CONTROLES DE TRABAJO EN INMACULADA

Como se recordará, el gremio había requerido dicha documentación para corroborar los argumentos esgrimidos por la institución educativa, cuando fuera expulsado en diciembre de 2005 el docente Luis Escobar. En la ocasión, las autoridades de Inmaculada justificaron el despido en la “necesidad de reestructuración”.

Según explican desde el Sadop, la Ley de Educación Privada obliga a los colegios de su órbita a exponer la documentación que respalde los despidos del personal. Este es el trámite que el gremio inició a partir de la expulsión de Escobar, situación que se profundizó con el anuncio reciente del cese de tareas de cinco docentes.

El 5 de enero pasado, inspectores de la cartera laboral se presentaron en la sede del colegio para solicitar documentación. En ese momento, la institución pidió un plazo de un mes. El 6 de febrero último Inmaculada reiteró el pedido, período que venció ayer. Esto explica la presencia de los dos inspectores de la Secretaría de Trabajo en la sede la institución, desde las 11 de la mañana hasta las 15.

Según expresó Patricia Mounier, Secretaria Adjunta de Sadop, se constataron una serie de irregularidades vinculadas a retrasos o pagos fuera de término de aportes sindicales a la Obra Social, Afip, ART, así como fichas de trabajo y de licencias incompletas, e inexistencia de planillas de horarios y descansos.

Dirigentes del Sadop agregaron que también se constató una importante deuda con la Caja de Jubilaciones de la provincia, convenio de pago rubricado en octubre de 2005 por una deuda original de 110 mil pesos. Según el convenio, el monto asciende -por intereses- a $147.111,44, y se cancelaría en octubre de 2015, que le significan a la Caja un ingreso de $1.200 por mes.

También fue corroborada la falta de pago del incentivo docente a cerca de 60 docentes.

Sadop anticipó que continuará requiriendo información, como por ejemplo, lo relacionado con los ingresos de la institución, dado que con esta documentación podrán comprobarse o no las razones aducidas para el despido de personal. Al respecto, el gremio reiteró el compromiso asumido por la ministra de Educación, Adriana Cantero, de convocar a las autoridades del Colegio para clarificar la situación institucional.