CONGELAN EN EL CONGRESO LA LEY MARCO PARA LAS PRIVATIZADAS

El Gobierno y el Congreso decidieron frenar el tratamiento del proyecto de ley que fija el marco regulatorio para las privatizadas. El proyecto, enviado con la firma de Néstor Kirchner el último agosto al Congreso, se elaboró en el Ministerio de Planificación de Julio de Vido. Tras el rechazo de las compañías y en lo que se considera una señal al FMI y al G-7 (los países más ricos) en medio de la negociación de la deuda, trascendió que desde Presidencia y Economía sugirieron a los legisladores que se tomen más tiempo para tratar la iniciativa.

La semana pasada, el ministro Roberto Lavagna le había anticipado a un grupo de empresarios franceses que “tenía muchas dudas” sobre ese proyecto. Y también les dijo que en el Gobierno no había “ninguna urgencia” para avanzar con el marco. En los últimos días, la relación con las empresas privatizadas se complicó más. Fue a partir de la aprobación en el Senado de otro proyecto para impedir los cortes de servicio y que obliga a las empresas a mediar con los morosos.

Esta sanción, que fue aprobada por unanimidad en el Senado el miércoles pasado, tomó por sorpresa a las compañías, que no sospechaban que se reflotaría un viejo proyecto del senador radical Mario Losada. Ayer las empresas de capital español se despacharon en contra de ambos proyectos.

Clarín supo de fuentes legislativas que tanto este proyecto, que ahora debe ser debatido en Diputados, como el del marco regulatorio, quedarán congelados al menos hasta que se reanuden las negociaciones con el FMI. Y para que esto ocurra es condición que se cierre el acuerdo con los acreedores por la deuda en default.

El proyecto de marco regulatorio —que también había sido duramente criticado por el Fondo Monetario y por el G-7— reivindica el poder del Estado para controlar a las empresas, procura el “acceso universal” de todos los usuarios y establece “la continuidad en la prestación en condiciones básicas esenciales para la subsistencia” aun para los que demuestren “manifiesta incapacidad de pago de la factura”.

Con las negociaciones con las privatizadas congeladas, y prácticamente sin avances ni aumentos desde enero del 2002, el Gobierno decidió enviar este proyecto general al Congreso como una señal de que estaba decidido a avanzar en el tema. La situación de las privatizadas fue y es uno de los reclamos centrales del FMI, y se convirtió en uno de los argumentos del organismo para negarse a aprobar la tercera revisión del acuerdo.

En el texto del marco regulatorio, el punto que provoca las mayores rispideces con los empresarios es la inclusión de una tarifa social. Las empresas cuestionan la creación de un fondo que subsidie a los indigentes y que se financia con un triple aporte: un aumento de tarifas del 2% para todos los clientes, un aporte estatal equivalente a la alícuota del IVA y un beneficio del 10% que otorgarán las privatizadas.

El proyecto del marco regulatorio “tiene diferencias centrales con la legislación anterior”, dijeron voceros de las empresas. Entre las discrepancias figuran la creación de un fondo fiduciario, que le permitirá al Estado direccionar las nuevas inversiones hacia las áreas que considere necesarias. Las compañías señalan que no está claro cómo se va a financiar ese fondo.

Con el nuevo marco, las tarifas se revisarán cada cinco años, “cuando lo habitual en casi todo el mundo es que la revisión sea anual”, dicen las empresas. Tampoco se deja claro “cómo se ajustarán”. Y habrá trabas para cortar el servicio por falta de pago.