CRECE EN COLOMBIA LA AMENAZA ARMADA A LOS PRÓXIMOS COMICIOS

Con tres aspirantes a alcalde asesinados e insistentes amenazas a los candidatos en un centenar de municipios, los grupos armados intensificaron su campaña para boicotear las elecciones regionales en Colombia, previstas para el 26 de octubre.

Pese a los esfuerzos que realiza el gobierno de Alvaro Uribe para garantizar la seguridad, las acciones de violencia de la guerrilla y de los paramilitares han comenzado a afectar la organización de los comicios. El propio mandatario ha sido considerado blanco de la insurgencia, como lo demuestran los explosivos hallados anteayer en un hotel de Barranquilla que fue visitado por Uribe.

La situación en un centenar de municipios de los departamentos de Nariño (Sur), Antioquia (Noroeste), Boyacá (centro) y Cauca (Suroeste) se ha tornado crítica por los reiterados ataques y amenazas contra candidatos a alcaldías, concejos y gobernaciones. El temor de postularse a un cargo tiene a siete municipios sin ningún candidato y a otros 22 con postulantes únicos, según la Registraduría Nacional, el órgano electoral del país.

Las amenazas pasaron al terreno de los hechos en el caso de tres candidatos a alcalde y un aspirante a una gobernación departamental, según la Federación Colombiana de Municipios, que agrupa a los mandatarios locales del país. El caso más reciente es el del candidato a alcalde de la población de Angostura (Antioquia), John Freddy Quiroz, que fue asesinado el lunes por un grupo armado no identificado.

Los colombianos están convocados a las urnas para renovar a 1100 alcaldes, 32 gobernadores, diputados departamentales y concejales.

Las acciones de los grupos armados incluyen no sólo el secuestro de candidatos, sino también la exhortación a votar a determinados aspirantes, así como anuncios de los lugares donde los comicios estarán totalmente vetados.

El caso más extremo de las intimidaciones se presenta en Nariño, donde la semana pasada las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) declararon objetivo militar a los candidatos de los 64 municipios de este departamento fronterizo con Ecuador.

La amenaza fue revelada por el aspirante a la alcaldía de Puerres Silvio Belalcázar. El candidato había permanecido en poder de las FARC durante dos semanas; cuando los rebeldes lo liberaron también le entregaron un comunicado con el anuncio de un posible boicot.

“Me da pena por mi pueblo, pero primero está la vida”, declaró a la prensa Geovanny Anacona, candidato único a la alcaldía de San Sebastián, un pueblo indígena del sur de Cauca que fue amenazado por la guerrilla.

Los grupos insurgentes tienen en su poder una larga lista de políticos y militares colombianos. Precisamente ayer, un grupo de ex congresistas secuestrados exhortó al gobierno y a la comunidad internacional a impulsar un acuerdo humanitario para salvar su vida antes que sea tarde.

“Nos encontramos con 34 oficiales y suboficiales del ejército y la policía en la más calamitosa situación de salud”, señalaron los secuestrados en un comunicado difundido ayer, en el que declaran estar “agobiados” por enfermedades de la selva, como el paludismo y la hepatitis, “a lo que se suma un preocupante cuadro clínico de enfermos mentales, producto del prolongado período de cautiverio, la falta de medicamentos y las dificultades para las visitas médicas”.

El mensaje está firmado por los ex legisladores Consuelo de Perdomo, Orlando Beltrán, Jorge Gechem, la diputada Gloria Polanco y el ex gobernador del departamento de Meta Alan Jara.

Protección

En una serie de medidas que buscan asegurar la realización de las elecciones, el gobierno pidió a la fuerza pública que protegiera a todos los candidatos, pero también que mandara “a la cárcel a aquel que vaya a pedirles permiso a los grupos violentos”.

Para poner un freno a esta situación, la administración colombiana creó anteayer la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, integrada por los ministros de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Comunicaciones, así como por el jefe de la policía secreta.

Las amenazas armadas alcanzaron incluso al propio jefe de Estado. La policía secreta descubrió explosivos cerca de un hotel visitado anteayer por Uribe en Barranquilla (Norte) y detuvo a la persona que los transportaba.

El Departamento Administrativo de Seguridad precisó que un recolector de desperdicios que ocultaba dos cohetes y seis granadas en una carretilla con cartones y botellas fue aprehendido a 800 metros del hotel en el que se encontraba Uribe en la capital del departamento del Atlántico, 1000 kilómetros al norte de Bogotá.

Un fuerte dispositivo de seguridad acompaña al presidente luego de que, en las últimas semanas, se descubrieron en distintas zonas del país dos intentos para atentar contra su vida.