CÓRDOBA CADA VEZ MÁS CERCA

A través de un decreto presidencial, el gobierno nacional garantizó ayer el financiamiento -415 millones de pesos- para la finalización de la construcción de la autopista Rosario‑Córdoba.

Como la obra no contaba con partidas significativas dentro del Presupuesto del año en curso, la resolución firmada por el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido utiliza recursos provenientes de fideicomisos para terminar la conexión vial a mediados del 2007, asignándole para el 2004 treinta millones de pesos. La medida adoptada por la Casa Rosada beneficia en particular a tres provincias: Santa Cruz, Buenos Aires y Santa Fe -en ese orden- pese a que la relación entre el gobernador Jorge Obeid y el presidente Néstor Kirchner no pasa por su mejor momento.

“Es una gran noticia que nos permite estar seguros que la obra se terminará”, evaluó el responsable de la provincia en Buenos Aires, Héctor Cavallero.

El decreto 508/04 publicado ayer en el Boletín Oficial dio forma al marco normativo al que deberán ajustarse la ejecución de las obras de infraestructura vial e hídrica por un monto total de 1080 millones de pesos para el 2004. Allí se especifica además su fuente de financiamiento, provenientes del impuesto a los combustibles.

En los considerando de la norma se aclara que las atribuciones otorgadas a Vialidad Nacional, obedecen a que una parte importante de las obras promovidas no fueron incluidas en el Presupuesto nacional, y a que la situación del país no permitió al Estado cumplir en tiempo y forma con los compromisos interjurisdiccionales. Agrega que ante la necesidad de contar con estas obras el gobierno debió buscar una fuente de recursos que habilite su financiamiento permitiendo su concreción.

Durante el 2004, el listado de obras comprometidas en el decreto publicado ayer está encabezado por la provincia de Santa Cruz (122 millones de pesos), seguida por Buenos Aires (54 millones) y por Santa Fe (30 millones para la autopista y un millón para obras en Rafaela que no se especifican). No es un dato menor si se tiene en cuenta que las dos primeras son provincias claves para la alianza gobernante entre duhaldistas y kirchneristas. Además en Santa Fe se están ejecutando obras por más de 300 millones de pesos con fondos nacionales.

En ese marco, para los trabajos en la autopista Rosario‑Córdoba se dispuso un monto de 30 millones de pesos durante el 2004, otros 200 millones para el bienio 2005-2006, y 185 millones para el 2007, garantizando así su finalización en el último año de la presidencia de Kirchner. El propio De Vido había proyectado esos tiempos el 12 de marzo pasado tras dejar habilitado el tramo Roldán-Carcarañá de la autopista.

“Lo ideal hubiese sido que los fondos estén en el Presupuesto. Pero el hecho de que por decreto se le asignen recursos del Fondo Vial es un gran avance y nos asegura que la obra se terminará porque este fideicomiso se nutre del impuesto al gasoil, que es un combustible muy usado y por ende el gobierno tiene garantizada esa plata”, dijo Cavallero. Tras elogiar al gobierno nacional “por cumplir sus promesas”, el ex legislador nacional indicó a Rosario/12 que en agosto próximo se llamará a licitación para construir el tramo Carcarañá-Cañada de Gómez (25 km), etapa para la cual se están elaborando los pliegos.

Mientras tanto, del lado cordobés en octubre está previsto que se inaugure el tramo Pilar-Oncativo (38 kilómetros) y se llamará a licitación para realizar el trayecto Oncativo-Villa María. Al mismo tiempo el gobierno de Córdoba a través de un crédito del BICE hará el tramo Villa María-Bell Ville, por lo que sólo restará llamar a licitación para el recorrido Bell Ville-Cañada de Gómez.

El gobierno aguarda además un pronunciamiento de la Procuraduría del Tesoro sobre los incumplimientos en los que incurrió Covicentro, el anterior concesionario de la ruta nacional Nº 9, al no haber realizado los casi 100 kilómetros de Rosario a Armstrong como lo establecía el contrato de concesión. La opinión de la Procuraduría servirá para futuras intimaciones a Covicentro, lo que permitirá recuperar recursos en caso de concretarse ejecución de garantías.