CORRIENTES ESTÁ CONMOCIONADA POR LA SOSPECHA

Las acusaciones que pesan sobre los siete jóvenes correntinos implicados en el homicidio de Ariel Malvino, en Brasil, ganaron rápidamente la calle de esta ciudad, donde el tema se ha transformado en la comidilla de bares, esquinas y corrillos políticos.

Los primeros en salir a la palestra fueron el conocido empresario Jorge Braun y su esposa, Nidia Billinghurst, abogada famosa por su pasado como reina del carnaval y por su más reciente incursión en política (estuvo a punto de ser diputada provincial hace dos años). Firmaron una carta abierta en la que expresaron acerca de sus hijos: “Lautaro y Eduardo Braun y sus amigos no han realizado acción homicida alguna; no han quitado la vida de Ariel Malvino, puesto que el máximo valor que se ha inculcado e inculca siempre en el seno de nuestra familia es el respeto absoluto a la vida humana”.

La carta fue leída ayer por distintas emisoras y alimentó los comentarios que aún circulan por Corrientes. Conscientes de que su descenso al terreno mediático serviría en parte para fomentar especulaciones, los Braun advirtieron que sintieron la necesidad de expresarse públicamente ante la inexactitud de las versiones instaladas en la opinión pública local.

“Hubiéramos preferido el silencio y hablar únicamente frente a quien corresponde en una sociedad civilizada: el juez”, señalaron a través del escrito, al mismo tiempo que justificaron su irrupción mediática explicando: “Decidimos hacerlo ante una verdadera catarata de graves imputaciones sin fundamento jurídico alguno y como un deber ético para quienes nos conocen, con quienes compartimos nuestra vida en nuestra ciudad de Corrientes”.

El matrimonio, que alcanzó a hacer declaraciones similares a canales de noticias que montaron guardia en su residencia de la calle Plácido Martínez, en el centro de esta ciudad, aclaró que no volverían a referirse a la situación judicial de sus hijos en los medios. “[A partir de ahora] las explicaciones habremos de darlas ante los jueces, porque es lo que corresponde, y no habremos de entrar en una disputa mediática por respeto al joven fallecido, a su familia y a otras familias también golpeadas por esta tragedia no querida por nadie.”

Por su parte, el subsecretario de Turismo de la provincia, Horacio Vicente Pozo, difundió otra carta abierta en la que aborda el caso con la misma óptica que los Braun. El funcionario escribió que sería la primera y última vez que haría declaraciones públicas respecto del asunto; descontó la inocencia de su hijo y aclaró que el chico “jamás se comportó como un fugitivo ni ha buscado o recibido protección de sector alguno, sea éste político, económico o social”.

Aseguró, además, que el joven Horacio Vicente Pozo (cuya identidad es proporcionada por el propio padre en la misiva) “no ha cometido el delito que los medios le imputan ni ningún otro [pero que] como aporte al esclarecimiento del hecho prestará la declaración correspondiente ante el juez que para tal efecto lo cite”.

Pozo aseguró además: “Ni como funcionario ni como ciudadano busqué ni buscaré dar protección indebida a mi hijo, de quien convencidamente sé que es inocente”.

En coincidencia con el matrimonio Braun, el subsecretario de Turismo expresó que mantuvo silencio por “respeto hacia la víctima”, pero que se vio en la necesidad de expresar su versión de los hechos ante “tantas inexactitudes que contienen las versiones” que conocen sobre lo ocurrido en Ferrugem el jueves 19 de enero, cuando el chico Malvino fue herido a golpes -y murió luego a causa de un traumatismo craneoencefálico- por un grupo de jóvenes entre los que habría sospechosos correntinos.

Las cartas de los Braun y de Pozo contribuyeron a desterrar trascendidos potenciados en los mentideros vernáculos, que relacionaban el caso con hijos de ex gobernadores o de jueces.

Las ramificaciones del crimen de Ferrugem no llegan tan alto. Los jóvenes implicados pertenecen a familias conocidas del ámbito político y empresarial de Corrientes, pero no llevan apellidos tan famosos como pueden ser los de un ex jefe de Estado o un magistrado.

Sus identidades están en poder de la Policía Federal Argentina, que hace un seguimiento preventivo de los implicados. Una alta fuente de la fuerza explicó a LA NACION que por el momento, en tanto no haya orden de captura, “esos chicos tienen libertad para deambular y hacer su vida normal, como cualquier ciudadano”.

Dicha fuente agregó: “El día que llegue la orden, tendremos que detenerlos y es posible que deban esperar el juicio de extradición privados de su libertad, porque el homicidio, tanto en Brasil como en la Argentina, es un delito no excarcelable”.

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