CONDENAN A TRES POLICÍAS POR ABUSO DE UNA MENOR EN LA COMISARÍA 1º

Tres policías de la Unidad Regional II fueron encontrados culpables de atacar sexualmente a una menor de edad en la comisaría 1ª en el mes de julio de 2002 y condenados por esa acción, que incluye otros delitos como privarla de la libertad ilegalmente y amenazarla, a penas de entre 12 y 14 años de prisión. La sentencia impone además a la provincia de Santa Fe junto a los condenados la obligación de indemnizar a la víctima, que tenía 16 años, con la suma de 200 mil pesos más los intereses correspondientes.

La resolución perfila el cierre de un caso que tuvo repercusión nacional y que por sus derivaciones institucionales provocó un tembladeral en la provincia. Fue adoptada ayer por el juez de Sentencia Nº2, Antonio Ramos, quien extendió a una agente la condena, que no es de aplicación efectiva, por dos delitos conexos. Otros cinco policías, entre ellos el entonces jefe de la comisaría, fueron absueltos.

Las penas más severas, 14 años de prisión, recayeron en el oficial ayudante Juan Manuel Morales y en el cabo Ariel Marcelo Canelo. Ambos fueron encontrados culpables de abuso sexual doblemente agravado, tanto por el número de personas actuantes como por su calidad de policías. También por haber privado de la libertad ilegítimamente a la adolescente. Incluso por un intento de extorsión, al requerirle a la chica que llamara a la madre de un joven detenido en esa seccional, a fin de que pagara una coima para obtener la liberación de su hijo. Por último, por amenazarla a fin de callar lo ocurrido.

El oficial subayudante Fabián Patricio Ibarra fue condenado a 12 años de prisión. Fue culpado de privar de la libertad y abusar sexualmente con acceso carnal de la menor. También se le aplicó el mismo agravante que a sus compañeros: por actuar en banda y en uso de su uniforme. Y por coaccionarla a guardar silencio.

Los tres policías condenados por la agresión sexual están privados de libertad desde octubre del año 2002.

En el marco de esta causa, otros siete policías habían resultado procesados por distintos ilícitos que, según el juez de primera instancia, permitieron armar el escenario del ataque y luego ocultar lo ocurrido. Seis de ellos fueron eximidos ayer de esas imputaciones. No ocurrió lo mismo con la agente Gabriela Adriana Scaravilli, quien fue condenada a dos años y tres meses de prisión condicional por incumplimiento de sus deberes y como partícipe necesaria de la privación de libertad de la chica.

Entre los absueltos figura el ex jefe de la comisaría 1ª, Alfredo Porta Guardia, quien había sido acusado de encubrir al personal. También el sargento Ernesto Oscar Olmedo, imputado inicialmente de un episodio irregular que fue el que desencadenó toda la secuencia.

El caso ocurrió el 26 de julio de 2002. Aquella madrugada un policía vestido de civil, según consta en el expediente judicial, detuvo a un chico llamado Ezequiel, sospechoso de cometer un robo. Junto al detenido estaba una amiga, la chica que luego quedaría en el centro de esta historia.

Dos policías trasladaron a los dos jóvenes a la comisaría de Juan Manuel de Rosas 1350. El muchacho fue llevado al penal de detenidos. La chica, que no estaba acusada de nada, se quedó en la sala de guardia, esperando novedades sobre su amigo.

Al promediar la madrugada, según el expediente, dos de los policías utilizaron a la menor como intermediaria para pedirle a la madre de su amigo 200 pesos para liberarlo. Una pericia telefónica comprobaría luego que la mujer recibió dos llamados. Uno de ellos se hizo desde la misma seccional.

Cerca de las cinco de la mañana uno de los policías llamó a la chica y le pidió que fuera hacia el fondo porque debía hablar con ella. Minutos antes la única empleada de la seccional en turno se había retirado. El uniformado la ingresó en un cuarto donde había dos camas de hierro. La tiró sobre una de ellas, le tapó la boca con la mano, sacó un preservativo de abajo del colchón y la atacó. Luego llegó otro policía. El tercero ingresó antes de que se retirara su compañero.

Después del ataque reiterado los tres policías la amenazaron. “Me dijeron que no olvidara que ellos eran policías y sabían donde vivía. Todo ocurrió en menos de una hora”, narró.

La chica no denunció inmediatamente lo ocurrido. Lo hizo 40 días después del incidente. Se había propuesto no decir nada, según dijo, pero el 5 de septiembre de 2002 se cruzó en inmediaciones de la Terminal de Omnibus con dos de sus agresores. Una burla de parte de ellos la quebrantó y por esa razón se animó a hablar de lo ocurrido ante su familia. Al hacerlo accedió al consejo de una tía a realizar la denuncia.

Durante tres semanas, pese a que el acta de lo ocurrido fue formalizada e ingresó a Tribunales, no hubo ninguna medida significativa: no se puso al personal de la 1ª a disposición de un reconocimiento, no se convocó a la víctima para declarar ni se secuestró el libro de guardia de la comisaría donde, se constataría después, nunca se anotó el ingreso de los chicos a la dependencia. Todo lo que no había pasado empezó marchar en medio de una tempestad el mismo día que el caso apareció en la prensa (ver aparte).

Las características físicas de sus agresores y del resto del personal presente en la seccional, las llamadas telefónicas que hizo, la secuencia de los sucesos, las características del cuarto donde fue llevada, todo quedó consignado con detalles elocuentes en la descripción de la adolescente. Por primera vez, al otro día después de la publicación de la denuncia, el juez llamó a declarar a la chica. Ese mismo día el gobierno provincial relevó a los 44 integrantes de la dotación de la 1ª.

Siete días más tarde los tres policías ayer condenados estaban identificados judicialmente como autores de las vejaciones. Poco después la chica los apuntó sin la menor vacilación en una rueda de reconocimiento en Tribunales. Pese a esa determinación, el estado de shock en el que quedó sumergida al quedar confrontada con los policías seguramente será recordado por quienes fueron testigos de la rueda: el juez Adolfo Prunotto Laborde, la fiscal Adriana Camporini, un sumariante del juzgado y los abogados de las partes. Tres días más tarde el juez instructor resolvía los procesamientos.