también aceptó haber ordenado el ataque con arma blanca al dueño de la farmacia Inglesa de Sarmiento al 600, Daniel D. B., el 29 de enero de 2013, quien resultó herido. Los delitos en este caso fueron amenazas coactivas calificadas y lesiones leves. Y, por último, la autoría de las amenazas por correo electrónico al gerente del laboratorio Roemmers, Jorge Héctor C., del 10 de enero de 2014.