CONTINÚA LA LUCHA Y BÚSQUEDA DE JUSTICIA POR LA MUERTES DE DICIEMBRE DE 2001.

A través de un comunicado, la Comisón Investigadora recuerda que el próximo 19 de junio se cumplen “18 meses de impunidad para los autores materiales, encubridores y responsables políticos (Gobernador Reutemann, Ministros, funcionarios políticos, policiales y judiciales) de los asesinatos de Graciela Acosta, Yanina Garcia, Walter Campos, Juan Delgado, Ricardo Villalba, Rubén Pereyra, Marcelo Pacini, Graciela Machado y Claudio “Pocho” Lepratti.”

Por tal motivo, se realizarán distintos actos en la provincia con el objetivo de “terminar con la impunidad, para construir una verdadera Democracia con JUSTICIA, por el Juicio y castigo a los Culpables.”

El cronograma de actividades es el siguiente:

Viernes 13 en Santa Fe:
Entrevista de la Comisión Investigadora No-Gubernamental de Santa Fe con miembros de la Comision de DDHH de la Cámara de Diputados de la Nación.

Martes 17 en Capital Federal:
En el Anexo del Congreso de la Nación a las 9, reunión con Organismos de DDHH nacionales, familiares de las víctimas de dic/2001 y organizaciones populares.

En la Sala José Luis Cabezas (1° piso) del Congreso Nacional a las 16:
Conferencia de prensa para dar a conocer el Informe Preliminar de la Comisión Investigadora no-gubernamental de Santa Fe y medidas a tomar.

COMUNICADO DE LA COMISION INVESTIGADORA
“Han pasado 18 meses de la brutal represión sucedida en nuestra provincia en la cual 9 personas murieron, 7 fueron asesinadas por la policía provincial y cientos resultaron heridas. La gravedad de los hechos nos llevó a constituir esta Comisión Investigadora, ante la falta de respuesta oficial al derecho a la ciudadanía de saber que había sucedido y quienes son los responsables penales directos e intelectuales y quienes sus responsables politicos.

El sólo transcurso del tiempo nos ha reafirmado nuestra convicción dando cuenta que de los elementos objetivos recolectados se encuentran comprometidos los tres poderes del estado, creándose las condiciones para impedir el esclarecimiento de las hechos, garantizando la impunidad de sus autores materiales e intelectuales y eludiendo las responsabilidades políticas.

En cuanto a las fuerzas de seguridad en su accionar al momento de desplegar un nivel de represión injustificado, su posterior política de encubrimiento directo de las acciones ilegales cometidas en los lugares en que se desató la misma, su falta de colaboración y su inducción a errores hacia el poder judicial.

En cuanto al Poder Judicial: surgieron elementos que indican serias irregularidades e ineficiencias en las investigaciones llevadas adelante por parte de los juzgados penales intervinientes – Instrucción 13 y Correccional 2da, y por parte de las sala 4ta. de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Rosario. Así como la falta de instrumentación de las medidas necesarias y ajustadas a la magnitud de los hechos investigados , la carencia total y manifiesta de colaboración de las fuerzas de seguridad en su rol de “auxiliar de la Justicia”. Se ha deterinado falencias en la conducción judicial de las investigaciones, las que en algunos casos quedaron por meses en la manos de la policia, sin que se advierta en los expedientes un control jurisdiccional directo lo cual ha impedido recolectar las pruebas necesarias a fin de conocer la verdad de los graves hechos sucedidos . La instrucción Judicial no agota la totalidad de las hipótesis investigativas, fundando sus resoluciones casi exclusivamente sobre la base de las investigaciones realizadas por la policía.

En cuanto al Poder Polìtico: no sólo hemos denunciado “la falta de voluntad política del ejecutivo provincial”, (primeramente puesta de manifiesto al impedir la conformación de una comisión investigadora legislativa, también se evidencia en la “neutralidad”con la que tolera la forma en la que la Polìcìa de la Provincia obstaculiza las investigaciones judiciales. Asimismo la falta de colaboración y la desidia en cuanto a los informes que oportunamente esta comsión ha solicitado demuestran la carencia de voluntad del poder político de asumir las responsabilidades de los funcionarios al momento de ejecutar las políticas de seguridad).

A 18 meses de los hechos, no hemos constatado cambio alguno en la política de seguridad del Señor Carlos Reutemann, como tampoco políticas que tiendan a prevenir situaciones similares y, peor aún, sí desiciones que tienden a perpetuar dentro de las fuerzas de seguridad a los jefes policiales, funcionarios y agentes responsables de 7 asesinatos en nuestra provincia, ascensos a cargos de Inteligencia en el Ministerio del Interior como es el caso del Crio Storani (jefe de la Policía de Santa Fe en diciembre del 2001), y una serie de provocaciones que pusieron al desnudo el desprecio más absoluto del principal responsable de la provincia por los Derechos Humanos de los ciudadanos santafesinos.

A 18 meses, las palabras que mejor resúmen el accionar de la mayoría de los tres poderes del estado santafesino (una mayoría construida en 20 años ininterrumpidos ) son Complicidad, connivencia e Impunidad.

Dentro de este contexto hemos tamado conocimiento de las palabras vertidas por el Juez interviniente quien reconociò ante la prensa que la policìa era poco confiable.

La falta de colaboración del Poder Politico y en algunos casos las obstrucciòn a las investigaciones por parte de la policia han dado como resultado, que nos encontramos a un paso del cierre definitivo de gran número de las causas en las investigaciones por las muertes.

Entendemos que es obligación del Juez hacer cumplir la ley y sancionar a quein no lo hace, si el juez entiende que no existió colaboración de la policía debe tomar las medidas necesarias para que ello ocurra. Casi la totalidad de las investigaciones judiciales se encontraron paralizadas durante varios meses y a partir de esto se han dictado en algunos casos autos de falta de merito para el personal de las fuerzas de seguridad involucrados y cumplido los plazos los sobreseerá vedando la posibilidad de investigación y privando a las victimas del derecho al acceso a una justicia eficaz y a conocer quienens resultan responsables de la muerte de sus familiares, tanto materiales como intelectuales.”