Crece la polémica en torno a la deuda de la Nación con Santa Fe
La entidad que agrupa a los gremios municipales de Santa Fe exige que los jefes de los gobiernos locales sumen sus reclamos a la Nación para que pague la deuda que mantiene con la provincia. En tanto, tras la controversia por la plata para la provincia de Buenos Aires, la administración de Macri convocó a gobernadores para el 2 de febrero.
Un día después de que el vicegobernador, Carlos Fascendini, el ministro de Hacienda, Gonzalo Saglione y la diputada nacional Alicia Ciciliani coincidieran en la necesidad de que la Nación comience a pagar la deuda por la retracción indebida del 15% de la coparticipación federal que mantiene con Santa Fe, ahora fue la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) la que sumó su reclamo. Pero sus dardos apuntaron contra los intendentes y presidentes comunales, a quienes les exige que defiendan sus intereses porque si la Provincia cobra la deuda deberá coparticipar parte de la misma a los municipios y comunas.
La polémica se encendió con la decisión del presidente, Mauricio Macri, de girar 25 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, lo que actualizó el reclamo santafesino por la deuda convalidada por la Corte Suprema de Justicia en el 2015. Es que a más de un año de ese fallo aún no hay avances concretos en la negociación entre los representantes de los gobiernos nacional y provincial.
Palabras más palabras menos, Fascendini dijo que si hay 25 mil millones para Buenos Aires también debería haber para Santa Fe, que planteó una acreencia de unos 40 mil millones de pesos.
Según la Festram, “mientras algunos jefes comunales cuestionaron el funcionamiento de la paritaria municipal por la supuesta imposibilidad de atender los desfasajes salariales sufridos durante el 2016, el silencio frente a la inequidad distributiva de la Nación con las provincias es alarmante y preocupante”. En este sentido, la entidad que preside Claudio Leoni consideró que “el año pasado se inició con devaluación, inflación y tarifazos para deteriorar el salario de los trabajadores, mientras la Ciudad de Buenos Aires recibía del tesoro nacional 17.000 millones de pesos, equivalente a más del doble de la coparticipación de esa ciudad, privilegiando al distrito más rico de la Argentina sobre el resto de las provincias”.
“Ahora vuelve a repetirse la historia, ya que en el marco de los nuevos aumentos de combustibles y tarifas con una fuerte pérdida del salario real, la Provincia de Buenos Aires recibirá 25.000 millones de pesos adicionales, con la amenaza de reducir la coparticipación al resto del país vía reformas como la de los Fondos del Conurbano”, disparó la Festram.
“La transferencia de los recursos a la Provincia de Buenos Aires son superiores a los montos históricos de la deuda que la Nación mantiene con Santa Fe (de 23 mil millones de pesos), que pasado ya más de un año de su reconocimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, no existen indicios de cómo será su devolución”, subrayó.
Leoni manifestó que “sabemos que hay algunos municipios que reciben recursos extraordinarios de la Nación, pero son prebendas para disciplinar políticamente y resultan insignificantes frente a la magnitud de los recursos genuinos de nuestros pueblos y ciudades”. En este marco, la entidad sindical instó a “las autoridades municipales y comunales a expresarse institucionalmente para evitar el descalabro del régimen federal”.
Convocatoria a gobernadores
Con el fin de limar asperezas tras los 25.000 millones de pesos transferidos a la provincia de Buenos Aires, la administración de Mauricio Macri convocó a los gobernadores para el 2 de febrero próximo con el fin de avanzar en la discusión de un nuevo esquema de distribución de impuestos. Así lo anunció ayer el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García De Luca.
El cónclave se llevará a cabo para “avanzar obligatoriamente en un nuevo esquema fiscal”, dijo el funcionario, número dos del ministro Rogelio Frigerio. García De Luca advirtió sobre la necesidad de impulsar “una reducción de gastos innecesarios” por parte de los mandatarios provinciales.
La declaración se produce en el marco del recorte de gastos que impulsa Macri en distintas áreas, y el ordenamiento para evitar superposición de erogaciones que debilitan el frente fiscal del gobierno de cara al 2017. García De Luca defendió la transferencia de 25.000 millones de pesos al Gobierno de María Eugenia Vidal, al afirmar que el Ejecutivo nacional contempló “la necesidad que tiene la provincia, y el conurbano”.
Para suavizar la polémica, sostuvo que a los gobernadores se lo ha “escuchado como nunca en las últimas década de lo que ha necesitado cada uno en temas financieros y de obras”.
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