CROMAGNÓN: DOS EX FUNCIONARIOS SE ACUSARON DE NEGLIGENTES

Ana María Fernández, quien era número dos en el área de Fiscalización y Control del Gobierno porteño luego de su titular, Fabiana Fiszbin, admitió ayer que, antes de la tragedia de Cromañón, recibió un informe de bomberos con la nómina de locales que tenían su habilitación vencida aunque no se lo entregó a su superiora porque ni siquiera ella misma lo revisó. La información surgió ayer en un áspero careo entre Fernández y a Fiszbin y en el que ambas ex funcionarias se acusaron a gritos de errores y negligencia.

La admisión de Fernández, según revelaron fuentes judiciales, deja en claro también, la falta de comunicación y conexión entre la División de Prevención de Bomberos y el organismo de Control de la Ciudad, a cargo de Fiszbin, según palabras del fiscal Juan Manuel Sansone en su escrito de imputación a los ex funcionarios. El organismo que dirigía Fiszbin era, además, reticente a dar la información que le pedían otros organismos estatales, como revelaron en la causa varios testigos, entre ellos funcionarios de la Auditoría del Gobierno de la Ciudad. A esas falencias se agrega ahora el del virtual descontrol operativo y la nula comunicación que existía entre Fernández y Fiszbin.

Mientras Fiszbin descargó las responsabilidades entre sus dirigidos, Fernández se escudó en una especie de “obediencia debida” para explicar que se limitaba a dar respuesta a instrucciones de sus superiores para la habilitación e inspecciones de boliches bailables, dijeron las fuentes.

La Justicia intenta establecer cómo fue que, pese a tener tres notas dirigidas por la Superintendencia de Bomberos al Departamento de Actividades Nocturnas (el 21 de abril y el 31 de octubre de 2003) y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (el 12 de abril de 2004, siete meses y medio antes de la tragedia) el Gobierno nunca tomó medida alguna contra los locales bailables que funcionaban pese a no estar habilitados por Bomberos.

Ayer se supo a través de la señora Fernández, que al menos uno de esos informes vitales ni siquiera fue revisado por ella ni entregado a Fiszbin. La Justicia deberá determinar ahora si el careo de ayer exculpa de alguna forma a alguna de las dos funcionarias o, por el contrario, agrava su responsabilidad por negligencia.

El juez Lucini dejó para más adelante la indagatoria a dos policías que estaban de consigna en Cromañón la noche del incendio, quienes pidieron la postergación de su declaración. En un reportaje concedido a este diario, Fiszbin responsabilizó a la Policía Federal por no recurrir a la Justicia Contravencional al comprobar que el local estaba sobrepoblado la noche del 30 de diciembre.

El próximo 3 de mayo reasumirá la conducción de la causa la jueza María Angélica Crotto, con licencia por enfermedad desde enero. Para entonces, el juez Lucini habrá ya resuelto la situación procesal de al menos dieciocho imputados, la mayoría de ellos ex funcionarios del Gobierno porteño entre quienes figuran inspectores que ya fueron interrogados o lo serán en los próximos días. Para la semana que viene está previsto un nuevo careo de Fiszbin, esta vez con Rodrigo Cozzani, ex titular de Coordinación Operativa del organismo que dirigía la ex funcionaria.

También deberán declarar los miembros del grupo “Callejeros” que hasta ahora no han sido citados por la Justicia. Sólo uno de los miembros de la banda, el cantante, Patricio Fontanet, lo hizo en forma espontánea.