CRÍTICAS DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA POR LA FALTA DE MÉRITO DE ÁLVAREZ Y DOMÍNGUEZ

Según un documento enviado por la Comisión Investigadora, el juez Roberto Reyes, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 8, “limitó su investigación a indagar si la Policía de Rosario tenía balas de gomas suficientes para reprimir, aunque dejaron siete muertos (con proyectiles de plomos) y decenas de heridos”.

El comunicado destaca la preocupación por esta medida, ya que en la mayoría de los casos, la falta de mérito es el paso previo al sobreseimiento definitivo y cierre del proceso judicial.

También señala contradicciones en la investigación: el 3 de diciembre del 2002, el Dr. Alarcón, a cargo del Juzgado Correcional Nº 2, exculpó a cuatro jefes policiales de la Unidad Regional II, que estaban imputados por el mismo cargo: incumplimiento de los deberes de funcionario público, y remitió copias de la causa a Reyes para que investigue a los funcionarios políticos.

Pero el juez Reyes por el contrario expresa que: “…jefes policiales de alta jerarquía como quienes fueron imputados: dos comisarios mayores, un comisario principal y un comisario, deben tener la suficiente preparación y entrenamiento como para no necesitar instrucciones especiales… de un médico como el entonces ministro de Gobierno, Domínguez o de un licenciado en Ciencias Políticas como el subsecretario de Seguridad Pública, Alvarez”, aseveró Reyes

Interpretaciones opuestas, de distintos jueces, sorpresivamente llegan a una conclusión común: exculpar a los ejecutores de los crímenes por que no recibieron órdenes precisas y particulares y exculpar a quienes debieron dar órdenes por que no necesitaron darlas de manera precisa.

Ante la la Comisión investigadora, el ex ministro de gobierno afirmó que se había roto la cadena de mando durante la represión en diciembre del 2001.

De las declaraciones de Turco y principalmente del ex ministro Domínguez, se desprende que: 1) El Gobernador manejaba información en forma directa con el Subsecretario de Seguridad sobre la situación en Rosario. 2) El Ministro de Gobierno dio al subsecretario de seguridad y jefes de policía órdenes directas que no fueron cumplidas. 3) No existía voluntad política para resolver en forma pacífica el conflicto, ya que por orden del Ministro de Gobierno su delegado en la ciudad deja de intervenir y mediar en los focos conflictivos. 4) El Gobernador durante esos días mantenía reuniones directamente con el Subsecretario de Seguridad Lic. Alvarez, sin la intervención del Ministro de gobierno. Estas declaraciones, que desnudan el conflicto de poderes al interior del gobierno santafesino durante la crisis institucional del 2001. De manera sorprendente el juez no tomó en cuenta las declaraciones del ex ministro para investigar las responsabilidades de los funcionarios.

El juez muestra idéntica vocación que sus colegas rosarinos en cuanto a eximir de culpa a los funcionarios que tenían en sus manos la vida y la seguridad de las siete personas que perdieron la vida a manos de sus subordinados. ( un médico, un licenciado en ciencias politicas y un corredor de autos)