CRECE EL ESCÁNDALO POR EL DESVÍO DE PLANES SOCIALES

Después de denunciar irregularidades en 77 de los 134 municipios bonaerenses, el fiscal federal Guillermo Marijuán comenzará hoy a investigar si también efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales y de las Fuerzas Armadas recibieron o reciben subsidios de planes sociales destinados a personas sin trabajo.

“Para no focalizar el estudio nada más que en intendencias bonaerenses y fuerzas policiales provinciales, se va a analizar la situación en instituciones nacionales”, dijo ayer Marijuán a LA NACION. El jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) anticipó que esta mañana enviará oficios a la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para solicitarles la nómina completa de sus empleados. Esas listas serán cruzadas con los padrones de beneficiarios de todos los planes nacionales de subsidio a desempleados desde 1998 hasta hoy.

El perjuicio causado por las 1766 irregularidades descubiertas en los 77 municipios bonaerenses denunciados es de alrededor de 1,6 millones de pesos, calculan en la Ufises. El desfalco alcanza los 2,3 millones de pesos si se contemplan otras 31 intendencias que -adelantaron en la Ufises- serán denunciadas en los próximos días.

El total de hechos ilícitos descubiertos en esas 108 comunas llega a 2576. Además, se están corroborando 1158 casos similares en otras 15 intendencias, por lo que las anomalías podrían superar las 3700 y alcanzar a 123 de los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El cálculo acerca del perjuicio económico para el Estado surge de multiplicar la cantidad de hechos ilícitos por el monto promedio de los planes sociales (150 pesos) y, luego, por seis, que es la cantidad promedio de meses durante los que se habría extendido cada uno de los casos.

Como ocurrió con la pesquisa en las intendencias, en la Ufises estiman que el trabajo para determinar si hay irregularidades en las Fuerzas Armadas y de seguridad llevará algunos meses.

De hecho, la investigación sobre los municipios -que reveló ayer LA NACION- comenzó en diciembre del año pasado, luego de que se detectaran -durante 2003- casos de empleados estatales que cobraban planes de empleo en las provincias de Santiago del Estero (1249), Córdoba (295), Río Negro (145), Catamarca (183), Salta (71) y San Juan (37), según datos de la Ufises.

Una investigación que también comenzó en diciembre pasado y que finalizó en abril de este año reveló, en tanto, que más de 1200 agentes en actividad de las 23 policías provinciales cobraron subsidios para desempleados.

El entrecruzamiento entre el padrón de beneficiarios y las listas de empleados estatales se realizará con la asistencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Reacciones diversas

La noticia acerca de las 77 comunas denunciadas provocó ayer reacciones diversas entre los intendentes bonaerenses consultados por este diario. El jefe comunal de Avellaneda, Baldomero Alvarez de Olivera -que podría ser citado a declarar por 232 irregularidades registradas en su comuna- reconoció: “Es posible que haya habido irregularidades. Nosotros estamos haciendo una investigación. Yo ordené una denuncia penal para esclarecer estos casos”, dijo (de lo que se informa por separado).

Avellaneda encabeza el ranking de irregularidades entre las 15 intendencias en las que aún resta corroborar algunos datos antes de radicar la presentación penal. Entre las 77 comunas ya denunciadas, Quilmes tiene el mayor número de anomalías: 94. Le siguen Moreno (110), Pilar (103), San Isidro (91), San Martín (79) y San Fernando (65).

De las 31 intendencias que serán denunciadas en los próximos días, en Malvinas Argentinas fueron descubiertos 260 hechos ilícitos; en General Villegas, 71; en General Alvarado, 59; en Morón, 52; en Necochea, Ramallo y San Nicolás, 31; en Berisso, 29, y en Bolívar, 28.

En su momento, Marijuán destacó que, además de perjudicar económicamente al Estado, estas anomalías habían impedido que recibieran asistencia personas que cumplían realmente con los requisitos.

Si bien en las denuncias sólo se menciona como imputados a los beneficiarios que percibieron los planes de empleo en forma irregular, las presentaciones de Marijuán -radicadas ante los diversos juzgados federales de la provincia de Buenos Aires- dicen que “deben ser investigados los funcionarios municipales y los miembros de consejos consultivos que permitieron, participaron o encubrieron esta maniobra”.

El delito que se le imputa es el de defraudación al Estado, que prevé una pena de dos a seis años de prisión.