CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

La apuesta del concejal socialista Ricardo Barrera es instalar el debate en la sociedad en torno a la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Para lograrlo acaba de presentar un proyecto de declaración a favor de la modificación de la ley nacional 23.737, que pena el consumo personal de estupefacientes. Barrera sabe que el proyecto generará un fuerte debate y para empezar tiene, seguro, el apoyo de sus compañeros de bancada.

La iniciativa propone que el Concejo se expida a favor despenalización y pida que se modifiquen los artículos 14, 19 y 20 de la ley nacional 23.737 y se eliminen los artículos 17, 18, 21 y 22 de la misma. Según explica el edil, “todos estos artículos perjudican al consumidor de drogas y son la herramienta que permite criminalizar la tenencia y el consumo, debilitando, por este camino, mucho más a las personas que sufren adicciones”.

Entre los argumentos que se señalan, el proyecto plantea que es necesario terminar con “las situaciones de marginalidad, criminalización y estigmatización a la que se ven sometidos los consumidores de drogas ilícitas” y, al mismo tiempo, cuestiona “las injusticias que provoca la vigencia y aplicación de la ley N° 23.737 de estupefacientes”. “Lejos de reducir la demanda de sustancias ilícitas, la aplicación de esa norma sólo ha aumentado el número de causas que se tramitan en los juzgados federales, en las que se ven implicados, en su mayoría, consumidores y no narcotraficantes”, señaló Barrera.

En Rosario, la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (Arda) es una de las impulsoras de la despenalización del consumo y la tenencia de drogas ilegales y, además de la actividad que desarrollan en el campo de la investigación médica y asistencial, fue la organizadora de la primera marcha a favor del cambio en la legislación.

El concejal reconoció la necesidad de revisar la ley que pesa sobre miles usuarios que sufren la restricción de las acciones de la esfera de la libertad individual –consagradas en el artículo 19 de la Constitución Nacional– y además, están sometidos a la marginalidad que genera la penalización de la tenencia para uso personal.

El proyecto también califica como “obsoleta” a la legislación vigente, que “se remonta a la época de José López Rega” –según recordó Barrera– ya que el accionar de las autoridades se centra en “la persecución de los tenedores de pequeñas cantidades de estupefacientes para uso personal, que son las verdaderas víctimas de este drama”. Los resultados negativos obtenidos muestran que a través de su vigencia se criminalizó a más de 200 mil personas, en su mayoría jóvenes que carecían de antecedentes penales.

“El lugar de clandestinidad en el que se encuentran los usuarios de drogas los aleja de los servicios de salud y del sistema médico formal, lo que incrementa los riesgos de contraer distintas enfermedades, como HIV, hepatitis, problemas pulmonares, entre otros. Esta situación los aparta también de la posibilidad de recibir información tanto acerca de los riesgos del consumo como de las formas de prevenir las enfermedades relacionadas con el mismo”, concluyó el edil.