CONFIRMAN EL PROCESAMIENTO DE 20 POLICÍAS DE LA FEDERAL POR DEFRAUDACIÓN

Unos veinte efectivos que se desempeñaban en áreas técnicas de la Policía Federal quedaron a las puertas de un juicio oral luego de que la Cámara Federal confirmara sus procesamientos por sacar dinero de la Superintendencia de Administración de la fuerza mediante el cobro de viáticos o adicionales que nunca se realizaron. La medida se conoció esta mañana, pero fue firmada días atrás por los miembros de la Sala I, quienes ratificaron lo resuelto por la jueza María Servini de Cubría, quien procesó a los policías por “falsedad ideológica” y “peculado”.

Los delitos están penados con reclusión o prisión de dos a diez años, e inhabilitación absoluta de por vida al “funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia haya sido confiada en razón de su cargo”, recordaron los camaristas Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Horacio Vigliani: “La acción reprimida es la de sustraer, lo cual significa extraer o quitar los bienes de la esfera administrativa en que ellos han sido colocados por las leyes, reglamentos u órdenes legítimas”, dijeron.

Algunos de los acusados sostuvieron que el dinero era “para el buen funcionamiento de las divisiones en que se desempeñaban”, pero los magistrados incluyeron algunos testimonios que aseveraban que “esa promesa no había sido cumplida”. Los elementos del expediente “permiten tener por acreditado que cada uno de los jefes de las distintas dependencias sustrajo el dinero, que percibió en razón de su cargo, por diferentes conceptos (gastos de comida, recargos de servicio y viático en cada caso) para lo cual utilizaron, con el fin de justificar esas erogaciones, documentación falsa”.

Los camaristas también restaron validez a la excusa de algunos subordinados que dijeron haber firmado los recibos adulterados “cumpliendo órdenes de la superioridad” y dijeron que “avanzar sobre ese tipo de obediencia … deberá ser materia, en todo caso, del debate” oral y público. Entre la veintena de jefes policiales investigados están los vinculados a la Superintendencia de Policía Científica, la Dirección General de Pericias, las divisiones Laboratorio Químico, Fotografía y Scopometría, donde “se han detectado en las planillas de que se trata, falsedades tanto ideológicas como materiales”.

Los delitos se habrían cometido entre 2000 y 2002, y consistirían, por ejemplo, en la “inclusión de agentes que prestaban servicios en dependencias distintas de las que se señalaba, o que se encontraban de licencia los días indicados”; o que “aparecían cumpliendo recargos en dos divisiones al mismo tiempo”. Los oficiales investigados son Raúl Pinho, Ricardo Lozano, Claudio Lotocki, Rogelio González, Roberto Weschberg, Juan José Vilas, Norberto Sergio Madrid, Guillermo Héctor Daguer, Liliana Leonor Galván, Ivana Gil y Guillermo Barcelona, entre otros.

Entre las anomalías también hay un viaje a Neuquén el 22 de enero de 2001 que no habría existido; u otro presuntamente realizado a Córdoba -en el mismo período- o un tercero a Mendoza el 11 de febrero del mismo año por diez días que “nunca se efectivizó”. Los camaristas concluyeron que, “el temperamento legal adoptado -en primera instancia cuando se dictaron los procesamientos- habrá de ser confirmado, teniendo en cuenta que en esta etapa procesal se exige que se reúnan los elementos de convicción suficientes como para elevar las actuaciones al juicio oral, momento de verdadera confrontación”.