CRECE LA POLÉMICA POR LA PESIFICACIÓN: DOS FALLOS EN CONTRA Y UNO A FAVOR

Los jueces a cargo de los miles y miles de amparos contra el corralito van indefectiblemente encolumnándose en dos grupos: los que resuelven sus casos según el último fallo de la Corte —basados en que la doctrina del máximo Tribunal sería obligatoria— y los que lo hacen desoyendo esa decisión. Ayer hubo una resolución acatando la pesificación y otras dos disponiendo la devolución de dólares.

Entre los que fallan al revés de lo que la Corte marcó la semana pasada en la causa “Bustos” se acaban de anotar dos magistrados federales de Rosario, que así se sumaron a otro que se había pronunciado de igual modo en Concepción del Uruguay. Y el primero en acatar la nueva jurisprudencia fue un juez federal de Lomas de Zamora que, en el verano caliente de 2002, había llegado a disponer la detención de un gerente de banco que se resistía a cumplir una orden de devolver un plazo fijo en dólares.

En esta resolución, Angel Gabriel Di Matteo sostuvo que resolvía “conforme lo decidido por la Corte y dejando a salvo mi opinión personal al respecto, toda vez que el criterio del suscripto ha sido otorgar en causas similares a la presente la medida cautelar peticionada”. La presentación era por un plazo fijo en la sucursal Banfield del Banco Río y otro en el Francés de Lomas; no trascendieron los montos.

A su vez, la jueza Sylvia Aramberri hizo lugar a los amparos de ahorristas de la filial rosarina del BankBoston, por 31 mil dólares, y del Galicia, por 24 mil. “Los demandantes tendrán libre disponibilidad de los depósitos, manteniendo la moneda de origen y las condiciones pactadas”, resumió la magistrada. La otra cautelar la dictó el juez federal Pedro Alegre, también de Rosario.

Del mismo modo que Di Matteo se remitió al fallo de la Corte, la jueza Aramberri destacó en su decisión que la situación de los depositantes de menos de 70 mil dólares está prevista en el voto de Eugenio Zaffaroni en el propio fallo “Bustos”. Ese juez había dicho que a los pequeños y medianos ahorristas los bancos deberían “hacerles entrega del importe necesario para adquirir los dólares en el mercado libre de cambios a la fecha de la sentencia, como valor final y total”.

El desconcierto promete seguir. El escenario creado por la Corte también se está debatiendo en el fuero Contencioso Administrativo de la Capital y en más juzgados federales del interior. Por un lado, se discute si los jueces inferiores deberían aplicar sin dudar el último criterio del máximo Tribunal o si —por el contrario— tienen margen para fallar como la misma Corte lo hizo en el caso “San Luis”. Por otro lado, hay quienes entienden —como la jueza de Rosario— que la situación de los dueños de menos de 70 mil dólares se encuadra en lo observado por Zaffaroni y quienes opinan que todos los amparos deben ser rechazados por igual.

Se calcula que los pequeños ahorristas son los firmantes del 80 por ciento del total de los amparos. Pero aun si la Corte fallara aclarando esas situaciones que ahora se presentan distintas, hay magistrados que ya están decididos a negarse a convalidar la constitucionalidad de la legislación de emergencia.

Si lo hicieran y les siguieran concediendo cautelares a los ahorristas, los casos acabarían llegando a la Corte, que debería encontrar una nueva mayoría para cerrar la discusión. En el fallo del 26 de octubre pasado, los jueces Juan Carlos Maqueda y Augusto Belluscio se refirieron a lo que sucedió hasta acá como “un festival de amparos” propiciado por la “desorbitada actuación de los tribunales inferiores”.