CRITICAN EL MANEJO ARBITRARIO DEL GASTO POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL

En lo que va del año, el gasto público de la administración nacional aumentó poco más de $ 5200 millones, un 9% por encima del presupuesto aprobado en diciembre pasado por el Congreso.

Si bien dicho incremento se destinó a atender servicios esenciales -crisis energética, educación, seguridad, aumentos salariales y jubilatorios, entre otros temas-, lo cierto es que economistas y políticos de la oposición advierten sobre el uso discrecional de la controvertida facultad dada al jefe de Gabinete para modificar partidas presupuestarias sin intervención legislativa. También ponen la lupa sobre algunos puntos oscuros en la distribución de los recursos.

En el primer semestre, una sucesión de decisiones administrativas subió el gasto en $ 955 millones. A fines de julio se aprobó el decreto de necesidad y urgencia 917, con un incremento de casi $ 4300 millones, lo que lleva la suma a más de $ 5200 millones, según coinciden trabajos de consultoras privadas sobre datos de la Secretaría de Hacienda, entre ellas el grupo Unidos del Sud y Cippec. Tal erogación es posible a partir del desempeño de la recaudación, que dejó un superávit primario en el primer semestre de $ 11.832 millones.

Sin embargo, no es la cifra en sí lo que más preocupa a analistas y legisladores, sino el hecho de que se “desnaturalice” el proceso de asignación de los recursos del Estado.

“La facultad del Poder Ejecutivo es para corregir problemas administrativos; yo pienso que habría que quitar esa facultad, porque los cambios deben hacerse por el Parlamento”, opinó Ricardo López Murphy, líder de Recrear, quien agregó que esas medidas “desconocen la división de poderes” y que, si hubo más recaudación, “eso debió ser ahorrado”.

La apreciación coincide con el espíritu de diferentes proyectos legislativos presentados por el radicalismo, el socialismo, por algunos diputados justicialistas y por Claudio Lozano, de la CTA, para dejar sin efecto la facultad dada a la Jefatura de Gabinete de hacer cambios sin necesidad de pasar por el Congreso.

Desde el socialismo, el diputado Jorge Rivas (Buenos Aires) consideró que en el decreto 917 aparecen gastos injustificados. Cuestionó, por caso, el incremento de $ 45 millones para propaganda oficial por parte de la Jefatura de Gabinete. En cuanto a la crisis energética, el decreto 917 destina $ 835 millones. Pero en mayo ya se habían derivado $ 775 millones del Tesoro nacional a ese fin. “¿Cuánto le cuesta al país la crisis energética? -se preguntó Rivas-. El propio ministro Julio De Vido precisó al Congreso que hasta fin de año eran necesarios $ 477 millones.”

Por otra parte, la Entidad Binacional Yacyretá recibió $ 91 millones para solventar un compromiso que el ministro de Planificación, Julio De Vido, asumió con Paraguay. Pero ocurre que, por decisión administrativa, se habían destinado $ 128 millones.

El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos obtuvo $ 227 millones por el decreto 917: $ 214 millones para solventar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y el área encargada de efectuar la administración civil de éstas. Según el decreto, estos gastos servirán para financiar el plan de seguridad 2004-2007. “El flamante ministro Horacio Rosatti advirtió que este plan podía quedar en el camino. No se entiende cuál es la necesidad y urgencia de dotar con recursos a un plan que aún no se sabe si será aplicado”, se quejó Rivas. “No cuestionamos que se aumente el gasto público, al contrario. Pero no podemos tolerar que el Poder Ejecutivo lo efectúe de manera discrecional”, aclaró.

Recomiendan cautela

El economista Carlos Pérez, director ejecutivo de la Fundación Capital, consideró que desde 2002 la recaudación tuvo un crecimiento muy fuerte y, a partir de allí, “la mitad de ese crecimiento fue al gasto y la otra mitad no”, con lo cual no hubo un comportamiento irresponsable. Sin embargo, advirtió que se debe ser “muy cuidadoso con el gasto” y no olvidar que el superávit actual tiene que ver con impuestos distorsivos, a la vez que quedan asignaturas pendientes, como el ajuste de los salarios públicos y de las jubilaciones.

Según Nadin Argañaraz, titular del Ieral, de la Fundación Mediterránea, las decisiones del Poder Ejecutivo “están dentro de lo que la legislación le permite hacer”, pero recordó que, por lo general, en todos los países las asignaciones del gasto son definidas por el Parlamento. “Esta normativa dice que siempre y cuando haya mayores ingresos se puede aumentar el gasto, pero no dice que deban ser ingresos genuinos”, señaló Argañaraz, y advirtió que, eventualmente, podrían subirse las erogaciones con nueva deuda. Para el economista, con un superávit que, según estimó, podría llegar este año a $ 11.000 millones de excedente por sobre el compromiso con el FMI de $ 10.000 millones, éste es un momento crucial para decidir a qué asignar los recursos: “Lo ideal sería hacer un mix y que se potencie el crecimiento”.

Por su parte, un ex secretario de Hacienda que prefirió no ser identificado sostuvo que, además de eliminarse la facultad dada a la Jefatura de Gabinete, debería obligarse a crear con los excedentes un fondo anticíclico, “algo que acá nunca se hizo”.