CONFIRMAN EL PROCESAMIENTO DE ALDERETE EN UNA CAUSA POR SUPUESTO PAGO DE SOBREPRECIOS EN EL PAMI

Entre los argumentos, se destacó que la operación de compra “solamente fue concebida para generar un negocio ilegal”.

La medida fue adoptada por la sala 1 del tribunal de alzada, que de esta manera ratificó lo actuado por el juez federal Jorge Urso, quien había procesado al ex funcionario menemista por “fraude a la administración pública” y le había impuesto un embargo de 500 mil pesos.

El expediente se inició luego de comprobarse que en agosto de 1999 el PAMI compró 40 mil libros a 10 pesos cada uno a la editorial Plus Ultra, pese a que los textos podían conseguirse en el mercado a valores de entre uno y cinco pesos.

La operación fue avalada por Alderete, por todo el directorio y por la consultora Bureau Veritas, que había sido contratada por la obra social para “suministrar información analítica y documentada de precios testigos y condiciones de mercado a los efectos de evaluar las tramitaciones de compras”.

En la resolución, se destacó que “con sólo reparar en el déficit que el PAMI tenía mensualmente y que debía ser cubierto por el Estado, es increíble que unánimemente decidieran efectuar gastos enormes en necesidades que no integran el elenco de las básicas para la obra social”.

Para confirmar el procesamiento de Alderete, los camaristas Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo destacaron que “está sobradamente probada la preponderancia que administrativamente ejercía el Area Presidencia en la ejecución de las actividades del PAMI”.

“Pero también está claro que la actividad del directorio que en este caso resolvió todas las cuestiones por unanimidad resultó determinante para la concreción de la maniobra delictiva”, agregaron los jueces.

En ese sentido, también confirmaron los procesamientos que pesaban sobre el resto de los directores: Domingo Petrecca, Santiago Tomaghelli, Rubén Elías, Reinaldo Hermoso, Eduardo Polemann, María Antonia Maina de González y Dora Terrón.

El ex interventor del PAMI acumula decenas de causas en la Justicia por supuestos casos de corrupción y al menos dos de ellas ya fueron elevadas a juicio oral y público.