CRISIS EN BOLIVIA: LUEGO DE LOS MÁS DE 20 MUERTOS, CEDIÓ EL PRESIDENTE
En una conferencia de prensa convocada de urgencia a la 01 hora local (05.00 GMT), el presidente presentó en la residencia presidencial de La Paz el Decreto Supremo 27210, el cual “determina que no se exportará a nuevos mercados mientras no se realicen consultas y debates sobre este recurso”.
Para ello, indica que debe ponerse en marcha “de forma inmediata un proceso de diálogo entre los bolivianos y con las organizaciones de la sociedad civil”, que deberá concluir antes del 31 de diciembre.
Ancedentes
Un fin de semana de violencia que dejó al menos siete muertos en Bolivia dio paso hoy a la quinta semana de protestas contra la exportación de gas natural a los Estados Unidos.
Las organizaciones alzadas, respaldadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), en la oposición, exigen que el Gobierno abandone el proyecto de venta de gas y en cambio apruebe un programa para que beneficie a los habitantes locales, además de otras peticiones sectoriales.
Desde el miércoles pasado, piedras, palos, alambres y llantas encendidas sobre las vías principales alteñas son la imagen diaria en esta ciudad de medio millón de habitantes, donde se encuentra el aeropuerto internacional de la capital y donde la circulación se ha convertido en una actividad peligrosa.
La muerte el sábado de dos personas, entre ellas un niño de cinco años, y el domingo de al menos cinco personas ha convertido a El Alto en un polvorín efervescente que no ha podido ser controlado por las tropas del Ejército.
A la cifra oficial de víctimas habría que añadir otras ocho muertes registradas el domingo según las emisoras de radio de La Paz en los centros médicos de las dos ciudades, con lo que ascenderían a 22 los fallecidos desde el inicio del conflicto en septiembre pasado.
Según las autoridades, las bajas se produjeron cuando las fuerzas del orden intentaron poner fin al bloqueo de las carreteras para restablecer los servicios básicos a La Paz y fueron objeto de ataques con armas de fuego y dinamita en varios lugares de El Alto.
Uno de los choques más sangrientos se produjo precisamente cuando el Ejército escoltó a una flota de 14 camiones cisterna con suministros de gasolina para las 24 estaciones de servicio de la capital.
Las últimas muertes obstaculizan el último intento de sentar a las partes en conflicto a la mesa de negociaciones, promovido por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.
El máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, acusó a las autoridades de tender “trampas” en sus respuestas a las demandas de las organizaciones y de provocar el aumento de las víctimas.
Solares declaró a los periodistas paceños que la única posibilidad de que las movilizaciones se suspendan es que el Gobierno ordene la retirada de las tropas y se comprometa a no exportar el gas y que el Congreso revoque la Ley de Hidrocarburos.
El sindicalista aseguró que “las medidas se radicalizarán” a partir de hoy, lunes, al sumarse a las protestas otros sectores que exigen la dimisión del presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, como única salida para una solución efectiva a los problemas del país.
Los transportistas y los panaderos de La Paz han anunciado que también paralizarán sus labores, mientras los productores de coca del Chapare, liderados por el jefe del MAS, Evo Morales, han acordado bloquear por segunda vez la carretera principal del país.
Mientras, la huelga en el servicio del transporte público ha motivado la suspensión de las clases en las escuelas públicas, aunque la Policía y el Ejército realizan una constante vigilancia en los diferentes barrios.
El portavoz presidencial, Mauricio Antezana, declaró que el Gobierno está convencido de que las movilizaciones tienen como único fin desestabilizar el régimen democrático boliviano.
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