CRECE EL NÚMERO DE EMBARAZOS DE ADOLESCENTES EN LA POBREZA
Con sólo 17 años, hace dos y medio que Mariana lidia con pañales y mamaderas. No estaba en sus planes, la maternidad llegó sin consultarle. No fue fácil asumir tamaña responsabilidad en una época tan conflictiva. “Durante el embarazo tuve un techo y para alimentarme; cuando nació mi hija, a veces no tenía plata para los pañales o para la leche y a veces tuve que elegir; comía mi hija y yo no”, dice.
El 14,6 por ciento de los nacidos vivos son hijos de madres menores de 20 años, según estadísticas oficiales, y la mayoría provienen de hogares de bajos recursos, en una proporción de 17 a 1 respecto de las de más altos ingresos, según un informe de Periodismo Social, organización no gubernamental que en su Capítulo Infancia promueve los derechos de los chicos.
En 1989, el 13,8% de los nacidos fueron de hijos de adolescentes. En 2000, eran el 15% de los 701.878 bebes, según el Ministerio de Salud de la Nación, con datos recopilados por la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Entre 1980 y 2000 la maternidad adolescente creció 14,2%. A la vulnerabilidad psicológica y física de ser madre en esa edad tan difícil se suma la pobreza, que condiciona los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes.
Periodismo Social cruzó ambas variables: a comienzos de 2003, tres de cada cuatro bebes llegaban a un hogar pobre y en mayo de 2003, 6.367.839 menores de 18 años estaban bajo la línea de pobreza y 2.891.336, en la indigencia.
Según la entidad, el Estado elabora programas que resultan insuficientes, mientras las ONG multiplican esfuerzos para prevenir y afrontar una de las consecuencias más frecuentes de la superposición de ambos problemas: los embarazos adolescentes no planificados.
“La situación socioeconómica condiciona el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Para Cecilia Correa, de FEIM, «uno de los factores que más inciden en los embarazos adolescentes es la pobreza». Ser madre y padre adolescente suele iniciar una cadena: abandono escolar, inserción laboral prematura, responsabilidades económicas y posibles riesgos biológicos para la madre y el bebe, sumado a la pérdida de vivencias propias de la adolescencia”, detalla el informe.
El panorama se complica cuando el embarazo no planificado se resuelve por la vía del aborto. Una de cada tres (35,3%) de las muertes maternas en adolescentes se debe al aborto. En 2000, casi 12.000 adolescentes fueron hospitalizadas por problemas derivados de un aborto y por primera vez en el país se registraron muertes en menores de 15 años.
“El Estado, por obligación y poder de acción, debería ser el principal garante de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable comenzó a aplicarse a partir de marzo de 2003, para disminuir los índices de embarazo adolescente.
“Sin embargo, muchos distritos han acusado la falta de insumos y apoyo para ejecutarlo”, continúa el informe. Señala que las organizaciones civiles trabajan en organizar talleres, capacitar a adolescentes y a operadores sociales. “Las dificultades para una sexualidad responsable y la prevención de los embarazos no planificados se potencian en un país donde el 66,7 por ciento de los menores de 18 años es pobre”, agrega.
La mayoría de los embarazos adolescentes no son planificados. Unicef y otras organizaciones coinciden en que los motivos son la falta de información sobre la sexualidad y el cuidado del cuerpo, y la dificultad en el acceso a métodos de prevención.
El 27,3% de las más pobres fueron madres antes de los 20 años, pero sólo el 1,6% de las mujeres del estrato más alto tuvo una maternidad temprana, según un reporte de 2003 del gobierno nacional. El índice más alto de maternidad adolescente lo exhibe el Chaco, con el 24,1% de los bebes que nacen de una mujer menor de 20 años.
Con panza, pero a clase
Las consecuencias del embarazo no planificado se extienden a la vida escolar de la madre y del padre adolescentes. “Sólo en los últimos años las leyes empezaron a contemplar la situación, y en algunas zonas se adoptaron programas para garantizarles su derecho a la educación. En 2000, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.273 que crea un régimen especial de inasistencias justificadas -hasta 30- por razones de gravidez para alumnas embarazadas. La norma, a su vez, contempla otorgarles una hora diaria durante el período de amamantamiento”, explica el informe.
En mayo de 2002, el Congreso sancionó la ley 25.584, que prohíbe “en los establecimientos de educación pública de cualquier nivel, ciclo y modalidad, toda acción que impida el inicio o la continuidad del ciclo escolar a una alumna embarazada”.
La Legislatura porteña creó en noviembre de 2001, por ley 709, un régimen especial de 45 inasistencias para alumnas embarazadas y de cinco días para los alumnos en condición de paternidad.
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