Constitución y medio ambiente: “la Reforma respira”

Existe, en ámbitos académicos y círculos políticos, la respetuosa referencia a la Constitución santafesina de 1962 como “buena” y de “avanzada”. Esto no es, precisamente, cierto.

Por Pablo Benito

Más allá de las intenciones “políticamente correctas” de reconocer la valentía de aquel ejecutivo de Silvestre Begnis que realizó una verdadera transformación en cuanto a la obra pública, el reconocimiento de nuevos derechos y su enorme capacidad de lograr consensos a partir de su impronta de gestión de hacedor, es inevitable reconocer que la revolución tecnológica ha puesto “patas para arriba” al mundo y dejó a nuestra provincia sin Carta Magna de referencia. Para la historia 66 años son un suspiro, pero para la organización del Estado de un país joven y una provincia infante, es una eternidad.

La ciencia se fue democratizando y haciendo masiva en sus acordes más fáciles de interpretar. Este proceso se produjo de manera vertiginosa. Hoy comprendemos, mínimamente, de lo que hablamos cuando decimos “medio ambiente” y podemos acercarnos a razonar la “biodiversidad” como un concepto, sino científico, sistemático.

Si en los 60 alguien se hubiese parado, en medio de la Asamblea Constituyente, advirtiendo que el suelo provincial iba a ser bombardeado por semillas genéticamente tratadas para soportar un agroquímico que el resto de los rastrojos no podrían sobrevivirlo, hubiese sido condenado a retirarse del recinto con camisa de fuerza. Lo mismo pasaría de imaginar en voz alta que una cosechadora manejada desde una computadora portátil o un teléfono pudiese explotar miles de hectáreas.

Tampoco se hubiese comprendido a un constituyente explicando el calentamiento global y sus innumerables causas, ni el hacinamiento de millones de personas en torno a las grandes ciudades con un campo vacío, ocupado por la robótica, ni a miles de personas capaces de matar o morir más que el de ponerse algo en la nariz, en las venas o en la boca.

Bla, bla, bla

La constitución del 62, en su artículo 28, comenzó a esbozar una preocupación por el cuidado de la naturaleza que provenía de un hecho reciente de depredación sin precedentes en el mundo. Dos años atrás, se había retirado del norte santafesino, luego de haber hecho desaparecer el monte nativo, la empresa -de capitales ingleses y tecnología francesa y alemana- La Forestal. Había destruido 2.000.000 de hectáreas de quebrachales llevándose consigo la extinción de fauna y flora autóctona que no sobrevivió al rey de la selva.

Luego de años de ocupación extranjera en una “Malvinas” de pleno continente, los ingleses se retiraban del norte santafesino no sin antes dinamitar sus propias fábricas e infraestructura, en la que producían el tanino (fundamental durante la Primera Guerra Mundial).

No querían competencia en el monopolio del tanino que ahora se mudaba al África luego de haber descubierto otro gran proveedor de Tanino: la mimosa sudafricana, que podía ser reforestada en escaso tiempo. Los ingleses sabían que en 50 años el quebracho colorado sería historia y tenían las plantas, en su propia colonia sudafricana, para continuar con el negocio. Luego, llegaría el cromo para sustituir el tanino y la contaminación se trasladaría a los efluentes industriales, que pueden ser observados con su daño irreparable en el río Reconquista que pone tango al desastre ambiental.

Papel mojado

La reforma constitucional sería una oportunidad histórica para el establecimiento de límites concretos al usufructo de la propiedad privada en la medida que afecte la salud pública y una planificación del Estado que ponga el eje en la sustentabilidad. Lamentablemente, lejos se está de esto.

En primer lugar, por la negativa de la política a poner en el centro de debate el manejo de “Nuestra Casa” tal como lo denomina Francisco en su encíclica “Laudato Si”. Y en segundo término porque el proyecto enviado por el Ejecutivo a la legislatura, si bien puede ser ampliado, demuestra que no hay conciencia de la clase política sobre lo que se está gestando, en este mismo momento, con la extranjerización de la explotación agrícola en la provincia, que difiere de lo que fue La Forestal sólo en la magnitud del saqueo -que lo triplica ampliamente- y mantiene la misma matriz de la propiedad de las compañías de la totalidad de la logística que no deja ni un poroto de soja en las arcas provinciales.

Estamos en un momento clave en el que tarde o temprano se va a plantear un ordenamiento jurídico del Estado, mediante una Constitución que deberá garantizar un planeta verde y en paz para las generaciones presentes y futuras. Alcanzar este reto no será posible sin que se blinde constitucionalmente el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable, elevándolo a la categoría de derecho fundamental.

La naturaleza no es burocrática

El derecho al medio ambiente se encuentra atrapado en la lógica del derecho administrativo, desconectado de la lógica de los derechos humanos. Esto significa que las leyes formulan obligaciones -muchas veces imprecisas- de la Administración sin derechos correlativos de los ciudadanos, y por tanto con un escaso grado de vinculación. Así, cuando las asociaciones ecologistas exigen el cumplimiento de obligaciones administrativas de actuar, los tribunales suelen negarlo.

Debe incorporarse a la Constitución provincial el derecho ciudadano a abrir la acción popular para mejorar el cumplimiento de la legislación ambiental. Vigilar este cumplimiento no puede recaer solo en las organizaciones ecologistas. Esta defensa ha de abrirse a toda la ciudadanía, pues todas las personas están afectadas por los ataques y riesgos a los intereses ambientales. Permitiría exigir a las distintas administraciones la tutela efectiva del medio ambiente y una profunda revisión de nuestra legislación ambiental.

La reforma del 62 llegó tarde

El desastre ya estaba hecho. En 60 años de tala indiscriminada del quebracho colorado, la cuña boscosa y el monte nativo habían desaparecido. La provincia había permitido la creación de un Estado dentro de otro Estado. Con bandera propia, leyes propias, policía propia y moneda propia. Tarde y con ignorancia culposa. El poder político dejó un testimonio intrascendente de lo que, supuestamente, aprendió del saqueo de La Forestal.

Lo escrito por los constituyentes de 1962 llegó a sellar la tapa del cajón de millones de hectáreas inhumadas. Una serie de slogan se imprimen en texto y apenas sienta precedente de lo ocurrido en el norte santafesino. El Estado no lo hizo antes del 62, ni después. La batería de normas y la creación de una policía ambiental que no deje espacio a la especulación y la corrupción si no blinda el medio ambiente con un marco constitucional, está condenada a promover, en pocos años más, un desastre ambiental irremediable.

Este es el texto escrito sobre la leche derramada en 1962 y lo mismo parecería estar ocurriendo hoy con la posible Reforma de 2018, si ésta sucede.

En su artículo 28, la Provincia promueve la racional explotación de la tierra por la colonización de las de su propiedad y de los predios no explotados o cuya explotación no se realice conforme a la función social de la propiedad y adquiera por compra o expropiación. Propende a la formación, desarrollo y estabilidad de la población rural por el estímulo y protección del trabajo del campo y de sus productos y el mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores.

Estimula la industrialización y comercialización de sus productos por organismos cooperativos radicados en las zonas de producción que faciliten su acceso directo a los mercados de consumo, tanto internos como externos, y mediante una adecuada política de promoción, crediticia y tributaria, que aliente la actividad privada realizada con sentido de solidaridad social.

Protege el suelo de la degradación y erosión, conserva y restaura la capacidad productiva de las tierras y estimula el perfeccionamiento de las bases técnicas de su laboreo. Resguarda la flora y la fauna autóctonas y proyecta, ejecuta y fiscaliza planes orgánicos y racionales de forestación y reforestación.