CONTINÚAN MULTANDO A AUTOMOVILISTAS CON RADARES SIN HABILITACIÓN

Ninguna comuna de la provincia tiene habilitación para controlar la velocidad del tránsito vehicular mediante la utilización de radares fotográficos en rutas. Así lo confirmaron funcionarios de la Subsecretaría de Transporte provincial, repartición que detenta la autoridad para la aplicación de órdenes de tránsito de acuerdo a la ley 12.217, sancionada en enero de 2004 por la Legislatura provincial. De este modo, queda en evidencia que la decisión de diversas comunas –según denuncias, entre ellas se encuentran Venado Tuerto y Pujato– de mantener estos controles y sancionar a los infractores no está encuadrada dentro del nuevo marco legal.

Nueva reglamentación

La nueva reglamentación estipula que aquellas municipalidades o comunas que pretendan ejercer el control de velocidad, deberán solicitar autorización a la Subsecretaría de Transporte; y las que hubieran obtenido autorización con anterioridad a la sanción, deberán realizar un nuevo trámite. “Cinco comunas de la provincia comenzaron a realizar los papeles para acogerse a la nueva reglamentación, cuyo requisito principal es que una ruta nacional o provincial atraviese a ese ejido urbano”, informaron desde la Subsecretaría, aunque aclararon que hasta ahora no han recibido ninguna petición por parte de las localidades denunciadas. No obstante, confirmaron que éstas se encontraban encuadradas en el régimen anterior.

Estos municipios vienen siendo centro de conflicto desde principios de 2001, cuando diversos automovilistas comenzaron a recibir en su domicilio multas por manejar a alta velocidad, con matasellos de esos pueblos o ciudades. Inclusive, en el caso de Pujato, actualmente el envío lo realiza una empresa de Río Cuarto, en Córdoba. El jefe comunal de ese pueblo indicó que se trata de una concesión y consideró que los radares cumplen una función educativa, para que no se cometan nuevas infracciones.

“Las sanciones se aplican cuando el vehículo excede los 60 kilómetros por hora. La primera infracción sólo recibe un apercibimiento, salvo que la velocidad supere los 90 kilómetros por hora, y las multas tienen montos fijos que se calculan tomando como parámetro el precio de venta al público de un litro de nafta especial”, explicaron desde la Subsecretaría de Transporte.

Hay que defenderse

“Lo más importante es que la gente no deje de defenderse. La comuna puede no considerar válida la nota que le damos a la persona que hace la denuncia, pero la provincia es clara en este sentido: ninguna localidad está autorizada a cobrar multas en este momento”, indicó María Bressa, directora de la regional Rosario de la Defensoría del Pueblo. “Nunca es bueno dejar la multa que se recibe en un cajón. Para esos casos, nosotros le damos a la gente un texto de respuesta a quienes labraron la infracción. Y por eso sugerimos que quien tenga este problema venga aquí, porque lo que están haciendo estas comunas es ilegal”, señaló.

“Nos han dicho que avalamos infractores y eso no es cierto. No estamos a favor de que la gente no pague multas si cometió una infracción; pero, en este caso, es importante el hecho de que las comunas no tienen un aval legal para cobrar estos dineros. Si queremos un estado de derecho, el Estado es el primero que debe respetar los derechos”, agregó Bressa.

En ese sentido, un comunicado de la Defensoría publicado meses atrás indicaba que “la utilización de los radares como método de control, al igual que otros sistemas igualmente válidos, sólo puede ser considerada legítima y acorde al interés público, en tanto y en cuanto se apliquen metodologías de uso destinadas a la prevención de accidentes, y no se desvirtúen con sesgos recaudatorios”.

“Las multas son educativas, pero no caprichosas”

“Desde que pusimos los radares no hay más accidentes en el pueblo, que está cortado al medio porque por acá pasa la ruta 33. Esta no es una medida recaudatoria, sino que la gente me pidió que haga algo para controlar a los automovilistas que pasan demasiado rápido. Ojalá yo no tuviese que tocar un peso de las multas, y hubiese leyes que directamente le saquen el carnet a la gente que maneja así”. Con estas palabras, el presidente comunal de Pujato, Mario Gatti, defendió la utilización de radares en declaraciones radialesa Radio 2.

“Yo nunca me comuniqué con la Defensoría del Pueblo, ni ellos conmigo. Pero si la Defensoría viene y verifica que estamos cobrando multas por capricho, que me traiga una solución para desviar el tránsito, o que me diga qué debo hacer”, continuó Gatti. También aclaró que se trata de un servicio concesionado, que maneja una empresa de Río Cuarto “porque la comuna no puede comprar un sistema” de estas características. “Yo aplico (este sistema) para que la gente vaya teniendo conocimiento y conciencia”, finalizó el jefe comunal.