CONTROL CIUDADANO EN LA SELECCIÓN DE JUECES

El Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe resolvió en una reunión extraordinaria que las entrevistas personales de los candidatos a jueces “serán de libre acceso a la ciudadanía”. La medida se adoptó el 4 de este mes a raíz del pedido de un abogado rosarino, Carlos García Montaño, que el 25 de junio quiso ingresar a una evaluación en la ciudad de Santa Fe pero no fue autorizado porque el cuerpo nunca había considerado esa posibilidad ni se había expedido al respecto. El letrado insistió, deslizó la posibilidad de una denuncia penal y llegó a mandarle una carta de reclamo al gobernador Jorge Obeid, hasta que finalmente el Consejo se pronunció por escrito. A partir de ahora el sistema será más abierto, participativo y transparente.

Es que todos los ciudadanos podrán asistir a la tercera etapa de la selección de los magistrados provinciales. Las otras dos instancias, previas, consisten en un concurso de antecedentes y oposición. El reclamo de García Montaño se fundamentaba en que las audiencias son públicas y si se prohíbe el ingreso a ellas se vulnera un derecho. Sucede que hasta diciembre del año pasado, cuando el profesional planteó el tema por primera vez, nadie había propuesto estar presente en las entrevistas.
Más allá de la participación directa de los ciudadanos, la calificación de las pruebas en las tres etapas es pública y puede ser consultada por los interesados en la sede de la Subsecretaría de Justicia, en la ciudad de Santa Fe. Allí mismo también se puede ver el organigrama de entrevistas, que es bastante intenso, para lo que queda del año.

El Consejo de la Magistratura está presidido por el subsecretario de Justicia, Walter Gálvez, y lo integran además el titular de la Corte Suprema, Roberto Falistocco; un representante del gobernador, Gustavo Vera; un miembro del Colegio de Abogados y otro del Colegio de Magistrados. Funciona en la provincia desde 1990, antes aún que en el orden nacional. Hasta marzo de 2003 sólo había una etapa de evaluación, la de antecedentes, y luego se incorporaron las demás.
Se trata de un órgano consultivo del Poder Ejecutivo que, culminada la valoración, eleva una terna al gobernador para que éste defina la designación. La medida adoptada el 4 pasado en reunión extraordinaria, tal como había anticipado este diario, favorece la transparencia del sistema al garantizar los principios constitucionales de la publicidad y el control de los actos de gobierno. Ahora resta saber si la ciudadanía se apropiará de la nueva herramienta, ya que por ejemplo nadie hizo uso aún de las ventajas que establece el decreto Nº 17 del 11 de diciembre pasado.

Este instrumento legal permite que la población opine sobre los postulantes una vez que se publica el listado en el boletín oficial y en los diarios de mayor circulación.