Confirmaron la prisión preventiva a un acusado en el caso de Paula Perassi

La Cámara de Apelaciones en lo Penal ratificó la detención de Antonio Díaz, quien quedó en la misma situación que los otros ocho imputados en la causa.

La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario confirmó ayer la prisión preventiva de Antonio Díaz, imputado en la causa por la desaparición de Paula Perassi. De esta forma, quien fuera empleado de Gabriel Strumia, que mantenía una relación amorosa con Paula, deberá esperar el juicio detenido al igual que los otros acusados en el proceso.

El camarista Daniel Acosta se expidió ayer sobre la situación de Díaz en una audiencia habilitada durante la feria judicial y confirmó la prisión preventiva, en términos similares a los que había utilizado su par Carlos Carbone al analizar las detenciones de los otros ocho acusados.

Adrián Ruiz, abogado de la querella en representación de los hijos menores de edad de Paula, explicó a LaCapital que “esta fue la última audiencia en la cual se discutió las prisiones preventivas, que llega más tarde que las demás porque este imputado fue el último en ser detenido, el 27 de noviembre pasado”.

La Justicia le dictó a Díaz la prisión preventiva el 1º de diciembre, la cual había sido apelada por la defensa. “No se pudo tramitar en diciembre había dos posibilidades: habilitar feria o esperar, y finalmente se dio de la primera manera”, explicó el letrado de la querella.

Ruiz destacó que en su resolución, “la alzada confirmó no sólo la prisión preventiva sino que dio directivas en cuanto a por qué hay peligro procesal si alguno (de los acusados) es liberado”, ya que consideró que entre ellos “hay involucrados policías”, en “una línea similar a la que ha seguido el doctor Carbone”.

De esta manera, y con la Fiscalía que ya hizo la acusación, resta que haga lo mismo la querella, que tendría plazo hasta el 10 de febrero para hacerlo, y luego el descargo de las defensas. De allí, la causa se elevará al juez de sentencia que desarrollará el proceso bajo el llamado “sistema viejo” de la Justicia penal, también conocido como “escrito”, a diferencia del nuevo procedimiento oral.

El letrado destacó “la posición de la alzada —la Cámara de Apelaciones— en pos de lo que significan los tratados internacionales en cuanto a los derechos humanos y las personas desaparecidas, y en casos donde hay una participación policial, ese creo es el punto más destacable de la resolución”.

Prevén un juicio largo

Consultado sobre los plazos que se estiman para que este caso conmocionante llegue a sentencia, el abogado Ruiz especuló que “por la cantidad de imputados, que son muchos, y si tenemos en cuenta los plazos promedio en causas normales con uno o dos detenidos, esto puede ser largo, más de un año y medio”, aunque aclaró que “esto es por la experiencia, pero como el sistema se está terminando puede que se acelere”.

Con esta resolución de ayer, se estima que todos los imputados esperarán el juicio en prisión, “por lo menos así será por la situación hasta ahora”, señaló Ruiz.

El expediente

El 22 de noviembre pasado, el camarista Carlos Carbone revocó la decisión del juez de primera instancia Juan José Tutau de desvincular de la causa a Díaz, empleado del principal imputado —Strumia—, y sobre quien pesó en su momento un proceso por homicidio simple, que después devino en sobreseimiento, que fue revocado.

En este caso, la imputación a Díaz es por el delito de “aborto sin consentimiento seguido de muerte”, el giro que dio la causa y por el cual hay además otras ocho personas detenidas, entre ellas cinco policías.

Antonio Díaz había estado directamente vinculado a la causa por el homicidio de Paula, a partir de testigos que lo ubicaban junto a la mujer en un bar de Timbúes la tarde de su desaparición, y el rastreo hecho en su domicilio, adonde llegó un perro buscando rastros de la mujer.

El hombre fue procesado junto a Gabriel Strumia, empresario de Puerto San Martín, quien mantenía una relación sentimental con Paula y sería el padre del bebé que se presume estaba gestando.

Paula desapareció en septiembre de 2011, y la hipótesis más firme es que Paula estaba embarazada de pocas semanas de Strumia, quien la habría sacado engañada de su casa para que se realizara un aborto, el cual le habría sido practicado finalmente sin su consentimiento y causándole la posterior muerte. El cuerpo aún no fue hallado.

La acusación del fiscal

El fiscal de San Lorenzo, Román Moscetta, sostuvo en el pedido de elevación a juicio de la causa solicitó que Strumia, su esposa Roxana Michl, el empleado Díaz y la sindicada “abortera” Mirtha Rusñisky sean condenados por el delito de “aborto sin consentimiento seguido de muerte” y “privación ilegítima de la libertad”.

También sindicó a los policías que presuntamente encubrieron el hecho: el ex jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo Adolfo Puyol y los efectivos Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, a quienes les achacó el delito de “encubrimiento agravado por ser funcionario policial”.