CONFIRMAN EN BOLIVIA LA MUERTE DE UN ARGENTINO
La Justicia de Bolivia confirmó que un paciente argentino murió tras recibir un trasplante de riñón en una clínica boliviana de Santa Cruz de la Sierra. La fiscal Rosmery Barrientos detalló que falleció en la Argentina meses después de la operación por un rechazo inmunológico del órgano trasplantado.
“Por el momento, no está demostrado el tráfico de órganos”, dijo Barrientos, y se mostró satisfecha con las explicaciones del médico que realizó ese trasplante. Agregó que aún le falta tomar declaración a otras 20 personas, entre ellas varios médicos que realizaron operaciones de ese tipo en Santa Cruz de la Sierra.
Clarín publicó el domingo la historia de por lo menos tres argentinos que murieron luego de ser trasplantados en Bolivia. Son parte de un grupo de alrededor de 20 argentinos trasplantados en aquel país desde 2005, según la justicia boliviana.
Tras la investigación sobre la venta ilegal de órganos en Bolivia, publicada el 25 de junio, Clarín contó el domingo la historia de al menos tres argentinos que se hicieron un trasplante en Santa Cruz de la Sierra y murieron en cuestión de días.
Y ayer, la fiscal Barrientos, de Santa Cruz, dijo a la agencia EFE que el caso fatal fue informado por la clínica Incor, uno de los cinco centros médicos cruceños investigados por la supuesta práctica de intervenciones quirúrgicas ilegales a pacientes argentinos.
Los donantes bolivianos de órganos dijeron que actuaron por “altruismo” al declarar ante Barrientos y otros dos fiscales que investigan la supuesta venta de órganos por cifras de entre 30 y 40 mil dólares. Admitieron que sólo recibieron el pago por los días de recuperación y comida.
Luego del informe de Clarín sobre la supuesta “compraventa” de órganos humanos y las operaciones ilegales, el fiscal general de Santa Cruz de la Sierra, Jaime Soliz, viajó a Buenos Aires. Soliz es el coordinador de los tres fiscales que investigan el supuesto comercio y trasplante ilegal de riñones, e indagó aquí cómo se reclutaban en Argentina los pacientes que luego eran trasplantados en Bolivia.
El fiscal aseguró que no perseguirá a estas personas ni a los bolivianos que vendieron sus riñones. Desde el informe de Clarín en junio, Barrientos y otros dos fiscales han tomado declaraciones a cuarenta médicos y abogados que intervinieron en los trasplantes de órganos.
La ministra boliviana de Salud, Nila Heredia, dijo en su momen to que pedirá un informe a las autoridades de Salud de la Argentina, tras decir que desconoce la cantidad de muertes de argentinos y bolivianos por esta causa. Las leyes bolivianas permiten donantes vivos, aunque éstos no sean familiares de los pacientes que reciben un trasplante.
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